Los últimos acontecimientos registrados en territorio panameño entre organizaciones sociales (sindicales, indígenas, campesinas y pueblo en general) y unidades antidisturbios han dejado 4 muertos y más de 150 heridos. Hechos que iniciaron en horas de la mañana de ayer jueves 8 de julio en el distrito de Changuinola, provincia de Bocas del Toro al noroeste de istmo panameño.
Los enfrentamiento obedecen al clamor del pueblo panameño que exige la derogación de la ley 30 conocida como la ley chorizo, ley langosta, ley camarón, ley del golazo o ley 9 en 1 por la forma en que el órgano ejecutivo dirigido por el mandatario Ricardo Martinelli la presento a la asamblea de diputado para su aprobación a puerta cerrada y bajo la intimidación de agentes la policía el sábado 12 de junio. La ley fue publicada en Gaceta Oficial el miércoles 16 de junio.
Dicha ley 9 en 1 bajo el título de Promoción de la Aviación Comercial, tuvo como cortina de humo la modificaciones al código laboral entre ellas el derecho de huelga y también se elimina el descuento obligatorio de la cuota sindical , modifica el código penal, judicial y seis leyes entre ellas la de ambiente para declarar los proyectos depredadores de la naturaleza de interés social cuando lo desee el gobierno para no aplicar los estudios de impactos ambientales y la participación ciudadana, y la modificación a la ley de la policía nacional otorgando impunidad a las unidades de policías para hacer uso de la fuerza.
Esta ley fue presentada por el ministro de Gobierno y Justicia Raúl Mulino y Roxana Méndez Ministra de Seguridad firmaron sin competencia legal para ello, ya que al momento de firmar la ley eran ministros de otros cargos ministeriales, de los competentes para tales efectos.
Organizaciones populares entre ellas sindicales, ambientales, indígenas, campesinas, de mujeres y pueblo en general han mantenido una lucha en todos los espacio público haciendo conciencia de la peligra ley que hace retroceder a Panamá 20 años atrás en materia de desarrollo social y derechos humanos por la actitud manifiesta del gobierno. Entre unas de las expresiones civil para el dialogo y revisión de la ley 9 en 1 fue la iglesia católica, y que a la vez fue desestimada de manera indiscriminada por la ministra de trabajo.
Además, hay que expresar que el actual gobierno en los últimos meses ha atacado a la sociedad civil organizada como es la Alianza Ciudadana Pro Justicia que se dedican al trabajo de los derechos humanos y la justicia social, catalogándolas de cogobernar y de ser meros grupos falsos. Ante este panorama, intolerable de parte del gobierno, se ha iniciado la persecución a dirigentes y activistas de distintas índoles privándolos de libertad y pinchazos telefónicos.
A esta conducta se suma el hostigamiento a medios y periodistas por informar las injusticias y atropellos a los panameños que en el diario vivir se sienten defraudados y frustrados por un gobierno que no cumplió con las promesas electorales. Entre los periodistas víctima de las presiones del gobierno esta Jean Marcel Cherry del diario El Siglo, el fotógrafo Mauricio Valenzuela del diario Panamá América, la detención aun del periodista Carlos Núñez desde el 26 de junio que sufre de salud y ahora la expulsión del periodista Paco Gómez Nadal.
Ante estos hechos, el ejercicio de informar y manifestarse es cercenado a quienes disienten con el actual gobierno, y para esto fue aprobada la ley del cancelazo que penalizan a quiénes se manifiestan en las calles también considera como criminalización de la protesta la ley 14 de 13 de abril que establece seis meses a dos años de cárcel. También expresamos la aprobación de 11 bases aeronavales en distintos puntos estratégicos para combatir el supuesto narcotráfico con el aval de los Estados Unidos.
Lo expuesto con la ola de la criminalidad, el aumento del ITBM de 5% a 7% y algunos artículos de primera necesidad, la apertura a la explotación de los recursos naturales como el Tapón de Darién, la nefasta reforma a la educación de carácter neoliberal y la no participación ciudadana son los detonantes de una futuro explosión social en Panamá como se dio en Bocas del Toro con el inicio de la huelga desde el 2 de julio por trabajadores del Sindicado de Trabajadores de la Industria del Banano SITRIBANA de la empresa Bocas Fruit Company.
Los enfrentamientos que iniciaron en horas de la mañana del jueves 8 en fincas y poblados aledaños a Changuinola reportándose la muerte del joven trabajador indígena Antonio Smith de aproximadamente 30 años, víctima de heridas masivas de perdigones en el rostro, y otras tres personas muertas también, además de 150 heridos muchos de ellos de gravedad, varios dirigentes, trabajadores y residentes detenidos o con órdenes de detención, además de la comunidad entera afectada por gases lacrimógenos, saturándose de esta manera las instalaciones de salud.
Además, bloques de personas de distintas fincas han caminado hacia el centro de Changuinola para apoyar los distintos frentes de lucha urbana ante la violenta represión iniciada por órdenes del Ejecutivo y preparada desde la noche del 7 de junio con cortes de agua y luz, junto con el envió de contingentes de policías antimotines, guardafronteras y unidades regulares.
Mientras, el presidente Ricardo Martinelli señaló esta mañana a los partidos de oposición como culpables de los enfrentamientos, sin aceptar ninguna responsabilidad en la aprobación de la Ley Chorizo y el conflicto resultante. Sin embargo, versión es desmentida por los dirigentes y participantes en las movilizaciones, provenientes de diversos sectores desvinculados a tales partidos.
Para horas de la noche de decreto toque de queda por las autoridades, sin embargo las trincheras y pueblos en general aun permanecían en vigilia.
También se dieron enfrentamientos desde hace dos días entre trabajadores de la ampliación del Canal de Panamá en la provincia de Colón con unidades antidisturbios. Quienes laboran con el consorcio “Unidos por el Canal” integrado por empresas españolas, italiana y panameña. Los trabajadores declararon una huelga indefinida por el pago de salarios irrisorios a los dados en la vía interoceánica, pero fueron enviados a los tribunales aplicando las leyes nefastas.
Igualmente en la provincia de Veraguas, la Asociación de Educadores Veragüenses (AEVE) denuncio que el compañero docente Roberto Castillo, ha sido desaparecido por agentes de la policía nacional. El compañero se encontraba refugiado en la casa cural de Changuinola, cuando agentes policiales violentaron el lugar, lo encañonaron específicamente a el docente, frente decenas de testigos llevándoselo sin saberse a la fecha el paradero, el compañero fue literalmente secuestrado por los agentes policiales.
La AEVE señala como responsable de lo que le ocurra al compañero Roberto Castillo al presidente Ricardo Martinelli. Quién prefiere irse a la final del mundial de fútbol a Sudáfrica y abandonar los hechos.
Frente a la situación apremiante, la AEVE anuncia el inminente inicio de paro y huelga nacional de los docentes panameños, llamando a movilizaciones el día de hoy viernes 9 en Santiago de Veraguas desde las 10 p.m. y piqueteos en diferentes lugares de la provincia y el país.
También se decreto el cierre de la Universidad de Panamá para mantener la seguridad y la paz, posición cuestionada por el sector estudiantil organizado.
También a las 11 de la mañana se estará realizando un piqueteo en la Corte de Suprema de Justicia por los hechos y las persecución a los periodistas.
A las 4 de la tarde se dará una concentración por la ULIP (Unidad de Lucha Integral de los Pueblos de Panamá) en la iglesia del Carmen hacia el parque Andrés Bello ubicado en Vía Argentina de la ciudad de Panamá.
Panamá, 9 de julio de 2010.
Radio Temblor por
Colectivo Voces Ecológicas
PD. Vea: http://leydemuerte.blogspot.
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