lunes, 9 de mayo de 2011

Perú: Coordinadora Nacional de Derechos Humanos lanza campaña “Fujimori Nunca Más”

*
Servindi, 7 de mayo, 2011.- La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) anunció el lanzamiento de la campaña “Fujimori Nunca Más” en la cual se difundirán argumentos que eviten el retorno de un gobierno violador de derechos humanos.

Las acciones serán impulsadas por los 79 organismos asociados, víctimas de violaciones de derechos humanos, una decena de colectivos de estudiantes, jóvenes, mujeres, artistas y personalidades democráticas.

La coordinadora convoca a la prensa nacional y extranjera a una rueda de prensa a realizarse el martes 10 de mayo a las 11.30 a.m. en su local ubicado en la Calle Pezet y Monel 2467, Lince, a fin de brindar detalles de la campaña que se prolongará por las siguientes cuatro semanas.

Participarán Victoria Vigo, víctima de esterilizaciones forzadas; Doris Caqui, de la Coordinadora Nacional de Afectados por la Violencia Política (CONAVIP); Julio Pérez, cantante de la agrupación musical “La Sarita”; la periodista Claudia Cisneros y el dirigente estudiantil Salvador Oré.

También, Rocío Silva Santisteban, secretaria ejecutiva de la CNDDHH, el abogado Carlos Rivera del Instituto de Defensa Legal (IDL) y Francisco Soberón de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh).


Contra reedición de régimen violador de DDHH


Días atrás la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDH) difundió un comunicado público en el que “hace un llamado al movimiento de derechos humanos, a la sociedad civil y a la población en general, para no permanecer pasivos frente a la posibilidad de re-editar el nefasto régimen fujimontesinista, expulsado por el pueblo peruano el año 2000”

Recuerda que el régimen de Alberto Fujimori “perpetró graves violaciones de derechos humanos contra individuos y colectividades” como son los “casos de tortura, secuestros, asesinatos, masacres, desapariciones, esterilizaciones forzadas, violaciones sexuales y otros delitos cometidos durante su gobierno.”

Afirma que los resultados electorales “reflejan la necesidad de cambios importantes en diversos ámbitos de la economía y del sistema político”.

“La mayoría del electorado ha votado cuestionando la desigualdad y la exclusión, el centralismo limeño y las manifiestas deficiencias del Estado”, sostiene la Coordinadora.

También exhorta a Ollanta Humala Tasso a esclarecer las denuncias en su contra por el caso Madre Mía donde se cometieron “delitos de violaciones a los derechos humanos, como tortura y desapariciones forzadas.”


Contra REEDICIÓN del régimen violador de Derechos Humanos


La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, frente a los resultados electorales, coincide con otras instituciones y analistas en reconocer que éstos reflejan la necesidad de cambios importantes en diversos ámbitos de la economía y del sistema político, en tanto que la mayoría del electorado ha votado cuestionando la desigualdad y la exclusión, el centralismo limeño y las manifiestas deficiencias del Estado.

En ese sentido la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos:

1. Reafirma su compromiso con la defensa de la vida y la democracia, incluyendo la lucha contra la impunidad, la corrupción y la pena de muerte.

2. Recuerda que el régimen de Alberto Fujimori perpetró graves violaciones de derechos humanos contra individuos y colectividades. Al respecto, son conocidos por todo el país los innumerables casos de tortura, secuestros, asesinatos, masacres, desapariciones, esterilizaciones forzadas, violaciones sexuales y otros delitos cometidos durante su gobierno.

3. No olvida que este régimen avasalló a la democracia también mediante la corrupción, situándola de manera decisiva en las entrañas del régimen político (simbolizado en la imagen de Montesinos en la Sala de SIN).

4. Observa con profunda preocupación que una de las opciones a ser elegidas es la candidatura de Keiko Fujimori. Nuestra preocupación se ahonda más aún cuando esta candidata ha reivindicado sin reservas los actos del régimen que encabezó su padre señalando que para ella ésa habría sido “el mejor gobierno del Perú”. Por lo tanto, el éxito de su candidatura implicaría la reinstauración de las redes y vínculos de autoritarismo y corrupción del mencionado régimen.

5. Hace un llamado al movimiento de derechos humanos, a la sociedad civil y a la población en general, para no permanecer pasivos frente a la posibilidad de re-editar el nefasto régimen fujimontesinista, expulsado por el pueblo peruano el año 2000.

6. Tiene presente que el candidato presidencial Ollanta Humala Tasso ha sido denunciado, por varios testigos, de haber cometido delitos de violaciones a los derechos humanos, como tortura y desapariciones forzadas, cuando se encontraba como responsable de la base militar Madre Mía. Por ello exigimos un esclarecimiento sobre estos hechos y una posición de su parte sin reservas con la defensa a la democracia y los derechos humanos.

En el escenario de la segunda vuelta electoral la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, continuando en su tradición de lucha por la democracia y los derechos humanos, y preservando su trayectoria independiente, redoblará su labor de vigilancia y fiscalización.

Comité Directivo Nacional
Perú, 3 de mayo 2011

Europa monta el show: Irlanda se queja, Londres no paga y los mercados caen


Europa está demostrando una vez más la fragilidad de su economía. Ante la posibilidad de que los países de la Unión Europea estudien un segundo plan de rescate para Grecia, -están dispuestos a rebajar los intereses que cobra a Grecia por la ayuda de 110.000 millones de euros que le concedió hace ahora un año-, han surgido las desavenencias. Reino Unido ya ha dicho que no paga más, Irlanda ha aprovechado para sugerir que ellos también pueden negociar, mientras las bolsas acusan el descontrol con caídas.

"Cree que es inevitable que examinemos el plan griego y veamos qué pueden hacer para pasar el próximo año, pero ello puede implicar asistencia adicional, por ejemplo, de la eurozona", ha dicho este fin de semana el ministro de Finanzas británico, George Osborne, en una entrevista a la BBC. Osborne ha dejado claro también que Reino Unido no piensa poner más ayuda para Grecia.

El Gobierno de Atenas necesita alrededor de 30.000 millones de euros extra en 2012 para refinanciar su deuda que no están contemplados en el actual plan de rescate, según fuentes de la eurozona citadas este lunes por la prensa europea. Ante ello, el ministro de Finanzas griego, George Papaconstantinou, ha afirmado que, entre las opciones que se están estudiando, figuran una nueva asistencia a Atenas del fondo de rescate temporal de 750.000 millones de euros para que compre sus propios bonos, o prorrogar de nuevo el plazo de devolución de la deuda griega. Eso sí, todos los dirigentes han desmentido la información publicada por el semanario alemán 'Der Spiegel', según la cual Grecia sopesa abandonar la eurozona y volver al dracma.

¿ Y cómo se está reaccionando el lunes? Irlanda, el segundo país de la eurozona rescatado por sus problemas para pagar la deuda soberana,permanece atento a las negociaciones del primer rescatado, Grecia, con la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para refinanciar el pago de sus ayudas. "Me interesa ver si existen implicancias positivas para Irlanda sobre cómo lidia con la situación a la que enfrenta ahora el Gobierno griego", dijo el ministro de Energía, Pat Rabbitte, a la emisora estatal RTE, para acto seguido añadir que "el Gobierno irlandés tiene previsto seguir negociando mejoras y aprovechar los avances en otros lugares con la esperanza de que habrá un enfoque multilateral para la renegociación del rescate". A río revuelto, ganancias de pescadores.

Y mientras Holanda se queja de que no fue invitada a las reuniones secretas, Reino Unido no está por la labor solidaria; el ministro británico de Finanzas, George Osborne, ha dicho que su Gobierno no quiere participar en un "segundo rescate" de Grecia. En una entrevista con la emisora BBC, el político 'tory' afirmó que si participa en el rescate de Portugal acordado por la UE y el Fondo Monetario Internacional es "a regañadientes". "Yo no firmé eso. Lo firmó mi predecesor", explicó Osborne para explicar las resistencias de su Gobierno.


Bolsas con temor

La tensión que se ha generado en torno al nuevo plan de ayuda a Grecia propiciaba esta mañana un descenso generalizado de las cotizaciones del sector financiero en Europa, lo que provocaba que el IBEX 35 de la Bolsa de Madrid se hundiera el 1,71% este mediodía. El indicador español era el más bajista de Europa, ya que el FTSE MIB italiano descendía el 1,09%, en tanto que el CAC 40 francés se dejaba el 1,03%; el DAX alemán cedía el 0,94% y el FTSE 100 británico, el 0,58%.


Nuevos temores de contagio a España

El agravamiento de la crisis griega reaviva los temores de un contagio a España, que se habían calmado tras el rescate de Portugal, según publica este lunes el periódico británico Financial Times.

"Grecia ha negado que esté considerando dejar la eurozona, pero sus inminentes problemas de financiación podrían revivir los temores de que la crisis de deuda de la eurozona puede contagiarse a España", señala el FT.

"Ello provocaría un agravamiento de la crisis ya que España, la cuarta mayor economía de la eurozona, está ampliamente considerada como la pieza clave del dominó. Si España cae y necesita préstamos de rescate, el conjunto del proyecto de la eurozona podría verse amenazado", alerta.

Los ministros de Economía de la UE debatirán el posible nuevo rescate a Grecia, así como la asistencia financiera de 78.000 millones de euros para Portugal, en su reunión ordinaria del 16 y 17 de mayo.


Rigoberto Menchu inicia campaña a la presidencia


La Premio Nobel de la Paz 1992 y dirigente indígena, Rigoberta Menchú, fue proclamada candidata presidencial por la coalición de izquierda Frente Amplio para las elecciones generales del próximo 11 de septiembre en Guatemala.

Menchú encabeza el movimiento indígena Winaq, uno de los tres partidos legalmente inscritos e integrados a esa alianza, la cual completan la Alternativa Nueva Nación y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca.

Asimismo, participan en el Frente un conjunto de agrupaciones sociales, sindicales, campesinas, ambientales y de otro tipo como el Frente Nacional de Lucha y el Movimiento Nueva República.

A este último pertenece el diputado independiente Aníbal García, quien acompañará a la líder indígena como candidato a la vicepresidencia.



AMNISTIA INTERNACIONAL Declaración Pública


EXTREMADAMENTE PREOCUPANTE QUE SE CONSIDERE SACRIFICAR LOS DERECHOS HUMANOS EN NOMBRE DEL DESARROLLO ECONÓMICO


Amnistía Internacional expresa su más profunda preocupación por declaraciones del Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) José Miguel Insulza, en una entrevista realizada por la BBC en Brasil, que sugieren que los derechos humanos de los pueblos indígenas no deben ser tratados con la misma importancia o seriedad que la tortura, las desapariciones forzadas u otras violaciones derechos humanos ocurridas en el pasado y que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debería “asesorar” a los Estados en estos temas en lugar de tratarlos como potenciales violaciones de derechos humanos.

Asimismo preocupa a Amnistía Internacional que dichas declaraciones parecen sugerir a la CIDH que revise las medidas adoptadas en el caso Belo Monte contra Brasil, lo cual constituiría una preocupante interferencia de un órgano político de la OEA en la autonomía e independencia del sistema interamericano de derechos humanos. Estas desafortunadas declaraciones se dan en el contexto en que varios Estados, especialmente Brasil, han tomado medidas que podrían interpretarse como represalias contra decisiones de la CIDH que ellos consideran contrarias a sus intereses.

Las normas de derechos humanos internacionalmente reconocidas protegen derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales y culturales de manera indivisible. Junto con la prohibición de la tortura, por ejemplo, las normas de derechos humanos protegen también a personas y comunidades frente a nuevos desafíos que se presentan en la región, en particular los impactos causados por los planes de desarrollo económico.

Los megaproyectos de desarrollo como la Represa Belo Monte en Brasil o la Mina Marlin en Guatemala pueden afectar profundamente los derechos humanos de personas y comunidades. Ese impacto puede ser positivo - por ejemplo, la creación de puestos de trabajo y los mayores ingresos fiscales pueden contribuir al desarrollo social. Sin embargo, los megaproyectos también pueden dar lugar a violaciones de derechos humanos incluidos daños al medio ambiente, lo que en general afecta desproporcionadamente a los más pobres y marginados.

En numerosos países de la región los pueblos indígenas se han visto obligados a abandonar sus tierras, han perdido sus medios de subsistencia y han caído en la pobreza como consecuencia directa de proyectos relacionados al petróleo, gas y minería. A este riesgo se agrega la creciente influencia que tienen las empresas interesadas en llevar a cabo esos proyectos en la toma de decisiones de los Estados.

Por esta razón, el derecho internacional de los derechos humanos ha desarrollado una serie de estándares y mecanismos para proteger los derechos humanos de las comunidades locales y en especial de los pueblos indígenas. En 2007 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre Derechos de los Pueblos Indígenas que cuenta hoy con el apoyo de todos los Estados Miembros. Este instrumento complementa el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales.

El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, James Anaya, ha puesto especial atención a este tema, documentado violaciones contra los derechos de los pueblos indígenas y ha recomendado a los Estados medidas para evitarlas en el futuro. Entre esas medidas se cuenta la obligación de los Estados de consultar de buena fe con los pueblos indígenas con anterioridad a la aprobación de un proyecto, con el fin de obtener su consentimiento previo, libre e informado, cuando el proyecto tenga la potencialidad de afectar sustancialmente los derechos de estos pueblos. Este mismo estándar ha sido establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Saramaka vs. Surinam.

La Corte ha establecido que cuando se trate de planes de desarrollo o de inversión a gran escala que podrían afectar la integridad de las tierras y los recursos naturales del pueblo indígena en cuestión, el Estado tiene no sólo el deber de consultar con el pueblo indígena afectado sino también obtener su consentimiento libre, previo e informado, según sus costumbres y tradiciones.

La medida cautelar emitida por la CIDH en el caso Belo Monte está en conformidad con esta tendencia de derecho internacional y solamente recuerda a Brasil que debe detener las obras hasta tanto no realice las consultas correspondientes. Preocupa a Amnistía Internacional que Brasil haya calificado las medidas como “injustificadas y precipitadas” y que haya retirado su candidato a la CIDH para las próximas elecciones.

Es igualmente preocupante que el Secretario General de la OEA no sólo no condene esta actitud de Brasil sino que además sugiera que por ser un proyecto de desarrollo de gran envergadura en un país como Brasil, la CIDH debería tomarse la situación con “más calma”, incluso si la subsistencia y otros derechos de pueblos indígenas pudieran estar en riesgo.

Esto es particularmente incomprensible cuando un año atrás, en ocasión de la inauguración del 138° período de sesiones de la CIDH y en clara alusión a los ataques dirigidos por otro país a la legitimidad y autoridad de la CIDH, el mismo Secretario General de la OEA subrayara la necesidad de "acatar" las decisiones de la CIDH para fortalecer esta institución de derechos humanos y sostuviera que para ello es necesario también un "diálogo permanente" con el organismo.

El escrutinio internacional de la situación doméstica de derechos humanos nunca es agradable para los países involucrados. Sin embargo, los Estados crearon la Comisión Interamericana como un órgano principal y autónomo de la OEA porque entendieron la importancia de la existencia de órganos competentes e independientes para la supervisión del cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos que voluntariamente adoptaron.

De acuerdo a la Convención Americana de Derechos Humanos, los miembros de la CIDH son elegidos por los propios Estados miembros de la OEA en la Asamblea General y son personas de “alta autoridad moral y reconocida versación en materia de derechos humanos” (artículo 34), y sirven en la Comisión “a título personal” (artículo 36.1).

La actitud del Estado de Brasil frente a la medida cautelar emitida por la CIDH en el caso Belo Monte, erosiona la fortaleza y efectividad de un sistema que históricamente ha demostrado ser un elemento catalizador para la efectiva protección de los derechos humanos en la región. El sistema de protección regional pasó de cuestionar los abusos cometidos por gobiernos dictatoriales a advertir las fallas estructurales y los abusos que ocurren en democracia. Los nuevos desafíos de derechos humanos, especialmente en contextos de proyectos de desarrollo, deben ser tomados con la misma seriedad que los demás.

El continente americano ha avanzado en materia de protección de los derechos humanos en las últimas décadas pero todavía falta mucho por hacer para proteger los derechos de los más vulnerables y marginados. La protección de los derechos humanos y la promoción del desarrollo económico no son mutuamente excluyentes y su armonización es uno de los desafíos más importantes de la región. De hecho, las normas de protección de los derechos humanos se reflejan cada vez más en las políticas y los parámetros de préstamos de las instituciones financieras internacionales.

Sería extremadamente preocupante que se estuviera considerando sacrificar los derechos humanos de los pueblos indígenas y de otros grupos vulnerables en nombre del desarrollo económico. Amnistía Internacional exhorta a todos los gobiernos de la región, y a los funcionarios nombrados por dichos gobiernos para servir en el sistema regional, a comprometerse públicamente a proteger todos los derechos humanos, especialmente en el contexto de proyectos de desarrollo, y a cumplir de buena fe con las recomendaciones y sentencias del sistema interamericano de derechos humanos.

Renzo Pomi
Amnesty International Representative at the United Nations
Representante de Amnistía Internacional ante las Naciones Unidas
777 UN Plaza
New York, NY 10017
Telephone (212)867 8878 #3
Fax (212) 370 0183

--
Roberto Espinoza
Tf (511)991199376
ayamtai08@gmail.com
skype : roberto.espinoza2008