El hijo de Rosa López Díaz nació a los cinco meses de haber entrado ella a prisión. Nació con parálisis cerebral, deformidades en el rostro, y sin movimiento de su aparato motor. La indígena tzotzil originaria de San Cristóbal de las Casas, asegura que el padecimiento de su hijo fue consecuencia de los golpes y la tortura a que fue sometida al momento de su detención.
Su esposo, Alfredo López Jiménez, y el primo de este, Juan Collazo Jiménez, también están encarcelados. El primero en el penal de San Cristóbal de las Casas, y el segundo en el municipio de Motozintla, ubicado a unos 250 kilómetros de su lugar de origen.
Los tres son acusados del mismo delito: haberse “robado” a la novia de Juan Collazo, ante la oposición del padre de la joven para consentir la unión de los dos jóvenes, presuntamente por la imposibilidad de Collazo para pagar la “dote” o dinero que los progenitores piden por las hijas, en algunas comunidades indígenas.
Los reos han participado en diversos movimientos de huelga de hambre en los dos últimos años –el último lo iniciaron el 29 de septiembre y a la fecha lo mantienen, junto con otros 8 reos- porque consideran es la única manera de llamar la atención de las autoridades para que revisen los procesos jurídicos que los mantienen presos.
El testimonio de los detenidos respecto a los motivos que los llevaron a prisión, coinciden con el de Margarita López Díaz, hermana de Rosa; y de Felipe Gómez Hernández, amigo de Alfredo. Estos dos indígenas decidieron instalarse en un “plantón” en la Plaza de la Paz de San Cristóbal de las Casas, para apoyar el movimiento de los reos en huelga de hambre. Con ellos también están familiares de los otros huelguistas.
La historia reciente de Rosa y su familia comenzó cuando el 9 de mayo de 2007, Juan acordó con su novia, llama Claudia Estéfani, “robársela”; es decir, ir por ella a su casa y a escondidas de sus padres, empezar una vida de pareja en otro lugar.
“El papá de la muchacha, por coraje y por vergüenza, demandó al novio y de paso involucró a mi cuñado y mi hermana”, señala Margarita López. El error de su cuñado Alfredo, explica, fue acompañar a Collazo cuando acudió por la joven, que entonces era menor de edad.
Rosa, explica, no participó de esta acción porque se encontraba en las exequias de su abuela.
En una carta enviada desde la prisión, Rosa López, quien ahora tiene 33 años, narra cómo fue detenida y procesada por el delito de secuestro; y sentenciada a 27 años de prisión.
Relata que la mañana del 10 de mayo Rosa caminaba con su esposo Alfredo por el centro de San Cristóbal cuando fue interceptada por un grupo de hombres armados vestidos de civil, quienes después se identificarían como agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
De acuerdo al testimonio, los subieron a la góndola de una camioneta y los llevaron fuera de la ciudad. Narra que les pusieron una venda en los ojos y los separaron. A ella la llevaron un lugar que por el olor y la humedad, ubica como un bosque, a unos 40 minutos de la ciudad.
Sostiene que sin quitarle la venda de sus ojos empezaron a golpearla, le cubrieron la cabeza con una bolsa mientras en su boca colocaban un trapo mojado. La golpearon en el estomago y sufrió violencia “de tipo sexual”. Ella les pidió que pararan porque estaba embarazada “pero no pararon”.
Dice que fue durante el interrogatorio que ella se dio cuenta que la acusaban de un secuestro perpetrado en contra de una mujer de nombre Claudia Estéfani. “Lloré, lloré, lloré porque no sabía que iba a pasar conmigo”. Rosa cuenta que entonces decidió aceptar el trato de declararse confesa del delito que la acusaban, a cambio de que no la siguieran golpeando.
La indígena fue sentenciada a 27 años de prisión, apeló la sentencia pero el juez que llevó el caso la ratificó.
A los cinco meses de su detención, nació su hijo Natanel, dentro del penal. Ante la imposibilidad de poder brindarle atención adecuada dentro de prisión, el niño fue llevado a vivir con su abuela materna, en un poblado ubicado en el municipio llamado Teopisca. El pasado 25 de octubre, cuando sus padres, Rosa y Alfredo, mantenían la huelga de hambre, el niño murió a consecuencia de las múltiples afecciones que padecía.
Dentro de prisión Rosa tuvo un segundo hijo, quien se encuentra viviendo con ella en el reclusorio. La Procuraduría de la Defensa de la Mujer y el Menor, del gobierno estatal, amenaza ahora con enviar al niño a una casa hogar, bajo el argumento de que padece desnutrición y una mala calidad de vida dentro del penal.
Ella, su esposo, y el primo de su esposo, el 29 de septiembre iniciaron por tercera ocasión una huelga de hambre para pedir la revisión de sus expedientes. La mujer indígena forma parte de la organización de Los Solidarios de la Voz del Amate, un grupo de reos que se organizó desde hace poco más de 7 años, principalmente con presos militantes de organizaciones sociales.
Este grupo de reos, la mayoría de ellos indígenas, señalan en sus testimonios que al ser detenidos fueron sometidos a tratos crueles y degradantes, torturas, y un proceso judicial injusto. Tienen como mecanismo para hacer escuchar sus demandas, la huelgas de hambre y ayunos prolongados.
Actualmente 11 de ellos mantienen una huelga de hambre que logran sobrellevar tomando miel y agua. Algunos de sus familiares, de forma paralela a la huelga, instalaron un campamento en la Plaza de la Paz en San Cristóbal como parte de una campaña informativa para difundir su demanda.
El gobierno de Chiapas, a través de Noé Castañón, Secretario de Gobierno, señaló que los expedientes de los huelguistas, y el de otra centena de reos más, se revisan a través de lo que llaman, una “Mesa de Reconciliación”. Las autoridades sostienen que algunos ya alcanzaron su libertad bajo la figura jurídica de desistimiento de la acción penal.
Los huelguistas piden la libertad incondicional. Aseguran que ni ellos, ni sus familiares o sus representantes legales, han sido notificados por las autoridades, respecto a que haya una revisión de sus procesos penales.
El grupo de reos llamado Los Solidarios de la Voz del Amate, ha despertado la solidaridad de organizaciones defensoras de los derechos humanos, y de activistas. Entre otras razones porque en entre los reclusos hay personas como Alberto Patishtán Gómez, profesor tzotzil detenido en el año 2000 y sentenciado a 60 años de prisión, acusado de dar muerte a siete policías cuyo caso analiza la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por una presunta violación al debido proceso.
Este indígena, vocero y líder moral en diversas huelgas y movimientos de reos, el pasado 20 de octubre, en el marco de la nueva protesta, fue sacado del penal de San Cristóbal y llevado al de Guasave, Sinaloa, acción que fue considerada por organizaciones como Amnistía Internacional, como un acto de represión contra la protesta de los reclusos.
El pasado 30 de octubre, los activistas realizaron un “ayuno global” frente a consulados de México en diversas partes donde tienen presencia, en protesta por trato a presos en huelga de hambre de Chiapas.
Consideran que este tipo de acciones son el medio que tienen para difundir la situación de los presos en huelga de hambre, debido a que el movimiento de los reclusos ha sido ignorado dentro de los medios de comunicación de Chiapas.
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