viernes, 9 de diciembre de 2011

Ecuador: Indígenas en Imbabura resuelven demandar al Estado


Cerca de 170 indígenas representantes de las comunidades de base de la FICI se reunieron para tomar decisiones en torno a temas coyunturales.

Unos 170 representantes de los pueblos Otavalo, Caranqui, Cayambe y Natabuela se reunieron en la comunidad de Carabuela en el cantón Otavalo, para desarrollar la Asamblea de la Federación de Pueblos Kichwas de la Sierra Norte del Ecuador (FICI).

En el encuentro se debatieron temas como: proyectos de Ley de Agua y Tierra, impuestos y ordenanzas, justicia, criminalización de la lucha social y minería, entre otros.

Luego de más de ocho horas, la asamblea resolvió realizar concentraciones en Quito en coordinación con las organizaciones nacionales, para exigir discusiones públicas en la aprobación de leyes y que se incluyan las propuestas de movimiento indígena.

Marco Guatemal, presidente de la FICI, dijo que las decisiones se tomaron por unanimidad entre los dirigentes de bases. Participaron representantes de 120 de las 200 comunidades que integran la organización.

En torno a los impuestos, exigirán al Municipio de Otavalo que no eleve el avalúo de los terrenos rurales. Además declararon al Taita Imbabura como territorio ancestral de los pueblos indígenas y rechazaron el proyecto de ordenanza donde se lo declararía área protegida.

En la asamblea se solidarizaron con las comunidades afectadas por el proyecto de la Ciudad del Conocimiento en Urcuquí. Exigen información y consulta a la población que se vería afectada. También resolvieron acompañar a la búsqueda de una solución en el conflicto que atraviesa Ilumán en torno al Teniente Político.

Guatemal enjuiciará al Gobierno

Los cuatro pueblos kichwas del Norte, respaldan la acción legal que iniciará el Presidente de la FICI contra el Estado por daño moral. “Nosotros también tenemos Derecho de enjuiciar cuando somos insultados y calificados injustamente como terroristas y saboteadores”, dijo Marco Guatemal.

Asimismo, recordó que pasó más de un año perseguido, incluso estuvo 17 días en prisión injustamente. El movimiento indígena liderará una campaña contra la criminalización de la lucha social a nivel local, nacional e internacional.


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