miércoles, 21 de julio de 2010

El Foro Social Mundial diez años después


La conmemoración en estos días en Porto Alegre de los primeros diez años de vida del influyente Foro Social Mundial (FSM), ha servido para hacer un balance de lo alcanzado por éste y trazar unas perspectivas estratégicas que le permita incidir, con mayor efectividad y fuerza, en la potenciación de “ese otro mundo posible” que ha sido su razón de ser.

Como tal, el Foro ha servido de espacio decisivo de encuentro en estos últimos años de eso que se ha llamado “el movimiento de movimientos”, esa pluralidad de movimientos sociales y fuerzas políticas que por doquier, a partir de las nuevas experiencias de lo común y más allá de los Estados y los partidos tradicionales, ha confluido en torno al objetivo común de derrotar la globalización neoliberal.

Según Leslie Sklair, experto en globalización de la London School of Economics, el FSM se ha tornado en el más importante referente de la política internacional, sobre todo a partir de unas bases programáticas que pudieron advertir las graves consecuencias que tendría para la humanidad la orientación neoliberal dada a la economía global durante las pasadas tres décadas. La crisis económica global desatada a partir del 2008 validó completamente su crítica.

“En estos días, con la crisis del capitalismo, cada vez más personas en el mundo están asumiendo una actitud crítica de cara a la capacidad del capitalismo neoliberal y de sus variantes sociales para resolver problemas”, sostiene Sklair. Según un estudio reciente de éste, el modo de producción capitalista parece haber llegado a sus límites, lo que ha contribuido a la intensificación de la lucha de clases, así como la explotación salvaje y no sostenible de los recursos tanto humanos como naturales.

Para el periodista uruguayo y respetado especialista en movimientos sociales, Raúl Zibechi, la actual crisis sistémica que encara el capitalismo no puede entenderse sin el protagonismo del FSM. “En estos 10 años se ha producido un cambio notable a escala mundial que se puede resumir en la crisis sistémica, por un lado, y en la expansión de los movimientos antisistémicos a cada rincón del mundo, por otro.”

Son dos caras del mismo fenómeno: por un lado, ha entrado en crisis aquello que hasta hace poco se nos pintaba como eterno, el capitalismo; por otro lado, se incrementaron las resistencias altermundistas hasta el punto de haber puesto en jaque la legitimación del sistema económico actual. De paso, se barrieron algunos gobiernos neoliberales, sustituyéndolos con gobiernos progresistas, y se ha producido un desgaste de la hegemonía de Washington -hasta hace poco incuestionada- lo que ha permitido iniciar la transición hacia un mundo crecientemente multipolar o pluralista. Nuestra América es el ejemplo más elocuente de este cambio.

Queda aún pendiente, sin embargo, el reto de definir el sentido que tomará la construcción de ese sistema alternativo al capitalista que las circunstancias piden a gritos. Se trata de la edificación de una sociedad alternativa, desde las bases mismas de la sociedad actual pero cuyos efectos trasciendan lo meramente local y parcial.

Dice al respecto Zibechi: “Las transiciones han sido siempre procesos muchos más largos y con resultados imposibles de prever a priori. Pretender que ya sabemos cuál es el lugar exacto de llegada de la transición al poscapitalismo, sería una soberbia imperdonable para quienes debemos aprender a movernos en situaciones de gran incertidumbre. Por supuesto que es posible, y necesario, influir en el curso de los acontecimientos para que el resultado sea mejor que el punto de partida”.

Precisamente, en el seminario “10 años después”, uno de los tantos eventos celebrados en Porto Alegre, varias figuras influyentes abordaron este deseo por responder más concreta y eficientemente a los retos del momento. En particular, se quiso abordar específicamente la cuestión de las relaciones entre los movimientos y los gobiernos progresistas, es decir, la cuestión de la construcción del contrapoder hegemónico, la constitución material del Estado alternativo. Desde una perspectiva estratégica, la producción y organización de espacios comunes de decisión desde los cuales se amarren las múltiples resistencias y propuestas de cambio, se torna cada vez más imperativo para instituir en los hechos “ese otro mundo posible” que ya anida en el actual.

Por ejemplo, según el sociólogo y jurista portugués Boaventura de Sousa Santos, el FSM anticipa la creciente militarización de los conflictos sociales durante la próxima década ante la crisis actual del capitalismo. Ello redundará en una criminalización creciente de las acciones de los movimientos sociales; también abonará a un continuo crecimiento de las desigualdades sociales. Ello es el resultado de lo insostenible que resulta ya el modelo económico dominante: el capitalista. Frente a ello, el FSM debe reflexionar en torno a su futuro y evitar desperdiciar “las energías transformativas que ha generado”.

De Sousa Santos cree que ya es hora de que el FSM asuma un rol más activo como coordinador de acciones colectivas que representen “una nueva articulación entre partidos y movimientos” desde agendas realistas y transformadoras que permitan la constitución de una nueva hegemonía. Para éste, existen condiciones para reconceptualizar al Estado como “novísimo movimiento social”. Los movimientos sociales, insiste, no pueden seguir sin abordar la cuestión del Estado, como instrumento, ya que éste “puede ser apropiado por las clases populares como está ocurriendo en el continente latinoamericano”. Sólo así podrá el FSM conquistar “las imaginación de los movimientos sociales y los líderes políticos”.

Otra influyente voz altermundista, el politólogo belga Eric Toussaint, le propuso a los movimientos sociales acoger la iniciativa del presidente venezolano Hugo Chávez para crear una “Quinta Internacional”, una especie de “frente permanente de partidos, movimientos sociales y redes internacionales” que sirva como “instrumento de convergencia para la acción y para la elaboración de un modelo alternativo”.

En una comunicación enviada al seminario “10 años después”, el reconocido científico social estadounidense Immanuel Wallerstein sostuvo que en los próximos 15 a 25 años las fuerzas de izquierda tendrán que reconocer que “la cuestión central no es poner fin al capitalismo, sino organizar un sistema sucesor que estará en proceso de construcción”. Si bien las manifestaciones de la crisis del capitalismo se habrán de multiplicar, si no vienen acompañadas de una potenciación de la capacidad de los movimientos antisistémicos para crear algo nuevo, “la natural inercia llevará a la reproducción del sistema actual, probablemente empeorado”, puntualizó.

En ese sentido, Wallerstein invitó a la izquierda a desarrollar “una visión estratégica” a medio plazo, lo que a su entender, le falta para estar a la altura del reto histórico que se avecina. No basta con rebelarse y negar lo existente, parece decirnos con su acostumbrada enjundia: De lo que se trata es de fundar, en la práctica, otro modo de vida que lo supere.

De la contradicción hay que pasar con apremio a la construcción. Lo demás es seguir aleteando en el vacío.


(Nota: Este artículo es de fecha de febrero del 2010, pero considero no solamente actual, sino que ilustrativo de los ambiguos nudos que aún atan al FSM. Por mi parte, considero que el contenido del artículo refleja fielmente lo que pienso al respecto y las coincidencias con muchos de los planteamiento de los intelectuales aquí referidos)




América Latina, de la mano de la soja y otras materias primas.


(Nota: Este es un artículo sumamente ambiguo, pero sugerente con respecto al modelo de acumulación primario exportador con el que se inserta América Latina en el patrón de acumulación/mundial/capitalista/colonial )


Marcelo Justo

BBC Mundo

Mientras los países desarrollados luchan con los monstruos gemelos de la austeridad fiscal y la falta de crecimiento económico, América Latina está experimentando un nuevo boom.

El viejo estereotipo del subcontinente sometido a caóticas devaluaciones, gigantescos déficit fiscales y rescates financieros de la mano de organismos multilaterales está dejando lugar al de una región que, según los recientes pronósticos del Fondo Monetario Internacional (FMI), crecerá este año un 4,8%.

La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) prevé un crecimiento aún mayor, del 5,2%, en el informe que publicó este miércoles. En él se pronostica un mejor desempeño para los países del Mercosur, encabezados por Brasil.

En la evaluación del FMI, Brasil también marcha a la cabeza del crecimiento con una estimación del 7,1%, récord en 24 años y excelente noticia por el poder de tracción que tiene el gigante regional para otras economías sudamericanas.

La segunda economía latinoamericana, México, registró un fuerte repunte que le permitirá una expansión de un 4,5% en 2010, luego de la fuerte recesión del año pasado.

Un país que simbolizó el caos en otras épocas, como Perú, tuvo en abril un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del 9,3% respecto al mismo mes el año pasado.

En comparación, muchos países de la Unión Europea enfrentan actualmente los viejos fantasmas latinoamericanos: profundos desequilibrios fiscales, paquetes de rescate y amenaza de caos monetario por la vulnerabilidad del euro.

La proyección de crecimiento para las economías europeas este año se sitúa en torno del 1%.

Nuevo mundo

El cobre en Chile permitió crear un fondo anticíclico para reactivar la economía.

¿A qué se debe este nuevo panorama?

En una economía mundial tan minuciosamente interconectada por la globalización productiva, comercial y financiera, el viento tiene que soplar a favor para que las cosas vayan bien.

En el caso de América Latina, el precio de las materias primas, impulsado por la demanda de China e India, ha contribuido a este desempeño global.

El estudio publicado el miércoles por la CEPAL explica que fueron tres los elementos que contribuyeron a la reactivación latinoamericana: el consumo privado, el aumento de la inversión y el repunte de las exportaciones.

Según la CEPAL, China es el destino de un 13% de las exportaciones de Chile, de un 11% de las de Perú y de un 7% de las de Costa Rica; es el primer cliente de Brasil y uno de los principales de Argentina.

El organismo calcula que, de continuar esta tendencia, el gigante asiático podría convertirse en el segundo destino de exportación regional, pasando de un 7,6% a un 19,3% en 2020.

Con una población de 1.300 millones de personas y un crecimiento que ronda los dos dígitos, la voracidad china ha impulsado el alza de los precios internacionales de metales, productos energéticos y alimentos.

Este salto en los valores de los commodities ha permitido tener una situación más desahogada en dos capítulos de histórica vulnerabilidad regional: la balanza comercial y el déficit fiscal.

Chile es un ejemplo. El precio internacional del cobre fue fundamental para tener un fondo anticíclico de más de US$20.000 millones, que permitió activar un plan de estímulo que le permitió arrancar luego del terremoto de febrero.

Sobre auges y crisis

Crecimiento económico, pero no para todos: hay 80 millones de niños pobres en América Latina.

De la época colonial en adelante, la historia de América Latina está plagada de booms seguidos de crisis.

Según muchos economistas, esta vez la diferencia es que la región ha seguido una política fiscal prudente, acompañada de equilibrios presupuestarios en casi todos los países y alejada del despilfarro de otras épocas.

Chile no es la única nación que, de la mano de una política fiscal prudente, ha adoptado políticas anticíclicas (ahorrar en épocas de bonanza para invertir cuando llegan las vacas flacas).

Argentina, Brasil, Colombia, Mexico y Perú son algunos de los que pudieron invertir durante la recesión mundial para mantener a flote la actividad económica.

En 2009, el déficit fiscal promedio de 2009 aumentó del 0,6% al 2,9%, muy por debajo del de los países desarrollados durante el mismo período, lo que permite mantener la actual estrategia.

Interrogantes

El vicio histórico de América Latina ha sido una doble dependencia de sus materias primas y la demanda del mundo desarrollado para fundamentar su crecimiento.

A principios de 2008, esta doble dependencia parecía cosa del pasado. La incipiente crisis económica de los países desarrollados no parecía afectar el crecimiento económico de la región: la palabra de moda era "desacoplamiento".

El estallido de la crisis financiera en septiembre de ese año dejó en claro que, hoy en día, nadie está del todo desvinculado del resto.

Sin embargo, el hecho de que la región se recupere a pasos acelerados en momentos en que las economías desarrolladas luchan por volver al crecimiento, muestra que se puede hablar de un relativo "desacoplamiento", gracias a la presencia de China e India y la creciente diversificación de los mercados tradicionales de la región.

No es sólo el comercio con China. India ha firmado un Tratado Comercial Preferencial con el Mercosur (Mercado Común del Sur) y sus inversiones en la región se han multiplicado en los últimos años. A fines de la década de los años 90, Argentina exportaba a 132 países: hoy exporta a 158.

El comercio dentro de la región también ha aumentado, especialmente la exportación de productos con valor agregado.

Si en el terreno comercial el panorama es más alentador que en otras épocas, en el nivel social queda mucho por hacer.

Un informe recientemente difundido por la CEPAL y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) muestra que hay 80 millones de niños que viven en situación de pobreza, 17 millones de ellos en condiciones de pobreza extrema.

Para una población total regional que supera los 560 millones de personas, son cifras y porcentajes escalofriantes.



Nuevas utopías y movimientos sociales en América Latina


Por: Juan Eduardo Romero

Fecha de publicación: 21/07/10


No hay otra forma -desde el punto de vista epistemológico- de liberarse en la estructura de la colonialidad del saber, que plantearse el análisis de lo propio desde las miradas y reflexiones que nos constituyen. Es decir, para quienes nos movemos en el campo del análisis histórico y socio-político, la única vía posible es ahondar en una resemantización de las categorías y conceptos desde los que abordamos la realidad.

Al pretender concretar este planteamiento, en lo relacionado con la formulación de las nuevas utopías -entendidas estas no como imposibilidad real sino como horizonte de referencia alcanzable- encarnadas en los movimientos sociales e insurgentes que se comienzan a dar en la 2da mitad del siglo XX en Nuestra América, tenemos que definir algunos momentos claves.

Momento 1 (1958-1959): caracterizado por la ruptura – no sólo política sino conceptual- con las lógicas de dominación estructuradas en torno al modelo militarista-autoritarista impulsado desde los intereses dibujados en la Conferencia de Bogotá en 1948 – donde asesinaron a Jorge Eliezer Gaitán- con la conformación de la Organización de Estados Americanos (OEA). Este 1er momento, se articula en torno a dos acciones insurgentes: la de Venezuela en 1958 y la de Cuba, en 1959. La primera de ellas, vino precedida por un accionar articulado de organizaciones políticas surgidas en la 1era parte del siglo XX, al fragor de los cambios sociales y económicos catalizados por el petróleo. La 2da, generada con una distancia menor de un (1) año de la venezolana, pero con un sentido más profundo y diferencias marcadas, dado el importante componente campesino y obrero que la impulsó; pero sobre todo por la actitud del liderazgo individual y colectivo que la motivó.

Mientras que en el caso de Venezuela, la Junta Patriótica (JP) estuvo conformada por organizaciones con vida política- institucional (clandestina en el caso de AD,URD-PCV, y pública para COPEI), su liderazgo fue permeado por la lógica del acomodo, la tranquilidad de embeleso. En vía contraria, la experiencia cubana, encabezada por el Movimiento 26 de Julio de Fidel y Raúl Castro, el Ché, Camilo Cienfuegos, entre otros; no se dejo arrastrar a la tentación de la reforma y apretó el acelerador de la historia, dando un impulso a la capacidad crítica del pensamiento político.

Este momento 1ero, va a aportar en el caso del pensamiento político latinoamericano, la posibilidad de pensarse con referentes históricos y filosóficos propios y no foráneos. Quizá quién lea esto contestará que el socialismo cubano tuvo la impronta soviética; y sin negar la misma debemos reconocer los aportes reflexivos de Fidel Castro y el Ché, por un socialismo más nuestro.

Lo interesante del caso, es que abre paso a un Momento 2 (1970-1979), caracterizado por sostener la posibilidad que dentro del juego democrático burgués pudiera abrirse un espacio que facilitará el ascenso de la alternativa socialista, sin que eso significará claudicar bajo el reformismo acomodaticio.

El caso emblemático es Salvador Allende y el gobierno de la Unidad Popular (UP), que sí bien sucumbió bajo la fuerza incontenible, coactiva y violenta de la reacción de los aparatos de inteligencia norteamericana y las redes de sus intereses, demostró las posibilidades que dentro del “juego democrático” tienen las fuerzas de izquierdas. Sin embargo, la experiencia traumática de Allende y la resolución de su mandato, demostró que aún las condiciones socio-políticas no estaban dadas para una “aceptación” pacífica de una transición hacia el socialismo democrático.

Por ello, en este momento 2do, hay que resaltar el significado que la Revolución Sandinista tuvo al aportar la posibilidad exitosa de la toma violenta del poder, causando un revuelo en la naturaleza y articulación de los movimientos populares en la construcción de una vía anticapitalista al sistema de dominación.

La revolución sandinista, agregó el elemento de la reivindicación indígena como política de Estado, a través del tratamiento del tema de los indígenas misquitos y su incorporación como sujetos de derecho, siendo un antecedente que se vincula con los procesos constituyentes en Venezuela, Bolivia y Ecuador en el siglo XXI.

Hay un momento 3, que se estructura en torno a los movimientos de retorno a la democracia en el lapso 1982-1989, en donde las organizaciones sociales se movilizan en la lucha por el retorno de los procesos democráticos, al mismo tiempo que se genera una fase de desobediencia social y explosión popular encarnada en los sucesos del 27 y 28 de febrero de 1989 en Venezuela.

En este 3er momento, los sistemas democráticos que habían estado funcionando bajo el modelo liberal de reconocimiento parcial de derechos, se ve seriamente cuestionado y comienzan las organizaciones populares a “crear” formas de lucha que serán emuladas por otros actores. Los sucesos de Caracas, tienen su impacto en toda Nuestra América y genera una discusión acerca del modelo de democracia liberal, parcializado y limitado en los canales de participación.

Y con eso, abre paso al momento de transición contrahegemónico 1990-2010, en el cual se encuentra nuestra region, experimentando formas asociativas de gran impulso para las organizaciones sociales. En estas circunstancias, debemos profundizar en el compromiso con una sociedad que rompa las ataduras en un escenario postcapitalista.


Historiador
Juane1208@gmail.com

(Tomado de aporrea.org)


Honduras: Constituciones políticas y golpes de Estado


(JOSE ARTURO SANTOS PINEDA)


Pocos países pueden ostentar en 144 años de existencia independiente y soberana la profusión de constituciones políticas emitidas en Honduras, sin que pueda afirmarse que ese prurito legislativo haya obedecido a un afán revolucionario de rejuvenecer el Código Fundamental de la Nación, respondiendo al reclamo histórico del momento, como un nuevo sendero que encausara la vida social, política y económica de la República hacia metas de superación; o como la concreción de derechos y deberes que expresando la máxima aspiración ciudadana, afirmaran los principios necesarios para crear un bienestar general mediante el desenvolvimiento rítmico del progreso y la cultura de la nación a fin de estar a tono con los países civilizados con quien forzosamente Honduras tiene una vida de interdependencia; o en una palabra, que codificando la doctrina del Estado de Derecho afianzara en la realidad el funcionamiento de una verdadera democracia con todas las garantías y derechos humanos, establecidos y aprobados en cónclaves internacionales, constitucionalizados para la armónica convivencia de gobernantes y gobernados.

Desgraciadamente ningún motivo de mejoramiento institucional ha inspirado el decreto de tantísimas cartas magnas en el país, muchas de las cuales son simplemente el producto de la rastrera ambición de detentar el poder público a través de la asonada militar, la guerra civil, el cuartelazo, el golpe militar, muchas veces generados en la más desvergonzada traición, que rompiendo el orden jurídico institucional ha traído como consecuencia la derogación de las constituciones políticas que revestían de Derecho al Estado.

Relacionemos aunque sea a grandes rasgos las rupturas constitucionales en el presente siglo.

El general Manuel Bonilla rompió el orden constitucional en su primera administración al disolver el Poder Legislativo por medio del ultraje inferido a la soberanía nacional, delegada por el pueblo en los diputados electos para su integración, ultraje que fue encomendado a un aventurero norteamericano, quien con la mayor desfachatez e irrespeto invadió con su escolta el salón de sesiones del Congreso Nacional y apresó, causando grave lesión con la culata de su revólver al doctor Policarpo Bonilla, juntamente con los diputados doctores Jesús M. Alvarado, Salvador Zelaya, Ricardo Pineda, Jacinto R. Rivas, Miguel A. Navarro, Marcos Carías Andino y otros, siendo todos conducidos a las celdas penitenciarias y engrillados.– Este golpe de Estado inaudito por lo grosero y burdo, cometido desde las alturas del poder, dio lugar a la Constitución Política de 1906, que derogó la de 1894 vigente al darse el atentado en mención, sin que ese nuevo cuerpo de principios aventajara a los que sustituía, y por el contrario, significó una regresión tremenda, con sólo haber establecido la pena de muerte.

La Constitución de 1906 fue sustituida por la de 1894, que nuevamente se puso en vigencia al triunfar la guerra civil que en 1907, desalojó de la Presidencia de la República al general Manuel Bonilla.

En el año 1924, el Partido Nacional rompió el quórum en el Congreso Nacional que debía hacer la elección de autoridades supremas, al retirar a sus diputados y lanzarlos machete en mano a la selva para iniciar la desastrosa guerra civil de aquel año; este hecho obligó al general Rafael López Gutiérrez a asumir la dictadura, porque no habiéndose electo su sustituto, estaba sin determinar a quién debería legalmente entregarle la Presidencia que desempeñaba, produciéndose una nueva ruptura constitucional, y triunfante la guerra civil, mal denominada pro sus autores “Revolución Reivindicadora”, se decretó por la Asamblea Nacional Constituyente, electa a ese efecto, la carta magna de aquel año, 1924, y por primera vez se introdujo un articulado sobre Cooperación Social y Trabajo a iniciativa del diputado ingeniero Rafael Díaz Chávez, para que con apoyo de esos principios se emitieran posteriormente las leyes correspondientes, que no se pronunciaron sino hasta más tarde, cuando ampliados por la Constitución de 1957 las emitió el Gobierno de la Segunda República; desde luego ese intento en 1924 representó un avance sobre los pasados códigos fundamentales, en cuanto supo, además, mantener los principios consagrados en 1894, que hasta esa fecha iba a la cabeza de las reformas revolucionarias.- Sin embargo, no podía ser todo bueno en este cuerpo legal, en cuanto sus autores instigados por un odio cavernario hacia los doctores Policarpo Bonilla y Juan Ángel Arias, quienes habían sido competidores de la presidencia del nacionalismo, consignaron un artículo que les vedaba a aquellos varones aspirar nuevamente a la Presidencia, mandando que para ser jefe de Estado debería tenerse por lo menos 30 años de edad, y nunca más de 65.

Esta Constitución de 1924 rigió los gobiernos presididos por los doctores Miguel Paz Barahona y Vicente Mejía Colindres, y fue derogada por un pintoresco motivo “El Continuismo”. En octubre de 1935 debían elegirse autoridades supremas, pero era notorio que el Partido Nacional jamás podría obtener una victoria en los comicios, robustecido el Partido Liberal y presentando desde la llanura una fuerza compacta invencible, en tanto que el nacionalismo escindido en dos ramas irreconciliables, por una parte el cariísmo desacreditado por cuatro años de brutal e ineficaz gobierno y por la otra el callejismo jefeado por el ciudadano honesto y verdaderamente amante de su patria, Dr. Venancio Callejas, de quien todos sus amigos personales hacemos siempre un buen recuerdo, razones que tuvo en cuenta el nacionalismo para no aventurarse a probar fortuna en las urnas, y sí desplegando una rastrera campaña a base de telegrameros y peticiones serviles de empleados públicos, tendentes a “demostrar”, a través de esos canales mercenarios, que el pueblo hondureño deseaba que Carías y Williams continuaran en el poder, y se recurrió al artificio de derogar toda la Constitución de 1924, que ofrecía obstáculos insuperables para una nueva elección de esos señores y decretó la Asamblea Nacional Constituyente de 1936, en forma apresurada, el célebre continuismo de aquellos, con verdadera violación de los principios que definen la naturaleza de los gobiernos demócratas, y representativos, en cuanto establecen que el Presidente, Vicepresidente de la República y Diputados al Congreso Nacional deben surgir del voto directo del pueblo y no mediante elecciones indirectas y menos si éstas son amañadas.

No se encuentra en la Constitución de 1936 ningún principio progresista capaz de hacer avanzar institucionalmente al país, más bien se caracteriza por su espíritu regresivo, emitida con el único fin de hacer facilidad el continuismo de los generales Carías A. y Williams, así como al restablecer condicionada la pena de muerte, y suprimir la disposición constitucional que venía prohibiendo tradicionalmente al Poder Ejecutivo el extrañamiento de hondureños, haciendo desaparecer este obstáculo legal; y estando fallecidos los doctores Policarpo Bonilla y Juan Ángel Arias, y con más de 65 años de edad el general Carías, se suprimió en esa carta magna el artículo que fijaba aquella edad como límite para llegar a la Presidencia de Honduras, consignado en la anterior Constitución por el mismo Partido Nacional ; por otro lado, para Carías en Honduras “no había problema social” y era inoficioso involucrar garantías sociales en la carta magna.- Con violación a la Doctrina del Derecho Constitucional y marcado desprecio al pueblo hondureño, arrebatándole su derecho inalienable de elegir diputados a la Asamblea Nacional Legislativa, la Constituyente de 1936 por así y ante si se convirtió en Congreso Ordinario, todo lo cual acusa el espíritu individualista, de provecho personal, que animó a aquellos diputados al decretar esa Constitución, y de ahí arranca el precedente absurdo aprovechado después por los que teniendo miedo a una imposición electoral toman el camino indebido de las elecciones de segundo grado, o los que sin calor popular aspiran a la Presidencia y la atrapan por esa vía irregular, y esto es tan grave porque deja libre el paso al aventurerismo político, de quienes sin mayores atributos pueden ceñirse la banda presidencial con sólo contar en la Asamblea Nacional Constituyente con una mayoría de diputados incondicionales.

La reaccionaria Constitución de 1936 fue derogada por la de 1957, y como todas las otras tampoco fue emitida al impulso de rejuvener la estructura legal hondureña, sino que se originó en el rompimiento del orden institucional, que hizo obligatoria su creación.- En elecciones verificadas en 1954 el Partido Liberal obtuvo mayoría absoluta a favor de sus candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la República y Diputados al Congreso Nacional; para evitar que los primeros fueran declarados electos en la Asamblea Legislativa los diputados conservadores no se presentaron a su instalación, y asumió entonces la dictadura don Julio Lozano, restableciéndose el orden institucional hasta que las Fuerzas Armadas, a pocos días de haber lanzado un manifiesto de lealtad a Lozano, lo derrocaron el 21 de octubre de 1956, verificándose en 1957 elecciones libres, hecho que honró al triunvirato de aquel entonces, y de las cuales surgió otra Asamblea Nacional Constituyente.

Contiene la Constitución emitida en 1957, un cuerpo de principios avanzados, progresista, en materia de garantías sociales, régimen de la familia, agrario, trabajo y previsión, vivienda, régimen contable de la nación, y control de los fondos fiscales, así como la reglamentación de la función electoral, y otros principios progresistas, que situaron a Honduras dentro del rol de las naciones civilizadas, levantándola del marasmo en que los gobiernos conservadores la habían arrojado.

Sin embargo, hay en esa Constitución una novedad desgraciada para el país. En tal carta magna se concedieron una serie de privilegios a las llamadas “Fuerzas Armadas” que condicionaron su posterior robustecimiento y prepotencia que tantos males ya causaron y seguirán causando a la República; se cuenta que el diputado Abraham Williams, manifestó, cuando se discutían los artículos conducentes, que se estaba creando un monstruo que haría arrepentirse a sus autores; cierta o falsa la anécdota, lo auténtico es que esa versión contiene una dosis grande de verdad, en cuanto a la apreciación en si.- Hoy existe un potente monstruo que espanta a liberales y a nacionalistas honrados, y quienes pretenden hacer carrera política a su sombra, no actúan como partido político, sino como sirvientes de ese Frankenstein.

Con la brevedad del caso, apunto una serie de privilegios, lamentables: conforme el Artículo 316, en su segunda parte, las Fuerzas Armadas “Cooperarán con el Poder Ejecutivo en las labores de alfabetización, educación…, etc.”.- Es decir eleva esa disposición a las Fuerzas Armadas a la misma altura del Poder Ejecutivo, y otra cosa sería si el artículo indicado hubiera dicho: Están obligadas las Fuerzas Armadas a prestar sus servicios en la alfabetización…, etc. El Artículo 318 de esta Constitución obliga al Presidente a ejercer su función constitucional respecto a las Fuerzas Armadas por intermedio de su jefe, quedando la actividad meramente administrativa a cargo del Secretario de Estado en el Despacho de Defensa. Lo natural sería ejercitar el mando efectivo del Ejército, que corresponde al Presidente de la República por medio de su Secretario de Estado en el Despacho de Defensa, sobre todo el cuerpo armado.- Pero para subrayar que las llamadas “Fuerzas Armadas” no estaban subordinadas al Presidente de la República, y que más bien era un poder a la misma altura que el Ejecutivo, la carta magna de 1957, en su Artículo 319, segunda parte, dice que cuando surja alguna diferencia con ocasión de órdenes del Poder Ejecutivo al Ejército, deberá ser sometida a la consideración del Congreso, el que decidirá por mayoría de votos, resolución que será definitiva y acatada.- El artículo 320 se refiere a la forma en que será nombrado el jefe de las Fuerzas Armadas, el tiempo que durará en sus funciones y cómo puede ser removido antes de vencer su periodo. El Poder Ejecutivo no puede nombrar ese jefe ni darlo de baja, y ante él se encuentra maniatado y de hecho sometido, pues la concentración del poder real se transfiere al jefe de las Fuerzas Armadas, y el Presidente sólo tiene facultad de nombrar su ministro de Defensa, como función puramente administrativa y no con mando de tropas; según el Artículo Constitucional que vengo comentando sólo el Congreso puede remover al jefe de las Fuerzas Armadas, y esto solamente cuando se agote el trámite relativo a que si hay lugar a formación de causa; prácticamente, una resolución del Congreso de esta clase, no pasaría de un pronunciamiento romántico, sin posibilidades de que se observe, pues carece de mando efectivo sobre tropas, que obligue al jefe de las Fuerzas Armadas a acatar la decisión del Congreso; tampoco el Presidente, según se vio, tiene militares a sus órdenes directas, que puedan prestar auxilio al Congreso en una situación de esa clase. El Artículo 326 terminantemente despoja al Presidente de la República de toda superioridad sobre las Fuerzas Armadas, pues carece de facultad para nombrar jefes, comandantes y demás cargos militares.

Basta lo relacionado para comprender que los diputados constituyentes actuaron incondicionalmente a favor del ejército o de un empujador extranjero, con la secuencia sombría que hoy padecemos, y sin que experiencias de otros pueblos de América, en relación con el militarismo, nos sirviera de guía.

La Asamblea Constituyente de 1957, cometió pues errores tremendos y en honor a la verdad debo declarar con toda entereza, que esas culpas recaen única y exclusivamente en los diputados liberales que constituían mayoría para cualquier decisión.– Con una desesperación, donde la ambición no daba tiempo para esperar, escogieron el camino torcido de elegir presidente de la república y sus designados, violando de anticipado el principio que ellos mismos consagraron en la constitución política, que radica en que tanto el presidente como los designados, deben ser electos directamente por el pueblo, principio tradicional que apenas si había sido infringido dos veces antes, olvidando, que los malos precedentes no deben servir para crear iguales hechos.

La diputación minoritaria nacionalista luchó con argumentos científicos incontrovertibles, en las voces de los diputados Federico Leiva, Pedro Pineda Madrid, Horacio Moya Posas, Abraham Williams, y otros, pero la fuerza de la dialéctica científica se estrelló ante la ciega aplanadora de la mayoría.- También merece censura el haberse convertido la Asamblea Constituyente en Congreso Nacional, con funciones de Poder Legislativo.- No hubo pudor en despojar al pueblo hondureño de su derecho a elegir sus representantes a la Asamblea Nacional Legislativa, y autocalificándose, los propios constituyentes se consideraron buenos para esa función diferente de la que se tuvo en cuenta cuando fueron electos.- Tales vicios condicionarían después que las fuerzas más regresivas de la nación “las que ahora gobiernan” , usaran el seno de una cámara constituyente para nombrar presidente al autor de un golpe de Estado, y que ellos mismos, esos constituyentes nacidos de la matriz de la violencia y la imposición, se nombraran como Congreso Nacional según se colige de las informaciones de prensa relativas a las actuales sesiones constituyentes.-

El argumento básico en que se parapetaron en 1957 los diputados liberales, fue que estimaron que una Asamblea Constituyente, podía hacer lo que la gana se le antojara porque representaba toda la soberanía del pueblo.

Sofisticada argumentación, ya que en estos casos el pueblo no se había quedado sin ese atributo que le es inherente a él y únicamente a él; por lo tanto no es cierto que la Asamblea Constituyente lo pueda hacer todo, pues como delegada del pueblo sólo lleva a cabo aquello para lo cual el electorado la eligió.- Por soberana que se hubiera considerado aquella Constituyente, jamás habría podido convertir a la República de Honduras en un reino o un imperio.- Desde luego esta argumentación también se aplica y con mayor razón a la actual Asamblea Constituyente al designar ella, y no el pueblo, al próximo Presidente, y autoconvertirse en Congreso Nacional, misión que no le fue conferida por el electorado, debiendo tenerse en cuenta a este respecto que los actuales diputados no tienen el limpio origen democrático de los electos en el año 1957.
Las apreciaciones anteriores relativas a que el Presidente de la República debe ser electo en comicios directos y no por la vía indirecta de una Asamblea, y que una Constituyente no puede así misma convertirse en Congreso con funciones legislativas, las viene sosteniendo el suscrito desde hace tiempo con apoyo en la doctrina constitucional aplicable a ese problema, y así fue expuesta, además, en una entrevista que apareció en el Diario “El Cronista”, precisamente en septiembre del año 1957.

Ahora se está gestando una nueva constitucional, ya que la del año de 1957 fue arrojada al saco de los desperdicios por las Fuerzas Armadas el 3 de octubre de 1963, infringiendo su juramento de defenderla, defender la efectividad del sufragio y la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia.– Contra ese solemne juramento las Fuerzas Armadas ejecutaron el cuartelazo y se convirtieron en auténtico partido político, desnaturalizando su misión; contra ese solemne juramento se realizaron elecciones amañadas el 16 de febrero de 1965, y desde entonces internacionalmente se llama a los comicios fraudulentos “Elecciones estilo Honduras”.

La actual asamblea está viciada desde su raíz; sus diputados no representan la opinión nacional y surgieron de elecciones desplegadas bajo la más descarada imposición; llegaron ellos a sus curules estando pendientes de resolver varias demandas de nulidad oportunamente presentadas por el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal.

Con un origen ético y legal de esa clase, no constituyó sorpresa para nadie que tales diputados eligieron al coronel Oswaldo López Arellano presidente de la República, y no hay que dudar que se autonombrarán diputados al Congreso Nacional.

El abogado José Pineda Gómez opina que en términos generales debe mantenerse el texto de la constitución de 1957; ojalá los señores diputados hayan leído esos interesantes artículos con la atención correspondiente, y ya que ellos se ocupan, pese a su viciado origen, de redactar una nueva carta magna, tomen todo lo bueno de la Constitución de 1957 y descarten con entereza todo lo malo, particularmente lo relativo a los privilegios concedidos a las Fuerzas Armadas.

Tales privilegios no pueden otorgarse a ningún ejército dentro de un país democrático, aun cuando, que no es el caso de Honduras, los elementos que lo integran sean el producto de un intenso estudio dentro de una carrera disciplinaria, o el cuerpo armado haya dejado amplia constancia del respeto a las instituciones públicas; y menos pueden conferirse esas granjerías a ejércitos jóvenes, en periodo de formación, con una oficiliadad en términos generales impreparada, y cuyo caudal científico se agota en el conocimiento práctico de las armas y en la mediana instrucción que se obtiene en un cuartel; los señores diputados tienen oportunidad de enfatizar la supremacía del poder civil sobre el castrense, que es ingrediente indispensable de la estructura democrática.-

En síntesis pueden los actuales diputados, no sólo mantener los avances democráticos de la Constitución anterior, sino mejorar sus preceptos, como es el caso del capítulo relativo a las Fuerzas Armadas.

Tal es, en rápido examen, la vida, pasión y muerte de las constituciones hondureñas emitidas durante este siglo; ellas surgieron del rompimiento del orden constitucional producido por la asonada, la guerra intestina o el cuartelazo artero, y no del afán de mejorar la armazón jurídica de la nación, haciéndola avanzar al compás de los tiempos.

Y sí bien la actual Constitución que se está redactando, se gesta bajo el signo del origen viciado de la mayoría de sus diputados, estos tienen oportunidad de reivindicarse, manteniendo las conquistas del anterior código fundamental, y restringiendo a las Fuerzas Armadas a su campo natural de acción, los cuarteles, obedientes al poder civil, cuya supremacía debe declararse en la próxima Constitución, incorporando el artículo que lo haga operante.

La Ceiba, Atlántida 19 de julio de 2010
Abogado




CIDOB y Gobierno logran preacuerdo para poner fin al conflicto indígena


AINI/Erbol, Santa Cruz, 21 julio de 2010).- Luego de tres de dialogo entre una comisión de dirigentes de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) y autoridades de gobierno, se logró arribar a un preacuerdo, en el cual se dan soluciones a 11 puntos de la plataforma de demandas del movimiento indígena de tierras bajas.

El presidente de la CIDOB, Adolfo Chávez, indicó que este preacuerdo será trasladado hasta el seno de la marcha, que permanece en la localidad de San Ramón. “Serán los marchistas quienes evalúen el documento y determinen si las demandas han sido atendidas o no”.

Señaló que en caso de que los marchistas den su visto bueno al preacuerdo alcanzado con el Ejecutivo, se procederá a la firma oficial del documento y la movilización será inmediatamente suspendida.

“Si hay una aceptación de parte de los hermanos significa que debemos hacer los preparativos para celebrar en grande lo que ha significado el sacrificio de la marcha para alcanzar estos acuerdos”, puntualizó.

Asimismo, el titular de la CIDOB informó que de darse una solución a este conflicto se invitará al presidente Evo Morales, a los senadores y diputados indígenas para que realicen la entrega de la Ley Marco de Autonomías y el acuerdo firmado entre los marchistas y el gobierno.

Sin embargo, secretaria de Género de la CIDOB, María Zarabia, expresó su disconformidad con este preacuerdo, puesto que a decir de la dirigente no existe nada nuevo en este documento a lo que ya se había trabajado en el mes de mayo.



Bolivia: Restos de Marcelo Quiroga estarían bajo el mástil del Gran Cuartel


Los restos del desaparecido Marcelo Quiroga Santa Cruz estarían enterrados bajo el mástil mayor del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, en Miraflores, sostiene el escritor Hugo Rodas Morales, apoyado en la declaración de un oficial, recogida en un informe del Defensor del Pueblo.

La revelación está contenida en una extensa investigación biográfica sobre el líder del Partido Socialista 1 (PS-1), que fue asesinado durante el golpe de Estado del 17 de julio de 1980, comandado por Luis García Meza.
La indagación se extendió por nueve años y está recogida en la obra titulada Marcelo Quiroga, el socialismo vivido.

“Sabemos que los restos son rehenes de las Fuerzas Armadas. El reconocimiento de esta realidad está documentada, no hay duda de que los restos están ahí”, se sostiene.

Esa declaración corresponde, según la obra, a la “confesión del coronel Édgar Franco Montenegro, graduado por la Escuela de las Américas estadounidense (SOA), por el Comando y Estado Mayor boliviano”.

En esa Escuela estadounidense —se refiere— “se formaron desde los (años) 60, oficiales medios, (entre ellos) varios de los golpistas e implicados directos en la desaparición de Quiroga Santa Cruz, el 17 de julio de 1980, como el escolta de Banzer, que le disparara primero en la COB (Franz Pizarro Solano), precisamente instruido en Operaciones Comandos (OE-4)...” .

De encontrarse los restos de Quiroga Santa Cruz bajo el mástil mayor del Estado Mayor, “implicaría la aceptación de que en el golpe militar intervino la institución armada como tal”, pero también el fin de un “pacto de silencio” que comenzó hace 30 años.

El 17 de mayo se recordó 30 años del golpe de Estado comandado por García Meza. En ese régimen se ejercitó la violencia a tal punto que el ministro del Interior, Luis Arce Gómez, advirtió a la población “andar con el testamento bajo el brazo”.

La Corte Suprema de Justicia y la Corte de Distrito de La Paz, por separado, ordenaron a las Fuerzas Armadas desclasificar y entregar sus archivos sobre la dictadura para, precisamente, ayudar a encontrar los restos del líder socialista y de otros desaparecidos, entre ellos Renato Ticona y Juan Carlos Flores.

Los fallos son consecuencia de recursos que presentó la institución militar para impedir la desclasificación de sus archivos, con el argumento de que violaría su Ley Orgánica. Hasta el momento, sin embargo, no se cumplió la orden de la Justicia.

El presidente Evo Morales, durante el homenaje a los mártires de la democracia, defendió a la institución armada y aseguró que actuaron por decisiones políticas. “Me he dado cuenta de que las decisiones que tomaron los ex comandantes (de las FFAA) no es porque querían ellos, sino (porque) estaban sometidos a las decisiones políticas; los políticos decidieron o el imperio norteamericano decidía qué es lo que tenían que hacer las Fuerzas Armadas”, señaló el sábado 17.

Quiroga Santa Cruz fue atacado durante la intervención de paramilitares a la Central Obrera Boliviana (COB). Desde ese momento se desconoce dónde están sus restos. Amnistía Internacional (AI), en ocasión de los 30 años de la desaparición del líder socialista, pidió mayores acciones del Gobierno para abrir los archivos militares que podrían dar luces para dar con la verdad en este caso.

Quiroga Santa Cruz fundó en 1971 el Partido Socialista y ocupó la función de Primer Secretario. En 1979 demandó un juicio de responsabilidades contra el dictador Hugo Banzer. Entre el 7 de agosto y el 4 de septiembre presentó el alegato, según el recuento de hechos del especial publicado por La Razón el 17 de julio, bajo el título: “Marcelo, 30 años de impunidad”.

La muerte de Marcelo

Marcelo Quiroga Santa Cruz nació el 13 de marzo de 1931 en Cochabamba. Se presume que, después de ser herido en la COB, su cuerpo fue llevado al Estado Mayor.