lunes, 25 de julio de 2011

Europa y el Estado palestino


LA Unión Europea será puesta a prueba el próximo mes de septiembre, cuando en la ONU se planteará el reconocimiento del Estado palestino. Los dirigentes europeos deberán pronunciarse entonces, como también tendrá que hacerlo, evidentemente, el Gobierno español.

El pasado 30 de junio, el Congreso español aprobó una moción en la que se insta al Gobierno "a que en ausencia de la reanudación de las negociaciones bilaterales, apoye de manera coordinada con la Unión Europea el reconocimiento del Estado palestino". Y resulta que las negociaciones entre palestinos e israelíes no se han reanudado.

Pero ni parece que exista coordinación dentro de la Unión Europea sobre el asunto ni el Gobierno español ha decidido –como se ha puesto de manifiesto durante la visita a España del presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abas– si apoyará el reconocimiento del Estado palestino. Ni el presidente Zapatero ni Trinidad Jiménez, ministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación, han ido más allá de afirmar que consideran "legítima" la iniciativa de Palestina ante el estancamiento de las negociaciones con el Gobierno de Israel.

La indefinición española no se debe únicamente al Gobierno: también depende de lo que finalmente se proponga en la ONU. Los palestinos aún no han aclarado si pedirán el ingreso de su eventual Estado en la ONU, lo que requiere la aprobación del Consejo de Seguridad, donde Estados Unidos ha advertido que ejercerá su derecho de veto; o si sólo acudirán a la Asamblea General, donde tienen asegurada la mayoría (116 de 193 estados) para que el Estado palestino sea aprobado, pero sólo con el estatuto de observador y no como miembro del máximo organismo, como ya lo es la Organización para la Liberación de Palestina (OLP).

Es decir, la prudencia española parece justificada. La acción del Gobierno dependerá de la vía que tomen los dirigentes palestinos. Sin embargo, de momento, la Unión Europea permanece dividida sobre la cuestión. Alemania y Holanda, por ejemplo, parecen más que inclinadas a votar en contra de la determinación palestina de acudir a la ONU, mientras que Francia y Gran Bretaña han dejado entender, por lo menos hasta ahora, que están a favor de la declaración unilateral del Estado palestino.

Dado que Washington ya ha adelantado que utilizará su veto si el Estado palestino pretende ingresar en la ONU, todo indica que la única posibilidad de que los europeos alcancen un mínimo acuerdo es que los palestinos se conformen finalmente con que su Estado sólo disfrute del estatus de observador.


(Posteado de La Vanguardia.com, de España)

*

Brasil. Documentário “SER QUILOMBOLA” pauta audiência pública


By liciojunior

O evento irá ocorrer em 1 de agosto, às 18:30hs,no Centro Cultural da Câmara dos Vereadores ,em Salvador

A audiência pública intitulada “Identidade Quilombola e o Acesso às Políticas Públicas” iniciativa da Comissão da Reparação da Câmara dos Vereadores,presidida pela vereadora Marta Rodrigues,irá debater sobre a importância da afirmação da identidade quilombola no processo de defesa dos direitos constitucionais e das respectivas políticas públicas. O evento irá contar com a presença do Secretário Elias Sampaio (SEPROMI),Alexandro Reis,diretor do Departamento de Proteção ao Patrimônio Afro-Brasileiro da Fundação Cultural Palmares,Silvany Euclênio,diretora dos Programas da Secretaria de Políticas para Comunidades Tradicionais da SEPPIR,Secretário Carlos Brasileiro (SEDES),Secretário Ailton Ferreira (SEMUR),Eduardo Jorge Gomes(SEDIR),José Vivaldo Mendonça,diretor da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional( CAR), Deputado Estadual Bira Côroa,Valmir dos Santos,do Conselho Estadual dos Quilombolas da Bahia e a jornalista e diretora do documentário “SER QUILOMBOLA”,Jaqueline Barreto.

A audiência será iniciada pela exibição do documentário “SER QUILOMBOLA”. A produção audiovisual discorre sobre os principais elementos que constituem a identidade quilombola a partir das comunidades de São Francisco do Paraguaçu e Porteiras,localizadas,respectivamente,nos municípios de Cachoeira e Entre Rios.Relação com a terra,laços de parentesco,racismo,tradições que se reinventam e autoestima são alguns dos assuntos abordados. “Ser Quilombola” conta com a participação dos historiadores Ubiratan Castro e João José Reis,da socióloga e professora da Universidade Federal da Bahia,Lídia Cardel,da ex-representante da Fundação Cultural Palmares,Luciana Mota,e do sociólogo Walter Altino.

O documentário aborda os dois critérios do decreto 4.887/03 que está sob ameaça no Supremo Tribunal Federal:territorialidade e autodefinição. Além disso,representa um direito de resposta da comunidade de São Francisco do Paraguaçu à reportagem exibida pela Rede Globo no Jornal Nacional. Resultado do Trabalho de Conclusão de Curso de jornalismo,da Faculdade Social da Bahia,sob orientação de Jussara Maia e colaboração dos jornalistas Midiã Santana e Deraldo Leal,pretende ser utilizado como instrumento político que estimule a autoestima quilombola e a necessidade de afirmação da identidade como instrumento de acesso às políticas públicas.



Justiça do Mato Grosso do Sul emite condenação inédita por racismo contra indígenas



A 1ª Vara da Justiça Federal de Dourados,no estado de Mato Grosso do Sul,após aceitar os argumentos do Ministério Público Federal (MPF/MS),condenou,a dois anos de reclusão,o advogado e articulista Isaac Duarte de Barros Junior por racismo contra povos indígenas.

Com o título ‘ Índios e o Retrocesso’,o texto de Isaac foi publicado no jornal O Progresso,de Dourados,nos dias 27 e 28 de dezembro de 2008. No artigo,o articulista utilizou termos ofensivos aos indígenas,como “bugrada” e “malandros e vadios”,além de ressaltar inúmeras vezes que a cultura indígena era um retrocesso para a sociedade e deveria ser extinta.

A sentença,inédita,foi emitida no dia 6 de julho de 2011 e condenou o articulista baseando-se no artigo 20 da Lei 7.716/89,atribuído a crimes de preconceito de raça ou cor. O estado do Mato Grosso do Sul possui a segunda maior população indígena do Brasil.



*

Chile: Decreto 124 de MIDEPLAN limita consulta previa a pueblos indigenas



Reportaje internacional aborda situación de la Consulta en Chile. "Movimiento indígena pide derogatoria de decreto que atenta contra la consulta y rechaza propuesta del gobierno.

"Dicho decreto atenta contra la esencia de la consulta que es la participación efectiva de los pueblos indígenas en la adopción de las medidas legislativas y administrativas que les conciernen", señala Marcela Lincoleo. "Estamos exigiendo la derogación del Decreto 124. Estamos pidiendo al gobierno sea consecuente porque el Ministro de Desarrollo y Planificación del actual gobierno dijo que no se iba a usar el decreto, y la propia Concertación [partido de gobierno cuando se promulgó el decreto] asumió que la elaboración de esa medida fue un error. Entonces les decimos que lo deroguen. Ese sería un gesto para iniciar un diálogo serio con el Estado chileno", señaló el dirigente Francisco Vera Millaquén.

Chile: Decreto 124 de MIDEPLAN limita consulta previa a pueblos indigenas

EL NEFASTO DECRETO 124

Limitada y reducida ha sido la aplicación en Chile del mecanismo de consulta previa establecido por el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La principal restricción a este derecho de los pueblos indígenas está dada por el Decreto Supremo 124, publicado por el gobierno de la ex presidenta Michelle Bachelet (2006-2010) el mismo día en que entró en vigencia el Convenio 169, en setiembre del 2009.

El decreto dispone que la consulta es "el procedimiento a través del cual los pueblos indígenas interesados, a través de los sistemas que este reglamento diseña, pueden expresar su opinión acerca de la forma, el momento, y la razón de determinadas medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente y que tengan su origen en alguno de los órganos de la administración del Estado".

"Dicho decreto atenta contra la esencia de la consulta que es la participación efectiva de los pueblos indígenas en la adopción de las medidas legislativas y administrativas que les conciernen", señala Marcela Lincoleo, presidenta de la Agrupación Lakutun, haciendo referencia al artículo 6 del Convenio 169 que establece la consulta a través de mecanismos apropiados e instituciones representativas, no por procedimientos definidos por el Estado. "La consulta previa que establece el 169 está suplantada y tergiversada por el Decreto 124", remarca Lincoleo.

Tal como explica José Valeria Quilapan, profesor de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano y experto en temas de pueblos originarios, existe un gran desconocimiento en la sociedad chilena y en las propias comunidades sobre lo que es la consulta previa y la participación de los pueblos originarios, "cuando éste debería ser un debate nacional".

"Hay una lógica de construcción en la relación del Estado chileno con los pueblos indígenas, en donde hay una institucionalidad que quiere mantener restringidos a los pueblos indígenas, cuando el punto es la autodeterminación de los pueblos", explica.

Rechazo a la "gran consulta" del gobierno

En setiembre del 2009, James Anaya, relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para asuntos indígenas, señaló en el informe de Recomendaciones a Chile la utilidad de llevar a cabo una "consulta sobre la consulta", enfatizando que se debe "contemplar los requisitos esenciales de la consulta establecidos en las normas especiales".

Así, el gobierno anunció a principios del 2011 la realización de la llamada "Consulta de Institucionalidad Indígena", conocida como "gran consulta", que comenzó a realizarse en mayo y finalizará en setiembre, la cual aborda el proyecto de reforma constitucional que reconoce a los pueblos originarios, el contenido de los proyectos de ley que crearán la Agencia Nacional de Desarrollo Indígena y el Consejo de Pueblos Indígenas. Sólo en la última parte de dicha consulta se pregunta por el procedimiento de consulta y participación.

"El gobierno en la gran consulta pone al último el tema de cómo los pueblos quieren ser consultados y las metodologías a usar. ¿Cómo es posible que eso esté al final cuando vamos a opinar sobre el reconocimiento institucional y la institucionalidad si todavía no hemos como pueblo discutido qué mecanismos encontramos que son los apropiados para que seamos consultados?", señala Sandra Huentemilla, presidenta de la Asociación de Profesionales Mapuche.

El plan de la consulta del gobierno indica que en dicho proceso se consideró una alta participación de organizaciones indígenas con espacios de difusión y recursos para la realización de encuentros previos con las comunidades. Sin embargo, los representantes indígenas consultados señalan que sus comunidades no han sido consultadas.

Para Huentemilla, en dicha consulta se está definiendo el futuro como sujetos políticos y jurídicos de los pueblos originarios, por lo que el modo en que se realiza la consulta es clave para que sea un proceso participativo y de buena fe. Al ser un proceso desarrollado sólo por el gobierno en cuyo diseño los pueblos indígenas no han participado, Huentemilla rechaza esa propuesta.

En un encuentro realizado en mayo pasado en Santiago, más de un centenar de representantes de pueblos originarios de diversas partes del país se reunieron para debatir y decidir sobre la "consulta, el reconocimiento constitucional, la institucionalidad y la gobernabilidad" según los principios establecidos en el Convenio 169 de la OIT.

Los representantes de comunidades indígenas que participaron en dicho encuentro señalaron su rechazo al Decreto Supremo 124 e hicieron un llamado a detener el proceso de consulta que está llevando a cabo el gobierno del presidente Sebastián Piñera, exigiendo un procedimiento de consulta con plena participación de los pueblos originarios tal como lo establecen las normas internacionales.

Un proceso de forma inversa a lo establecido por el Convenio 169.

Ese rechazo también es apoyado por comunidades indígenas del sur del país. Así lo explica el werkén (vocero) de la comunidad mapuche huilliche Pepiukelen, Francisco Vera Millaquén, quien señala que el gobierno está llevando el proceso de forma inversa a lo establecido por el Convenio 169.

"El relator de la ONU fue claro al decir que debe haber una consulta para establecer el mecanismo de consulta que se llevará a cabo, es decir, definir primero el procedimiento y las materias a consultar. Ese debería ser el primer trámite y en seguida se debiera definir qué va a pasar con el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, para finalmente abocarnos a las políticas indígenas y la institucionalidad", señala Vera Millaquén.

Dichos mecanismos de consulta deben tener criterios de calidad que aseguren la participación real de las comunidades indígenas, sostiene Juan Valeria Quilapán, académico y experto en temas indígenas.

"Desde el 2009 todas las leyes o políticas públicas que se hagan en Chile y que afecten a los pueblos indígenas tienen que ser consultadas. Por tanto, lo primero que se debe consultar es la metodología, y esa decisión debe tener ciertos requisitos de calidad: que sea transparente, informada, culturalmente pertinente, masiva, con recursos, ya que [los pueblos indígenas] no pueden ser consultados en forma arbitraria ni clientelar porque si no la información recolectada será distorsionada", afirma.

De este modo, la gran consulta del gobierno no estaría haciéndose bajo los mecanismos establecidos por el Convenio 169 que establece que dichas consultas deben hacerse con antelación y bajo la búsqueda de consenso.

Nuevos informes

El año pasado el gobierno entregó a la OIT el primer informe sobre la aplicación del Convenio 169, el que debe ser elaborado nuevamente por falencias en sus contenidos para ser entregado en septiembre próximo.

Huentemilla explica que el informe gubernamental no fue avalado por los pueblos originarios ya que desconocían los contenidos del documento.

"Ese informe fue devuelto y tienen que presentarlo nuevamente, y por eso están realizando dicha consulta; pero los pueblos indígenas no sabemos si el Estado está cumpliendo con las metas establecidas en el Convenio 169", dice.

Según los dirigentes indígenas, la falta de avances del gobierno en materia de pueblos originarios sería el motivo por el cual este año se promocionó la realización de la gran consulta.

En febrero pasado, la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT envió una "solicitud directa" al gobierno, mecanismo que usa esta instancia para comunicar sus inquietudes a las autoridades. e hizo públicas sus primeras observaciones sobre la aplicación del Convenio 169 en Chile.

En la "solicitud directa" se le pide al gobierno que responda sobre la aplicación de mecanismos de consulta y participación de los pueblos originarios. Entre las observaciones se menciona que el decreto 124 no cumple normas internacionales y que "limita las consultas, apunta a la arbitrariedad de la administración para determinar cuándo se aplica y en qué casos corresponde realizar las consultas". Así, la Comisión de Expertos solicita al gobierno que se le informe "sobre el proceso de consulta a los pueblos indígenas de un nuevo reglamento, el cual debe incorporar sus observaciones".

Tal como explica Guillermo Miranda, director de la Oficina Subregional para el Cono Sur de América Latina de la OIT, con sede en Santiago, "el gobierno de Chile —según los procedimientos establecidos— tiene que responder y dar un complemento de información a esta solicitud en el marco de su próxima memoria que someterá a la atención de la Comisión de Expertos sobre la aplicación de este Convenio. A la solicitud de la Comisión de Expertos, el gobierno deberá transmitir su próxima memoria este año a fin de que dicha Comisión pueda examinarla en su próxima sesión que tendrá lugar en noviembre y diciembre del año presente".

A la espera de que el gobierno responda a dichos informes, las organizaciones de pueblos originarios deben presentar nuevos informes incluyendo las debilidades y limitaciones que el Decreto 124 impone a la consulta previa.

Tal como señala Juan Antonio Correa Calfín, gestor intercultural y parte del equipo coordinador del encuentro entre organizaciones indígenas, a partir de ahora "vienen una serie de gestiones para que se derogue el decreto 124 con acciones en el Parlamento, en el Tribunal Constitucional —probablemente— y con el gobierno. Paralizar el tema de la Consulta del gobierno es una de las primeras medidas. Con la OIT tenemos que seguir haciendo un trabajo, pero por sobre todo tenemos que trabajar como pueblo y discutir cómo queremos que se realicen dichas consultas".

"Estamos exigiendo la derogación del Decreto 124. Estamos pidiendo al gobierno sea consecuente porque el Ministro de Desarrollo y Planificación del actual gobierno dijo que no se iba a usar el decreto, y la propia Concertación [partido de gobierno cuando se promulgó el decreto] asumió que la elaboración de esa medida fue un error. Entonces les decimos que lo deroguen. Ese sería un gesto para iniciar un diálogo serio con el Estado chileno", sentencia Vera Millaquén.

Por Rocio Alorda

Fuente: Conunicaciones aliadas

(Posteado de Mapuexpress.com Informativo Mapuche)


*

Brasil: 1ª Marcha das Pretas


Durante a caminhada nas principais ruas de São Vicente os participantes denunciaram a presença subalterna da mulher na sociedade.


No último dia 23 de julho a Educafro de São Vicente – SP promoveu a Primeira Marcha das Pretas por ocasião do dia da mulher negra Latino Americana e Caribenha. O evento teve o apoio da Casa de Cultura de Santos,grupo HIP HOP Mulher e do Círculo Palmarino. Essa data foi marcada em 25 de julho de 1992 quando mulheres negras de 70 países participaram do 1º Encontro de Mulheres Negras da América Latina e Caribenha na República Dominicana.

Pesquisa do IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) divulgada em novembro de 2005 confirma que as mulheres negras são discriminadas no mercado de trabalho. Em 2003,entre as negras do país,cerca de 22,4% eram empregadas domésticas. Entre as brancas o percentual caia para 13,3%,entre elas 30% tem carteira assinada,enquanto 23,4% das negras têm o mesmo beneficio. A mesma pesquisa aponta que também na área da saúde,a negra está em desvantagem, cerca de 46,3% nunca fizeram o exame clinico de mama,enquanto as brancas 28,7%.

Por estes e tantos outros motivos,os participantes percorreram as principais ruas comerciais de São Vicente,denunciando e questionando a não presença das negras em cargos de chefia e na publicidade e a baixa remuneração. Cerca de 70 pessoas participaram da marcha.

Durante o percurso,vários representantes de movimentos sociais se pronunciaram. Urivani Carvalho,vice-presidente da Casa de Cultura de Santos falou sobre a importância do apoio à iniciativa da Educafro e da tradição da instituição às causas femininas. “A Casa da cultura é referência na inclusão de ações afirmativas,atualmente promove capacitação das mulheres negras para o mercado de trabalho. A intenção é cada vez mais apoiar ações como estas para maior conscientização da comunidade”,afirma Urivani.

Já a presidente do Grupo Jurema Preta e vice-coordenadora do INTECAB (Instituto Nacional da Tradição e Cultura Afro-Brasileira) Ya Denise de Sobá,falou que a presença dos movimentos religiosos no evento é de grande importância,especialmente os de matizes africanas,“para nós,religiosos,é importante lutar não só pela tolerância religiosa,mas contra toda forma de preconceito presente na sociedade.”,afirma Denise.

Para a coordenadora executiva do Regional Educafro Baixada Santista,Andréia das Graças,a Marcha das Pretas foi positiva do ponto de vista da visibilidade e informação para a comunidade Vicentina e aponta que o evento já faz parte do calendário do grupo Educafro de São Vicente. “a proposta é tornar o 25 de julho,que é o dia da mulher negra latino caribenha,mais debatido em nossa região,chamando inclusive representantes dos órgãos públicos da cidade para as necessidades das mulheres negras”,ressalta Andréia.

O poder público foi convidado,mas nenhum representante compareceu ao evento.



*

Año de la afrodescendencia: Un año para reafirmar compromisos de inclusión

Epsy Campbell Barr

ALAI AMLATINA, 25/07/2011.- Los y las afrodescendientes somos decenas de millones alrededor del mundo, solo en América Latina y el Caribe representamos aproximadamente una tercera parte de la población, más de 150 millones de personas viven prácticamente en todos los países de la región. Según la información disponible, la condición étnica y racial de los y las afrodescendientes les coloca en una situación social y económica de desventaja, por el legado de la esclavitud y como consecuencia del racismo estructural y de modelos de desarrollo excluyentes, los cuales se manifiestan en desigualdades socio-económicas, insuficiente representación política, limitado acceso a la educación superior y técnica, deficientes servicios de educación pública de calidad en las comunidades, mayores índices de mortalidad materna e infantil, un menor acceso a los servicios de salud, incluida la sexual y reproductiva para las mujeres, subregistro de niños y niñas
al nacer, la criminalización de jóvenes y falta de información estadística confiable.

En su resolución A-Res-64-169I 2011 de las Naciones Unidas, fue declarado por la Asamblea General el “Año Internacional de las Personas de Ascendencia Africana con miras a fortalecer las medidas nacionales y la cooperación regional e internacional, en beneficio de las personas de ascendencia africana, en relación con el pleno disfrute de los derechos económicos, culturales, sociales, civiles y políticos, su participación e integración en todos los aspectos políticos, económicos, sociales y culturales de la sociedad, y la promoción de un mayor conocimiento y respeto de la diversidad de la herencia y la cultura de estas personas”.

En el 2011 se cumplen también los 10 años de la firma de compromisos de los Estados con las personas de ascendencia africana consignados tanto en la Declaración como en el Plan de Acción de la III Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y todas las formas Conexas de Intolerancia realizada en Durban, Sudáfrica en el 2001; sin embargo, la exclusión racial que limita los derechos humanos de decenas de millones de afrodescendientes no se ha modificado sustantivamente.

Se ha avanzado, pero…

Es importante reconocer, no obstante, que en la última década, producto de la organización social y política de los y las afrodescendientes, existen respuestas estatales o gubernamentales de diversa índole para hacer frente a la insostenible realidad afrodescendiente de la región.

Debe destacarse Brasil como el país que más ha avanzado en institucionalidad para promover la igualdad racial a través de la Secretaria de Políticas Públicas para la Igualdad Racial SEPPIR. También algunos países como Uruguay han avanzado en acciones institucionales en favor de las mujeres afrodescendientes, como la Dirección de Mujeres Afrodescendientes en el Instituto Nacional de las Mujeres. En países como Colombia, Panamá, Ecuador, Perú, Argentina, Bolivia, Nicaragua, Honduras y Guatemala se identifican acciones gubernamentales en contra de la discriminación o a favor de la inclusión de los y las afrodescendientes. En los Estados Unidos, las luchas históricas del pueblo afrodescendiente, entre los cuales se destaca el movimiento de liberación negra entre los 50s-70s, tuvo como resultado la creación de políticas de acción afirmativa a favor de la equidad y en contra de la discriminación racial.

Todavía estos esfuerzos nacionales siguen siendo insuficientes ya que la realidad de exclusión, el acceso limitado a los derechos, la falta de representación y la pobreza siguen siendo desproporcionados con relación a la calidad, cantidad y recursos que se invierten en las respuestas gubernamentales. La globalización neoliberal ha exacerbado dichas desigualdades y, paradójicamente, a la vez que se declara el multiculturalismo y se celebra la inter-culturalidad, permanece y en ciertos reglones sociales se profundiza la opresión racial.

El protagonismo de los propios afrodescendientes ha sido vital y este año internacional en el que debe garantizarse un verdadero compromiso regional con recursos y voluntad política, las respuestas locales, nacionales e internacionales exigen de una participación activa de las organizaciones de la sociedad civil y de sus líderes. Por un lado, es importante darle seguimiento e implementar la agenda contra el racismo promovida por las Naciones Unidas, por otro lado es crucial que las organizaciones de la sociedad civil, los movimientos sociales, las organizaciones no gubernamentales y las comunidades de base afrodescendientes articulen e impulsen una agenda propia para mejorar sus condiciones de vida y contribuir a transformaciones generales en aras de la democracia y la justicia.

El Año Internacional de las personas de Ascendencia Africana es un reconocimiento de la realidad de racismo, discriminación y desigualdad social económica y política que afecta a decenas de millones de personas, pueblos y comunidades afrodescendientes, convirtiéndolas en víctimas, con una ciudadanía limitada y sin derechos plenos. Además, la reconocida discriminación de género y el sexismo colocan a las mujeres afro en una situación de mayor desventaja profundizando su exclusión, así como la de la niñez, adolescencia y juventud afro.

Los recursos presupuestarios y financieros han sido absolutamente insuficientes para hacer frente a la realidad de las personas de ascendencia africana. El desafío mayor de los Estados, es promover acciones afirmativas con políticas universales que transversalicen la realidad de las víctimas en todos los programas y acciones de los gobiernos. Más aun, en estos tiempos de crisis global de la civilización occidental capitalista, se requieren cambios sistémicos que combatan el racismo estructural y sus implicaciones múltiples en las condiciones de vida de los pueblos afrodescendientes. Los movimientos afrodescendientes históricamente han estado al frente de las transformaciones democráticas y a favor de la justicia social en el mundo y en esta época hemos de tener ese rol protagónico que nos pertenece.

Pensando en la próxima década

Las personas de ascendencia africana requieren que la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, la UNASUR, Mercosur, SICA, la Organización de Estados del Gran Caribe, la Unión Europea, la Unión Africana y las Instituciones Multilaterales, planteen un Plan de Acción para la próxima década con desafíos, plazos, recursos financieros y mecanismos de rendición de cuentas, que garanticen la participación de la sociedad civil tanto en el plano regional como en el nivel nacional y local. Dicho plan debe recibir insumos y ser consultado con las organizaciones de la sociedad civil y las comunidades de base afrodescendientes, quienes a su vez han de elaborar su propia agenda hacia dentro de las comunidades y pueblos y hacia todos los actores externos empezando por los Estados.

Se identifican como necesidades urgentes: Políticas sociales progresistas, focalizadas y universales que garanticen los derechos a la educación, a la salud, al trabajo, a la tierra y a los recursos productivos; censos que permitan desagregar los datos por género, raza y etnia, programas y políticas dirigidos a la población joven afrodescendiente; abordar la violencia racial existente con políticas que enfrenten la criminalización de jóvenes afro y el genocidio justificado en lucha contra la delincuencia; acciones concretas a favor de los migrantes internos y de los y las migrantes; incorporar la realidad del racismo en todas las agendas: democracia, crisis alimentaria, crisis energética, acuerdos comerciales; derecho a las tierras y territorios afrodescendientes y generar un plan de acción de emergencia para la niñez y adolescencia afrodescendiente. Los Objetivos del Milenio deben de ser cumplidos a cabalidad en todas las comunidades y pueblos afrodescendientes.

Existen diversas organizaciones y redes de afrodescendientes que requieren coordinar acciones para profundizar sus agendas relativas a la inclusión racial, la lucha contra el racismo, la promoción de derechos humanos, el empoderamiento de las mujeres, la inclusión política, la defensa de los derechos de la niñez, el reconocimiento estadístico, la defensa de la tierra y a la promoción de la justicia y los derechos de los y las jóvenes, entre muchos otros temas que realizan acciones en los planos local, nacional y regional.

La realidad de los pueblos y comunidades afrodescendientes pone en serio cuestionamiento la efectividad de una democracia sustantiva que no se conforme con elecciones periódicas relativamente limpias; porque hasta en términos de la democracia representativa América Latina se encuentra en deuda con millones de afrodescendientes que no se encuentran representados y representadas en los diferentes poderes del Estado.

Las mismas metas de desarrollo nacional y los compromisos internacionales de los Estados como los Objetivos del Milenio, parecen dejar en la invisibilidad a las personas de ascendencia africana, pues los promedios nacionales siguen ocultando las inaceptables brechas raciales y geográficas que persisten en los países y que vuelven a colocar a los y las afrodescendientes en los sectores más excluidos del desarrollo.

Agenda de todos/as

La experiencia brasileña de los últimos años, en donde las acciones afirmativas y una política pública con una perspectiva racial alcanzó a millones de afrodescendientes (aunque sin llegar aún a una situación de inclusión estable), podría empezar a dar pistas sobre el camino que deben de recorrer el resto de países de la región para iniciar el largo camino de la inclusión racial, social y económica de las decenas de millones de afrodescendientes que deberá necesariamente de estar acompañada de una inclusión política real.

Este Año Internacional debe de ser el inicio de una década de acciones sostenidas que permitan el goce efectivo de derechos humanos de los y las afrodescendientes, debe de replantear los debates y decisiones para avanzar hacia una democracia intercultural y paritaria que no solo garantice representación para hombres y mujeres de los diversos grupos, pueblos y comunidades, sino que permita una distribución justa de los recursos y las oportunidades en un modelo de desarrollo humano sostenible.

Los derechos humanos siguen siendo para millones de afrodescendientes un horizonte infinito, que casi no se vislumbra, porque pese a sus esfuerzos centenarios de reclamar una humanidad arrebatada de la realidad, sigue estando caracterizada por la carencia y por la injusticia.

Es tiempo ya que la agenda afro sea asumida por todos y todas aquellas personas que luchan por la libertad, por la democracia real y por la justicia. Llegó la hora de que la bandera de lucha contra el racismo y la discriminación sea levantada no solamente por quienes han sido las víctimas. Es ahora cuando tenemos la oportunidad de generar alianzas verdaderas para lograr un nuevo pacto social en el que dejemos del lado las discriminaciones históricas y acordemos una sociedad en donde todas las personas tengan las condiciones para vivir bien y para ser felices.

- Epsy Campbell es economista costarricense, con Maestría en Cooperación al Desarrollo, Coordinadora del Grupo de Trabajo sobre Afrodescendientes en los Censos, Consultora en temas de desarrollo afro, desarrollo rural, mujeres y participación política. Activista social y líder política. Co-Presidenta de la Comisión Nacional Afrocostarricense.

* Este texto es parte de la revista América Latina en Movimiento, No. 467, que trata sobre el tema " Afrodescendencia: memoria, presente y porvenir"

(http://alainet.org/publica/467.phtml)

Más información: http://alainet.org
RSS: http://alainet.org/rss.phtml
Twitter: http://twitter.com/ALAIinfo
______________________________________
Agencia Latinoamericana de Informacion
email: info@alainet.org

Suscripciones: http://listas.alainet.org/listas/subscribe/alai-amlatina
Desuscripciones: mailto:sympa@listas.alainet.org?subject=UNS%20alai-amlatina


*