viernes, 28 de mayo de 2010

Las elecciones en la República Checa, la oportunidad para la "izquierda naranja"


La izquierda checa, "los naranjas", se presentan ante los próximos comicios del 28 y 29 de mayo como la gran esperanza para un país que, en 20 años, ha vivido el desmoronamiento de un régimen comunista, constantes cambios de gobierno y una moción de censura contra un líder que parecía haber devuelto la normalidad democrática.

El Partido Socialdemócrata (CSSD), está dispuesto a recuperar el poder tras un año de gobierno tecnócrata y "teñir" de su color, el naranja, el gobierno.

Nadie duda a estas alturas de su victoria, pero la gran incógnita es si lograrán gobernar en solitario o si será necesaria una coalición. En ese caso, entraría en juego la derecha con el Partido Democráctico Ciudadano (ODS).

¿Sería posible una coalición entre los dos grandes partidos del país? La última vez que se produjo, un dividido Parlamento dio luz verde a la moción de censura contra el gobierno de derechas del primer ministro, Mirek Topolarek, el 24 de marzo de 2009.

Desde entonces, el país ha estado bajo el mandato tecnócrata de Jan Fischer y ha desarrollado la que ya es la campaña electotal más larga de la historia checa.

Este viernes, los 14.758 colegios electorales de la República Checa han abierto a las 14.00 horas y cerrarán a las 22.00 horas. La segunda jornada de votación se celebrará mañana entre las 8.00 y las 14.00 horas.

El bipartidismo checo

Como ocurrió entonces el CSSD y el ODS vuelven a ser los protagonistas de estas elecciones. Ambos cuentan con la mayor intención de voto con el 25% y el 20% respectivamente. Estos datos varían mínimamente a medida que avanzan los días pero en ningún momento otorgan a algún candidato la mayoría suficiente como para no necesitar una coalición.

El Partido Socialdemócrata, el CSSD, se presenta a la cita electoral con Jiri Paraoubek. Éste político fue primer ministro durante un año en 2005 y debe hacer frente a una gran impopularidad principalemente entre los jóvenes, quienes boicotean sus mítines y han llegado a crear un grupo en su contra en Facebook.

Este economista de 57 años, estuvo a la cabeza de la moción de censura contra el ODS, y ha tenido numerosos pactos con el Partido Comunista Checo, el KSCM, algo que también corre en su contra debido a que la República Checa tiene aún muy presente un régimen comunista derrumbado en 1989.

En el llamado "libro naranja" constan las principales bazas de este partido de izquierdas: el énfasis en la economía y reducir el déficit público, disminuir el paro y la lucha contra la corrupción. Todo ello para, como afirmó durante la camapaña Paraoubek, "Ubicar a la República Checa en 15 años entre las 10 primeras economías de la Unión Europea".

Por su parte, el Partido Democrático Ciudadano, el ODS, tiene como candidato al joven de 45 años Petr Necas.

Este partido ha tenido que hacer frente a una fuerte crisis interna ante los malos resultados electorales de 2008 que tuvieron como consecuencia el Parlamento tan dividido que, finalmente, aprobó la moción de censura frente a él.

Por ello, su candidato ha tenido que luchar por mostrar una imagen renovada del ODS, lanzar un mensaje de tranquilidad y apelar al voto de las familias y jóvenes.

Necas fue el sucesor de Topolanek, quien hizo unas controvertidas declaraciones contra los judíos y homosexuales, y ha procurado mantenerse al margen de escándalos.

La economía es la principal baza de este partido, que cuenta con sus mayores apoyos en la capital, Praga. El ODS insiste en la necesidad de controlar las finanzas públicas, y amenaza con que la toma del poder por sus contrincantes de la izquierda supondría para el país "una crisis a la griega".

Estos dos partidos acaparan la mayoría de los votos y dejan en un tercer lugar a los minoritarios que, paradójicamente, parecen ser la clave para formar gobierno.

Los partidos minoritarios

El partido comunista, KSCM, es el partido más a la izquierda en la política checa. Este grupo cuenta con sus seguidores, como el CSSD, principalmente en aquella población descontenta con la economía del país.

Algo que se ve en opiniones como la de la votante Jana Kysilkova, que asegura que votará a un partido de izquierdas ya que, "Durante el régimen comunisa, hace 20 años, todo el mundo tenía trabajo".

Por otro lado están los Democristianos (KDU- CSL) y los Verdes, quienes han afirmado que descartan una coalición con el ODS ya que consideran que lo único que pretende es "lavar su imagen" en estas nuevas elecciones.

Dos nuevas formaciones acuden a la cita electoral, el conservador TOP09 y el Verejne Veci, VV, que registran un alto porcentaje de intención de voto, por encima del 10%, y que podrían también ser claves en la formación del nuevo Ejecutivo.

Posibles escenarios postelectorales

Con todas estas opciones políticas, las próximas elecciones pueden dejar varias formas de gobierno en la República Checa.

En primer lugar, un gobierno del CSSD en minoría que es la menos recomendable según los analistas y terminaría generando altos costes al país.

En segundo lugar, una coalición de centro izquierda con el CSSD y el KSCM, algo que no estaría muy bien visto ya que los comunistas son bastante impopulares desde el final del régimen comunista en la "Revolución de Terciopelo" de 1989.

En tercer lugar, una coalición de centro derecha del ODS con los Democristianos, el VV y el TOP09. Esto sería posible si los tres partidos de centro lograran, al menos, 100 de los 200 asientos parlamentarios, algo que parece complicado ya que los democristianos tienen complicado alcanzar el 5% para obtener representación parlamentaria.

Por último, una gran coalición entre ODS y CSSD, algo que ambos partidos han descartado ante sus diferencias políticas y su pública enemistad.

Gane quien gane, deberá hacer frente a un país debilitado por una economía en crisis y la falta de credibilidad y confianza en sus políticos. El gran reto será, por lo tanto, traer estabilidad política al país.

México: Indígenas y afrodescendientes de América Latina y el Caribe reclaman sus derechos


México, marzo (SEMlac).- Las y los representantes de los pueblos indígenas, originarios y afrodescendientes de Latinoamérica y el Caribe “tomaron” la tribuna parlamentaria del gobierno de Ciudad de México, para analizar los alcances legislativos y derechos individuales y colectivos, como parte de las actividades del Primer Encuentro de Pueblos Indígenas, Originarios y Afrodescendientes de América Latina y el Caribe.

El acto fue presidido por la asambleísta del Distrito Federal, Aleida Álavez Ruiz, y la secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, María Rosa Márquez Cabrera.

En la inusual sesión celebrada en el antiguo edificio ubicado en la misma calle donde vivió el último emperador Azteca, Cuauhtémoc, y que por años resguardó la Carta de Independencia de México, como señaló la diputada Álavez Ruiz, las y los 10 participantes hablaron sobre las diferentes legislaciones que se han creado en los últimos años para reconocer el derecho territorial de los pueblos indígenas, originarios y afrodescendientes del área.

Legislaciones, señalaron, que no siempre son cumplidas por los gobiernos-Estado, por lo que llamaron a emplear el instrumento internacional que haga efectivo el derecho, en referencia al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, instrumento vinculante.

El recinto de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal fue el mismo escenario donde se llevó a cabo el decreto de la expropiación petrolera, donde se aprobó el voto de la mujer y se nacionalizó la industria eléctrica, apuntó Álavez Ruiz, al dar la bienvenida a los participantes, y señaló la importancia del acto que “será recordado como el día en que los pueblos indígenas, originarios y afrodescendientes tomaron la tribuna”.

José Isaac Acosta Mendoza, director Nacional de Política Indígena de Panamá, se refirió al tratamiento que ha dado a los pueblos indígenas la nación centroamericana, donde les pertenece el 23,4 por ciento de los 75.000 kilómetros cuadrados del territorio nacional.

Esto, como resultado de la participación de los indígenas que, en estos tiempos ya no son espectadores, sino protagonistas reales en cuyas luchas ya no cabe la intermediación de actores internacionales.

Luis Gilberto Guamangate, integrante del Movimiento Indígena y Campesino de la Región de Cotopaxi, en Ecuador, se pronunció porque los pueblos indígenas de la región creen una sociedad emergente que proteja el medio ambiente.

Apuntó que el actual presidente de Ecuador, Rafael Correa, ha cambiado el mapa de ese país al reconocer, a través de una nueva Constitución, a las comunidades y pueblos indígenas y al considerar el carácter intercultural y plurinacional de la nación, además de dar sus propios derechos a los recursos naturales.

Guamangate coincidió con el representante de Panamá, al plantear que las organizaciones internacionales tratan de imponer su agenda, olvidando la realidad nacional, y expuso la importancia de hacer una agenda propia de estas naciones pluriculturales.

En el mismo recinto, el viceministro de Participación Indígena de Ecuador, Orlando Sánchez, afirmó que en su país el reto hoy es la fundación de un estado plurinacional, que se acompaña de políticas públicas que han sido armonizadas conforme la Constitución, favoreciendo a los grupos indígenas.

Tales políticas públicas han sido concebidas en un ámbito que auspicia la igualdad, la cohesión territorial, plurinacionalidad, interculturalidad, el estado democrático y la equidad de género, entre otros, así como un plan binacional de lucha contra el racismo y la discriminación.

Virginia Flores Flores, indígena tepehuana de grupo asentado en el estado mexicano de Durango, refirió que en el contexto legislativo y de la vida cotidiana, las mujeres indígenas tienen que luchar contra más obstáculos en comparación con los hombres y aseguró que ellas no piden privilegios por el hecho de ser mujeres, sino igualdad de oportunidades en todos los ámbitos.

Por otro parte, la miskita nicaragüense María Hazel Law Blanco dijo que fue ratificado hace una semana por su país el Convenio 169 de la OIT, instrumento que garantiza los derechos de los pueblos autóctonos, e hizo un recuento de las leyes que allí reconocen a los pueblos y la lengua indígena. Incluso, existe una Ley de Autonomía de la Costa Atlántica para los pueblos afronicaragüenses, aunque reconoció la persistente violación a los derechos humanos.

La ex diputada nicaragüense dijo que también se ha avanzado en la demanda histórica de los pueblos indígenas, al aprobar la ley de territorios, permitiendo hasta ahora la titulación territorial de al menos 15 comunidades, faltando sólo siete más.

El mexicano Maximino Muñoz, indígena huichol o wixarika, planteó la defensa pública bilingüe de los pueblos indígenas de México y apuntó que, a pesar de que el Estado reconoce la identidad pluricultural de la nación, falta el acceso pleno a la jurisdicción del Estado.

Ello se traduce —abundó— en una violación recurrente a sus derechos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos e Instrumentos Internacionales.

Es decir, “del dicho al hecho hay mucho trecho”, ya que aun cuando está garantizado contar con una defensa bilingüe, los indígenas procesados por un delito no cuentan con este apoyo, explicó.

En tal sentido, propuso mecanismos flexibles e inclusión de abogados indígenas con conocimiento sólido de la lengua y la diversidad cultural, así como capacitar y sensibilizar a quienes se encargan de procurar y administrar la justicia en México.

Maximino Muñoz, Premio Nacional de la Juventud, aseveró que los pueblos indígenas deben tener la esperanza de que algún día vuelvan a tener un presidente como Benito Juárez, indígena zapoteco.

De la organización Pueblo Negro, Donají Mendoza, abordó la problemática que viven los no reconocidos pueblos negros de México, con mayor presencia en las entidades de Veracruz, Oaxaca y Guerrero. “Si para los pueblos indígenas y originarios ha sido difícil, para nosotros es aún peor, porque carecemos de reconocimiento constitucional como pueblo afromexicano pese a que tenemos identidad propia”, dijo.

Denunció que no serán incluidos en el censo de población que este año realizará el gobierno federal, porque “dicen que no tenemos lengua propia”.

Por otra parte, Miguel Palacín Quispe, de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas del Perú, apuntó que los grupos indígenas de Latinoamérica y el Caribe no son más parte del folclor, ni adornos para los visitantes, “hoy somos actores políticos en un mundo en crisis ambiental, política y económica, estamos vivos”.

En ese sentido, expuso que las legislaciones que se han construido en los países de la región son producto de la participación y lucha de los antepasados, por lo que no son dádivas de los gobiernos, y apuntó que se quieren derechos horizontales donde se deseche la verticalidad de los mandatos.

Cuando exigimos, han criminalizado la protesta, militarizado los territorios y asesinado, pero sólo hemos demandado el derecho al buen vivir y a la suma causa, porque, a diferencia del neoliberalismo, los pueblos indígenas respetamos a la naturaleza, nuestra lucha ha sido por salvar la vida, agregó.

Palacín Quispe anunció que una caravana de pueblos indígenas vendrá desde el sur para estar presente en la Cumbre del Clima, que se realizará en México este año, a fin de denunciar que han sido los Estados los causantes de la depredación ambiental.

Por su parte, Marcos Pereyra, del Consejo Indígena de Brasil, agradeció el apoyo del jefe de Gobierno de la ciudad de México, Marcelo Ebrad, por las facilidades brindadas para la realización del Encuentro de Pueblos Indígenas, Originarios y Afrodescendientes de América Latina y el Caribe.

Recomendó a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal crear formas de sustentabilidad para los pueblos originarios e indígenas que habitan la capital mexicana y que México se convierta en un ejemplo para el resto de las naciones.

Finalmente, tocó a Jesús González presentar el pronunciamiento de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Distrito Federal, en el que plantean que nada tienen que celebrar en el marco del Bicentenario de la Independencia, pues siguen viviendo en la miseria, la exclusión y marginación, en tanto otros viven en la opulencia y promiscuidad política.

También se pronunciaron contra los gobiernos atrapados en el capitalismo que atenta contra los recursos naturales de los pueblos indígenas del país y propusieron la instalación de una mesa de diálogo fraterno entre las organizaciones triquis (de Oaxaca), con la intermediación y observación de organismos de derechos humanos, intelectuales y la sociedad civil.

En la voz de González, exigieron el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en la Constitución mexicana, según se establece en el Convenio 169 y los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, a la vez que urgió la articulación de un movimiento indígena nacional.

También demandaron al gobierno y la asamblea del Distrito Federal una consulta pública con los pueblos y comunidades indígenas de la ciudad de México, en el proceso de elaboración de la una ley de derechos y cultura indígena.

El pronunciamiento contempla además la armonización legislativa de la ley en materia de derechos y cultura indígena con el Convenio 169, la reorientación y adecuación de programas de gobierno y el cumplimiento de acuerdos firmados desde 2006.

En Perú, Pizango dice: 'He retornado a mi patria para contribuir a la reconciliación'



Un sereno Alberto Pizango leyó ante la prensa nacional e internacional lo que durante 11 meses reflexionó en su exilio en Nicaragua. El líder indígena, quien llegó a proclamar durante las protestas indígenas de 2009 la insurgencia de los pueblos originarios frente a la vulneración de sus derechos territoriales, hizo un llamamiento a la reconciliación nacional.

"He retornado a mi patria no solamente para ponerme a derecho y demostrar mi inocencia de los cargos que se me imputan sino para construir y contribuir a la reconciliación entre peruanos y peruanas siempre que se nos reconozca como pueblos (indígenas) y se nos reivindique como ciudadanos en condiciones de igualdad", dijo un sereno Alberto Pizango ante la prensa nacional e internacional que esperaba con expectación sus primeras declaraciones tras ser puesto el jueves en libertad condicional por el poder judicial.

El Gobierno peruano responsabilizó al líder indígena de los enfrentamientos entre policías e indígenas del pasado 5 de junio en la amazonía, que se saldaron con 33 muertos (23 policías y 10 nativos), un policía desaparecido y centenares de civiles heridos de bala.

Durante el 2008 y el 2009 la amazonía peruana mantuvo paros indefinidos para exigir al Congreso que derogara un paquete de leyes promulgadas por el gobierno en el marco del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Estos decretos facilitaban la venta y tala para el cultivo de biocombustibles, según un informe del Congreso, de más de 45 millones de hectáreas de selva amazónica.

La dirigencia de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), presidida por Alberto Pizango, fue la cara visible de estas protestas.

El 5 de junio de 2009, las movilizaciones terminaron en un baño de sangre. Un operativo policial para desbloquear una carretera ocupada por más de 1500 indígenas awajún como medida de protesta se convirtió en una batalla campal entre policías e indígenas.

Pizango, quien regresó el miércoles voluntariamente a Lima desde Nicaragua para afrontar tres procesos judiciales por extorsión, motín y homicidio bajo la figura de "autor mediato", consideró que fue objeto de persecución política por parte del gobierno tras los enfrentamientos en Bagua.

"Pensando en salvaguardar la vida de mis hermanos y hermanas que podrían reaccionar indignados ante mi eventual detención y temiendo por mi vida decidí acogerme al asilo", afirmó.

Los pueblos indígenas exigen una investigación


Tras mostrar sus condolencias por la muerte de "hermanos policías e indígenas", Pizango pidió este jueves una investigación exhaustiva de los hechos que derivaron en los enfrentamientos de Bagua.

Actualmente los 5 representantes nacionales de AIDESEP enfrentan procesos judiciales por apología de motín y están en libertad condicional. Además, más de un centenar de indígenas tienen también procesos en curso por los hechos de Bagua. Sin embargo, no existe en la actualidad ningún proceso judicial abierto en la justicia ordinaria a mandos policiales o autoridades a pesar de la existencia de una denuncia fiscal, ya que fue desestimada.

"Tenemos indicios de la eventual resistencia del Gobierno actual respecto a seguir un proceso en contra de los responsables por parte del Ejecutivo, es decir, altos cargos policiales y políticos", declaró a El Mundo Marco Barreto, abogado de Alberto Pizango.

¿Pizango candidato presidencial?


Este 'Apu' (jefe y chamán) de la etnia Shawi, maestro de escuela y representante electo de 350 mil indígenas amazónicos peruanos que habitan en más de 1200 comunidades, ha liderado uno de los más importantes movimientos indígenas latinoamericanos recientes en defensa de los derechos ancestrales de los pueblos, convirtiéndose en un actor con influencia en la escena política.

Diferentes partidos han buscado desde entonces incorporar a los líderes indígenas de AIDESEP a sus filas y han entrado en conversaciones con el movimiento indígena. Entre ellos el partido Tierra y Libertad, presidido por el ex sacerdote Marco Arana, que encarna una opción ecologista de izquierdas.

Aunque Pizango no quiso contestar ninguna pregunta durante la conferencia de prensa de este jueves amparándose en su situación legal, sí lo hizo la vicepresidenta de la organización, Daysie Zapata.

Zapata negó que Pizango tenga ambiciones presidenciales aunque reconoció en declaraciones a El Mundo que integrantes de AIDESEP podrían postular de manera individual en las elecciones regionales y locales de este mes de octubre junto a fuerzas políticas "distintas a la triple alianza". Para el movimiento indígena, la triple alianza está formada por el partido de gobierno (el APRA), el Fujimorismo y el Partido Popular Cristiano (PPC). Por lo tanto, dejó la puerta abierta a partidos como el Nacionalista y el del ex presidente Alejandro Toledo.