sábado, 6 de agosto de 2011

Ecuador: Lider indígena Ricardo Ulcuango designado embajador en Bolivia


El dirigente indígena de la Ecuarunari, Ricardo Ulcuango, fue designado nuevo embajador de Ecuador en Bolivia, así lo dio a conocer ayer la Cancillería en un comunicado.

La información fue emitida en la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores, cerca del mediodía, pero horas más tarde fue retirada sorpresivamente del portal.

La noticia sorprendió a la dirigencia indígena que se resiste a pensar que uno de sus principales cuadros políticos y militante radical se haya vinculado con el Gobierno.

El presidente de la Ecuarunari, Delfín Tenesaca, consideró que se trata de una estrategia del Gobierno para dividir al movimiento indígena. “Divide y reinarás. Eso es lo que hace este Gobierno” y anunció una reunión con las organizaciones de base.

El excoordinador de Pachakutik, Jorge Guamán, dudó que Ulcuango haya aceptado la Embajada.

Ulcuango fue diputado por el Movimiento Pachakutik y jefe de bloque. Se desempeñó como vicepresidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie); presidente de la Ecuarunari; además, presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas y otras Etnias del Congreso. Presidió el Parlamento Indígena de América.

Cuando el sector indígena respaldaba al actual régimen (2007) Ulcuango integró la Comisión de Auditoría de la Deuda Externa que calificó al endeudamiento de anteriores gobiernos como ilegítimo. Con base a este informe el entonces ministro de Economía y actual canciller, Ricardo Patiño, inició la renegociación de la deuda externa que se concretó en febrero del 2009.

La Cancillería no explicó oficialmente la razón por la que la información fue retirada de la página web.

En el comunicado, con declaraciones atribuidas a Ulcuango, la Cancillería informó que resaltó la decisión del Gobierno de haberlo tomado en cuenta como embajador y la importancia de la participación de indígenas en la diplomacia.


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Perú; Pluspetrol negocia ampliación de Camisea con cajas de paracetamol, lápices de colores y cuadernos

Estimados compañeros,

Favor de encontrar un articulo sobre los recientes acontecimientos en el ámbito del proyecto Camisea en una Reserva para pueblos en aislamiento en Peru. Vea lo siguiente enlace para mayor información.

http://www.forestpeoples.org/topics/extractive-industries/news/2011/08/pluspetrol-negotiates-expansion-camisea-gas-project-boxes-

Pluspetrol negocia ampliación de Camisea con cajas de paracetamol, lápices de colores y cuadernos

Testimonio Nahua revela los planes de expansión del proyecto Camisea sobre reserva para pueblos indígenas en aislamiento voluntario y el distorsionado discurso de la empresa.

En abril de 2011, un grupo de cazadores Nahua habitantes de la Reserva Kugapakori, Nahua y Nanti para Pueblos en Aislamiento y Contacto Inicial, en el sureste del Perú, sorprendió a un equipo de investigación de la consultora ambiental Environmental Resources Management (ERM) en las cabeceras del río Serjali en pleno corazón de la reserva y territorio ancestral Nahua. ERM había sido contratada por el consorcio Camisea, un mega proyecto de gas que opera en la cuenca vecina.

Los Nahua, furiosos por ser ignorados, expulsaron a los trabajadores. Para evitar un conflicto, la empresa argentina líder del Consorcio Camisea convenció a los Nahua de no preocuparse por una contaminación potencial ya que las investigaciones "no están conectadas con la búsqueda de petróleo y gas, sino que fueron simplemente esfuerzos para monitorear la fauna silvestre".

La posición de Pluspetrol fue respaldada por el alcalde municipal, el cura local y más enfáticamente por el Instituto Nacional de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (INDEPA, entidad gubernamental responsable de la protección de los pueblos indígenas en aislamiento). Después de mucha presión, los Nahua permitieron la continuidad de los estudios a cambio de tres cajas de medicinas, un refrigerador para conservarlas, lápices y cuadernos para los alumnos y empleo temporal de 20 jóvenes Nahua para observar los trabajos.

Como explica Enrique Dixpopidiba Shocoroa, presidente Nahua, en este video (http://vimeo.com/27287600) [1] ni Pluspetrol, la consultora ERM y menos aún el INDEPA pensaron en consultarlos previamente. Más tarde salió la noticia que estas investigaciones están ligadas al estudio de impacto ambiental de una ampliación planificada del proyecto Camisea dentro de la reserva. Inicialmente, estos planes incluyen la apertura de tres pozos gasíferos y una intensiva campaña sísmica en el alto río Serjali.

Los Nahua están muy preocupados por los impactos potencialmente devastadoras de la actividad extractiva en las cabeceras del rio Serjali: cualquier episodio de contaminación podría amenazar la cuenca entera, de la que dependen sus fuentes de agua y medios de vida. Peor todavía, fuentes de la empresa señalaron informalmente que tenían información de que el resto del territorio Nahua y prácticamente de toda la reserva sería clasificada en una nueva concesión petrolera por el Estado como Lote 117. Hasta donde sabemos, los Nahua todavía no han sido informados formalmente de los planes de ampliación del proyecto Camisea. De manera previsible, los más afectados por este proyecto son los últimos en enterarse.

Violando derechos de pueblos extremamente vulnerables

Cajas de medicina y útiles escolares parecen un cambio absurdo, pero es mas entendible si consideramos que el primer contacto de los Nahua con la sociedad nacional fue en 1984. Pocos meses después, casi la mitad de ellos murió de enfermedades introducidas para las cuales no tenían defensas inmunológicas. Hoy no son tan vulnerables a las enfermedades, pero como señala el Señor Dixpopidiba eso no quiere decir que estén preparados para discutir con una empresa multinacional sobre un proyecto de extracción de gas que involucra inversiones por billones de dólares. En cierto modo, la nueva dependencia de la mercadería urbana generada por el contacto los hace más vulnerables todavía: enganchar es fácil cuando requiere poco más que unas cajas de medicina y algo de trabajo temporal. En estas condiciones, ¿es posible una negociación entre iguales, digna de un país democrático y multicultural?

La respuesta a esta pregunta es un escándalo: el consorcio multinacional se aprovecha de un pueblo extremamente vulnerable para imponer la explotación del gas y la institución gubernamental supuestamente creada para velar por la protección de los derechos de los pueblos en aislamiento le está dando la mano. Más allá de la violación del derecho Nahua al consentimiento libre, previo e informado (vigente en el sistema internacional), estamos frente a una nueva violación de la supuesta intangibilidad de las reservas para pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial[2] y una violación de la ley particular a esa Reserva que prohíbe la expansión del Proyecto Camisea dentro de ella[3].

Ignorando el tema y distorsionando los hechos

En lugar de reconocer sus faltas, Pluspetrol ha optado por relatar otra versión de los hechos. En respuestas por escrito[4], simplemente evadió el tema. En reuniones posteriores en Lima en julio, la empresa explicó que el equipo de ERM fue sorprendido “por un grupo de madereros con un guía Nahua” y que no hubo ningún problema con la comunidad. Peor todavía, argumenta que fue ERM quien asustó y espantó a los supuestos “madereros”, convirtiendo al Consorcio Camisea en los grandes protectores de la reserva.

Finalmente, aprovecharon la oportunidad para entrar en un debate sobre la existencia de pueblos en aislamiento en la zona en cuestión. La opinión de los representantes de la empresa es que no existen pero a pesar de eso reconocen que tienen que respetar la Reserva y señalan todos sus protocolos de contacto y medidas de contingencia que tienen. O en otras palabras: “No se preocupen, verificamos que no hay gente aquí, hicimos un poco de sísmica y no vimos a nadie”. Pues, que sorpresa, si una manada de gente vestido en color naranja invadieron mi territorio y empezaron a reventar disparos yo tampoco esperare para hacerles preguntas.

¿Pero por qué sembrar dudas sobre la existencia de pueblos en aislamiento en la zona? La motivación es demasiado transparente. Si no hay nadie, no habría ningún problema con el proyecto de explotación de gas y peor todavía, la supuesta ausencia de poblaciones contribuye con el anhelo empresarial de desintegrar la reserva. Una vez que la gente han muerto o han abandonado la reserva es mucho mas fácil argumentar que no tiene sentido mantenerla.

Los representantes de Pluspetrol podrán decir eso en Lima, pero frente a la comunidad Nahua pidieron disculpas por su “equivocación”. Entonces, ¿por qué no decir toda la verdad en Lima? Tal vez sería demasiado vergonzante revelar la cuestionable realidad de un proyecto prominente como Camisea, con financiamiento de instituciones tan prestigiosas como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Al BID probablemente no le gustaría saber que el proyecto Camisea avanza ilegalmente sobre una reserva para pueblos en aislamiento, ni que Pluspetrol realiza los trabajos de expansión a espaldas de sus legítimos dueños y solo después negocia su entrada con cajas de paracetamol, lápices de colores y cuadernos.



[1] Véase el enlace para una transcripción completa. http://www.forestpeoples.org/topics/extractive-industries/publication/2011/transcript-nahua-testimony-describes-unauthorized-entr

[2] Una ley para la protección de pueblos en aislamiento en Perú, sancionada en 2006, establece la intangibilidad de las Reservas.

[3] Decreto Supremo Nº 028-2003-AG

[4]Véase carta de FPP del 21 de junio de 2011 y la respuesta de Pluspetrol en http://www.forestpeoples.org/topics/extractive-industries/news/2011/06/letter-and-response-pluspetrol-peru-corporation-regarding-

Conrad Feather

Project Officer
Forest Peoples Programme
1c Fosseway Business Park, Moreton-in-Marsh, GL56 9NQ, England

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(Posteado en la Lista Ubuntu)

Honduras: Nuestro Andar Feminista




Las mujeres de Honduras tienen más de medio siglo de organización en la lucha específica de género, siendo las sufragistas en los cincuenta quienes con trabajo, y esfuerzo sistemático lograron el derecho al voto para las mujeres, la primera victoria por la reivindicación de los derechos negados “por cierto una reivindicación de carácter liberal” y son algunas de esas mismas sufragistas las que se enfrentaron también a la dictadura de Carías, por lo cual fueron perseguidas y asesinadas, algunas de ellas.

Durante los años 80 y 90 se fortaleció un movimiento feminista en Honduras que demandaba al Estado mejores condiciones de vida para las mujeres, priorizando y problematizando la violencia por razones de género. Ese fue un movimiento amplio de mujeres diversas con luchas jurídicas, manifestaciones públicas y propuestas culturales importantes para el país. Para el año 2000 el movimiento feminista y otros movimientos habían logrado los cimientos de una frágil institucionalidad estatal como respuesta a la realidad de los años 90s marcada por el incremento de la problemática de la violencia contra las mujeres y el deterioro de las condiciones materiales de la población. Hubo importantes logros en la legislación, la creación de ciertas unidades de género en el sistema judicial, unidades específicas de investigación de delitos contra la vida de las mujeres, juzgados especializados, e instituciones como el INAM. Estos cambios no llegan a impactar en los crecientes problemas de ingobernabilidad que son agravados dramáticamente por la corrupción, la impunidad, la agudización de la pobreza, y la injerencia de los organismos internacionales en la economía interna acelerando la problemática de endeudamiento galopante del país.

Por más de una década el movimiento feminista dirigió sus estrategias a la política de la presencia desde un feminismo excesivamente institucionalizado que al tiempo que tenía algunos logros jurídicos y culturales, particularizaba la opresión de las mujeres alejándolas cada vez más del resto de las poblaciones oprimidas, y de otros movimientos sociales, y particularmente de la realidad cotidiana y diversa de todas las mujeres. En clave de liderazgo se privilegió a un grupo de mujeres, casi todas asistentes a los mismos espacios, que se hicieron representantes de las otras, mientras se aceleraba la desmovilización de más mujeres en cuanto movimiento. Así continúa la historia de encuentros y desencuentros de un movimiento que dio una lectura posiblemente acorde a su momento, pero que en el actual está limitado en relación a la realidad de la situación y luchas por la justicia en Honduras.



El 28 de junio del 2009, muchas mujeres se trasladaron a casa presidencial a protestar contra el golpe, en Tegucigalpa; otras se movilizaron en sus lugares de residencia. A pesar de que fuimos expulsadas del lugar con balas y bombas lacrimógenas, al día siguiente nos volvimos a reunir indignadas por lo que pasaba, y es ahí donde se manifiesta todo el acervo que desde los años en que duró la “primavera democrática hondureña” fueron un acumulado de experiencia, salimos a defendernos ante los golpistas y sus agentes nacionales e internacionales. Inmediatamente surge la articulación entre feministas y nos autonombramos FEMINISTAS EN RESISTENCIA (artistas, estudiantes, académicas, institucionales, autónomas y comunitarias) y seguidamente nos sumamos al FRENTE NACIONAL CONTRA EL GOLPE DE ESTADO que luego se convirtió en el Frente Nacional de Resistencia Popular. El golpe dado por los grupos hegemónicos nacionales, y los poderes imperiales internacionales tuvieron la intención de impedir cualquier cambio social que implicara la democratización participativa e inclusiva de la sociedad hondureña al servicio del bien común y constituir un ejemplo para la región latinoamericana.

El golpe de estado del 28 de junio 2009 y su institucionalización con las fraudulentas elecciones presidenciales de noviembre del mismo año ha obligado al movimiento feminista hondureño a replantearse su quehacer político. Nos ha colocado en reflexiones profundas en cuanto a que “Ni el activismo puro ni la ‘política de presencia” (citar a Breny Mendoza) han resultado suficientes para visibilizar la opresión de las mujeres ni mucho menos para lograr cambios sustanciales en las estructuras estatales y sociales para que una vida más digna, libre y justa para las mujeres sea posible. Al calor de este movimiento la única respuesta de la institucionalidad lograda ha sido la remilitarización de los territorios y de los cuerpos de las mujeres, el incremento de las violencias y recrudecimiento de la represión contra el pueblo hondureño, y el despojo de los bienes naturales que son la gran riqueza de un país empobrecido como Honduras.

Está en cuestión y en desafío para nosotras las feministas ni más ni menos que la identidad política, propuestas de mundo y estrategias a corto, mediano y largo plazo que nos lleven a la transformación que urge en Honduras, país con la tasa más alta de asesinatos en el mundo. Las alianzas construidas y las que construiremos son parte de las grandes interrogantes. Retomar los pactos con otras expresiones de los movimientos de mujeres y sociales es una de las direcciones teóricas y prácticas que sigue siendo un reto. Reconocemos que instalar nuestro pensamiento no es fácil. Significa enfrentarnos al heteropatriarcado propio del movimiento social hondureño y latinoamericano, entendiendo que ante este momento histórico que vivimos, es una alianza necesaria para la construcción de un proyecto de sostenibilidad de la vida de todos y todas desde una democracia incluyente y participativa.



El legado de este movimiento transgresor para las más jóvenes en nuestro andar feminista ha significado replanteamientos importantes de cara a nuestro entorno. El desenmascaramiento de un falso Estado al servicio de la gente y de una inexistente institucionalidad o más bien de aquella puesta al servicio de un estado golpista y patriarcal significó para las mujeres jóvenes el replanteamiento de teorías y prácticas feministas que fuimos construyendo bajo los parámetros de un movimiento feminista enclavado en las instituciones desde donde los liderazgo son más competitivos y requiere de mucha experiencia para las negociaciones con el gobierno y el estado.

El trasladarnos a la calle por más de 5 meses, salir del espacio oficinista y de los talleres selectivos al espacio público, hizo necesario el cambio de nuestras acciones, el acercamiento y diálogo con los compás de las organizaciones, plataformas y colectivos de todas las expresiones; un reencuentro teórico con la comunidad LGTTBI, un activismo colectivo contra el sistema neoliberal-patriarcal con los compas de artistas en resistencia y sus propuestas transformadoras. Un debate continúo con los compás de otros movimientos que integran el FNRP, los pactos y acciones en conjunto, que sin ceder los principios y propuestas feministas han sido hasta este momento alguno de los logros de esa redirección del movimiento.

Logramos situar nuestra realidad y análisis con la de las mayorías y nos reconocimos feministas, campesinas-os, indígenas, negras-os, pobladoras-res todas-os. Nuestro accionar transitó de lo local a lo nacional, y las aspiraciones caminan hacia la colectividad, solidaridad, el respeto. Pero sobre todo a insertar particulares luchas en una global desde la diversidad de movimientos.

Sara Tomé
FEMINISTA EN RESISTENCIA-CEM-H

Tomado de la página web del Movimiento de Diversidad en Resistencia

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MAS entra en arena electoral y lanza campaña contra voto nulo

La oposición considera que se legaliza la campaña electoral. Evo Morales dice que el voto nulo no lo perjudica; pero busca neutralizarlo.

Página Siete / La Paz – 05/08/2011

MAS entra en arena electoral y lanza campaña contra voto nulo

Comicios. El MAS entró al juego de la oposición, ahora hace campaña para alentar el “espíritu democrático” de los votantes para que acudan a las urnas el 16 de octubre.

image El diputado Edwin Tupa luce la polera de la campaña. Captura Red UNO

El Movimiento Al Socialismo (MAS) inició ayer la contraofensiva política en contra del “voto nulo”, promovido por la oposición. La consigna del partido oficialista es “votar es democracia”.

Para la oposición, el MAS entró en la arena electoral y le hizo juego a la oposición, pues está haciendo campaña electoral cuando fue el primero en acusar a los opositores de vulnerar la Ley de Régimen Electoral y el reglamento de difusión de méritos por promover el “voto nulo”.

No obstante, el MAS justificó su acción política al argumentar que no es campaña, sino se trata de un proceso de concienciación para que la gente recuerde que “votar es democracia y democracia es justicia”.

Con una polera blanca que lleva la leyenda de “votar es democracia”, ayer el jefe de bancada del MAS en la Cámara de Diputados, Edwin Tupa, explicó que “nosotros queremos que la población tenga un alto espíritu democrático (para las elecciones judiciales)”, no obstante también reconoció que “(la población) ya lo ha demostrado en varios procesos electorales”.

En las elecciones generales de 2009, la participación ciudadana alcanzó el 90%, según datos de la ex Corte Nacional Electoral, y ese parámetro de asistencia a los recintos electorales fue una constante en los demás procesos electorales realizados.

Consultado si el temor del MAS y la causa para la activación de esta “contra campaña” es que la gente no acuda a votar el domingo 16 de octubre o vote nulo, el diputado Tupa dijo que “no” y se limitó a decir que “no, no estamos realizando campaña por nadie porque las normas dicen que nadie puede hacer campaña”.

“El pueblo boliviano sabe oír, será el ciudadano quien votará por algún ciudadano o ciudadana, o votará en blanco o nulo (‘) ésta es una iniciativa natural, esto no incita a nada’”.

El parlamentario masista también indicó que la campaña es “voluntaria”, es decir se pueden sumar parlamentarios y ciudadanos que buscan concienciar a la población sobre la importancia de sufragar en octubre.

La senadora opositora de Convergencia Centa Rek cree lo contrario: “Es el inicio de la campaña y el MAS está legalizando la campaña electoral, está pasando por encima la ley (de Régimen Electoral) y reglamento (Especial de Difusión de Méritos)”.

La legisladora consideró que el oficialismo teme que en los comicios exista un alto porcentaje de abstención de electores en las urnas y que el “voto nulo” supere la cantidad de votos a favor de sus candidatos preseleccionados en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Consultada acerca de qué hará su frente político en relación al “voto nulo” que es promovido por Unidad Nacional y el “no”, por el Movimiento Sin Miedo, la senadora Rek dijo que en los próximos días se presentará una posición que “visibilizará” a Convergencia Nacional y contará con la participación de representantes regionales.

La reglamentación de las elecciones

Mandato Los medios de comunicación deben observar y cumplir los preceptos de igualdad de oportunidades, imparcialidad, objetividad y veracidad en las entrevistas a las y los candidatos y en la información periodística.

Propaganda Todo mensaje difundido, a favor o en contra de uno o más candidatos, con el propósito de promover candidaturas y pedir el voto.

Difusión El TSE es la única instancia autorizada para la gestión, elaboración y difusión de la información oficial de los méritos de los candidatos, durante los 45 días previos al día de la votación.

El Presidente afirma que el voto nulo no lo perjudica

Morales dice que el voto nulo no lo perjudica; pero busca neutralizarlo.

Efecto. Líderes opositores dicen que el MAS practica ‘mañas’ de la antigua derecha.

La Razón – I.Paredes – Y. Donoso – Sucre

El presidente Evo Morales se sinceró en la Capital del país y dijo que la campaña por el voto nulo que emprenden sus opositores no lo perjudica, aunque llamó a los bolivianos a acudir a las urnas el 16 de octubre, cuando se elegirá en comicios inéditos a 56 cargos del Órgano Judicial.

image Conferencia. El presidente Evo Morales gobierna desde Sucre debido a los festejos patrios.

En una conferencia de prensa en Sucre, desde donde gobierna el país, el Mandatario se preguntó dónde más puede llegar si ni siquiera soñó con ser Presidente. “A mí no me perjudica en nada (la campaña por el voto nulo); si me voy ahora, me voy contento, feliz, misión cumplida”.

Así, Morales salió al paso ante la cruzada que el Movimiento Sin Miedo (MSM) y Unidad Nacional (UN) desarrollan en el país contra las elecciones judiciales, al creer que los candidatos fueron seleccionados de manera irregular. Es más, el MSM optó por considerar los comicios como un plebiscito.

Consultado sobre las campañas del voto nulo, el Presidente aludió a sus promotores de “enemigos” del país. “Es un extremo de egoísmo, porque ellos (oposición) creen que me afectan políticamente, cuando en realidad lo que hacen es enlodar el proceso democrático”.

Al contrario de sus opositores, llamó a los ciudadanos a neutralizar esas campañas. “Algunos pueden incentivar el no al voto. Repito, rechazar es el derecho de cada uno, pero la obligación de todo boliviano es participar, ir a votar (…).

Claro, la tarea de algunos opositores es cómo desgastar políticamente a ese indio; la única manera de parar este proceso es acabando con el indio, con Evo Morales”, dijo la autoridad.

En La Paz, el vicepresidente Álvaro García Linera pidió a la ciudadanía ejercer su derecho al voto. “Es la derecha que quiere el voto nulo, es la misma que hoy se opone a que los indígenas tengan participación de mando en el Estado.

Pese a que algunos de sus integrantes pretendieron mostrarse como izquierdistas o socialistas, al final regresaron a su casa, a la misma mesa de la derecha conservadora”.

Además, pidió a la ciudadanía reconocer quiénes son los líderes políticos que impulsan el voto nulo. “Ellos vinieron de la misma cuna política y hoy vuelven a juntarse en la cena juntos, agarraditos de la mano”, arremetió.

El líder del MSM, Juan del Granado, cuestionó al Movimiento Al Socialismo (MAS), el partido del Gobierno, de usar viejas mañas. “Fueron ellos quienes excluyeron al movimiento indígena campesino originario, como lo hizo antes la derecha. Es el MAS el que utiliza esa vieja práctica derechista, llena de cuoteo y llena de frustración”, dijo.

En tanto, el diputado Jaime Navarro (UN) calificó las declaraciones de García Linera como de preocupación. “Se dan cuenta que la mayoría de la población rechaza este proceso, con una intención clara de copar el Órgano Judicial”, denunció.

El jefe nacional del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Jhonny Tórrez, se preguntó cuán viejo es García Linera. “¿Acaso el MAS no ha hecho acuerdos con (Carlos) Mesa, (Eduardo) Rodríguez Veltzé y otros para encaramarse?”.

Además de UN y MSM, el MNR y agrupaciones cívicas iniciaron campañas por el voto nulo en octubre.

Críticas a la oposición

El presidente Evo Morales recordó que en la Asamblea Constituyente la bancada del MAS planteó que el Órgano Electoral designe a los candidatos a autoridades judiciales. La oposición, dijo, pidió que el Legislativo haga esa función.

La oposición refuerza su cruzada por el voto nulo

A 72 días de las elecciones judiciales, la oposición reforzará su cruzada nacional incentivando el voto nulo en los comicios. Los líderes opositores pretenden llegar al área rural —regiones que son bastiones del MAS— para impulsar su campaña.

El líder del Movimiento Sin Miedo (MSM), Juan del Granado, informó que su campaña, que trata de inscribir un “no” en la papeleta de sufragio, iniciará su segunda fase, con trabajo especial en las comunidades del país. “Jamás utilizaremos recursos públicos para realizar una campaña. Llegaremos al área rural con aportes de nuestra militancia”, afirmó Del Granado.

Por su parte, el diputado de Unidad Nacional (UN) Jaime Navarro explicó que los militantes de su organización política realizan aportes para la campaña por el voto nulo en todo el país. “Se reforzará la campaña y llegaremos a todo el territorio”, dijo.

El Colegio Nacional de Abogados alertó a la ciudadanía, mediante un comunicado, que las elecciones judiciales establecerán la dependencia del Órgano Judicial hacia el Ejecutivo.



Ecuador: Minería, Maldesarrollo y Democracia

Por Maristella Svampa, Colectivo Voces de Alerta[1]

“No daremos marcha atrás en la Ley de Minería, porque el desarrollo responsable de la minería es fundamental para el progreso del país. No podemos sentarnos como mendigos en el saco de oro”.

Rafael Correa, Presidente de Ecuador, 15.1.2009

¿Por qué existe una gran oposición y rechazo social a la minería metalífera a gran escala en América Latina? ¿Será que los gobiernos, las grandes transnacionales mineras y su ejército de comunicadores no trasmiten correctamente las “ventajas” y “oportunidades” del nuevo modelo? ¿Será que las poblaciones involucradas están desinformadas y no están en condiciones de comprender el impacto que en términos de trabajo, progreso y desarrollo tendría la industria metalífera a gran escala, sobre todo en aquellas regiones pobres y relegadas de nuestra amplia geografía latinoamericana? Estos parecen ser los principales argumentos que repiten funcionarios, técnicos de las más variadas especies y, por supuesto, las grandes compañías mineras, que hoy buscan legitimar un modelo que genera cada vez más resistencias en gran parte del territorio latinoamericano.

Lejos de los ‘planteos’ implícitos en los discursos gubernamentales, los motivos de la oposición social a este tipo de emprendimientos mineros hay que buscarlos tanto en las características tecnológicas y económicas de los mismos, así como en las consecuencias sociales, ambientales y políticas que éstos generan. El elemento central que explica el pasaje de la minería ‘tradicional’ a la ‘moderna’, está dado por la escala de explotación y ésta obedece en realidad al progresivo agotamiento -a nivel mundial- de los metales en vetas de alta ley.

La gran mayoría de las explotaciones industriales actuales extraen los metales con leyes sumamente bajas. En la actualidad, se explotan yacimientos de cobre con un promedio de 6 kg de metal por tonelada de roca tratada. En el caso del oro, la gran mayoría de los yacimientos presentan una ley inferior a 10 g/tonelada de roca tratada, e incluso hasta 0.5 g/tonelada. En Ecuador, los proyectos auríferos Quimsacocha (a cargo de la empresa Iamgold) y Fruta del Norte (a cargo de la empresa Kinross) cuentan con leyes de 6.76 g/t y 11.2 g/t, respectivamente. A nivel mundial, los desechos líquidos y sólidos generados por cada onza de oro producida oscila entre un promedio de 12 y 120 toneladas.

Esto implica que, al disminuir la concentración del mineral contenido en las rocas, deja de ser rentable la explotación mediante socavones. Así, con el objeto de extraer los minerales diseminados en la roca portadora y frente a la creciente demanda de los mercados internacionales, asistimos hoy a la generalización vertiginosa del sistema de explotación a gran escala, utiliza técnicas de procesamiento usando sustancias químicas altamente contaminantes, que producen impactos negativos en la salud de las poblaciones y cuantiosos daños ambientales, los cuales han sido fehacientemente probados en diferentes países y regiones. Al mismo tiempo, dichos procesos contaminantes suelen tener un carácter transfronterizo, al que se añade la irresponsabilidad de las empresas ante el cierre de minas (pasivos ambientales).

En la mayoría de los casos, la gestión de los sitios mineros y de las diferentes contaminaciones, en particular por metales pesados y drenaje ácido de mina, quedan a cargo del Estado. En el Ecuador, la empresa china CCRC-Tongguan prevé la extracción del yacimiento Mirador, con tan solo 13 kg de cobre puro por tonelada de tierra y roca mineralizada. Esta contará una mina a cielo abierto tendrá al menos 1.2 km de diámetro. Por cada tonelada de concentrado de cobre producido, se producirá un promedio de 94 toneladas desechos sólidos y líquidos (Esta cifra no incluye los desechos producidos durante la refinación). [2]

Por otro lado, se trata de minería a gran escala, esto es, de mega-emprendimientos, por lo cual estamos hablando de una actividad que consume enormes cantidades de agua y energía (una mina de oro de tamaño medio consume unos 100 litros de agua por secundo, es decir 8.640.000 litros por día) y compite por tierra y recursos hídricos con otras actividades económicas (agricultura, ganadería, turismo). En este sentido, dada la envergadura de los emprendimientos, éstos tienden a desestructurar y reorientar la vida de las poblaciones, desplazando economías regionales preexistentes. Asimismo, se trata de minería transnacional, lo cual quiere llamar la atención no sólo respecto de que la actividad está altamente concentrada en unas pocas grandes empresas de capitales extranjeros que operan a escala global, sino también de que el destino casi exclusivo de estas explotaciones es la exportación de minerales con escasa transformación o valor agregado.

Es por ello que esta actividad favorece la reprimarización de la economía, que termina por reconfigurar negativamente los territorios y economías, al tiempo que genera una nueva dependencia: los países latinoamericanos exportan cada vez más materias primas, lo que aparece reflejado en la concentración económica, en la especialización productiva y la tendencia a la monoproducción, así como en la consolidación de enclaves de exportación.

¿Desarrollo y trabajo?

Uno de los argumentos centrales que suelen esgrimir los defensores de esta actividad es asociar minería con creación de puestos de trabajo. Lo que suele ocultarse es que los proyectos mineros a gran escala generan una demanda intensiva de trabajo en las fases iniciales, lo cual crea la ilusión de trabajo permanente. En realidad, la minería de gran escala se caracteriza por ser una de las actividades económicas más capital-intensivas. Cada 1 millón de dólares invertido, se crean apenas entre 0,5 y 2 empleos directos[3]. Cuanto más capital-intensiva es una actividad, menos empleo se genera, y menor es la participación del salario de los trabajadores en el valor agregado total que ellos produjeron con su trabajo: la mayor parte es ganancia del capital.

Pese a ello, el fantasma del desempleo es un argumento utilizado de manera recurrente para promover la megaminería, pese a que en el desenvolvimiento de estos emprendimientos difícilmente se cumplan con las promesas publicitadas. En Perú, por ejemplo, la minería es la actividad que menos contribuye a la generación de empleo: ocupa apenas el 1,5 de la Población Económica Activa (PEA), contra un 32,7% de la agricultura y un 26% de los servicios. Para el caso de Chile, las estadísticas muestran de forma contundente el fuerte incremento de los volúmenes de explotación y extracción, y de los valores de exportación, producidos a la par de una paralela caída en la cantidad absoluta y relativa del empleo minero. Así, mientras los volúmenes de minerales extraídos registraron un crecimiento promedio del 150%, entre 1990 y 2004 se produjo una pérdida neta de 18.490 puestos de trabajo. Con ello, la ya exigua participación de la minería en el total de ocupados del país se redujo drásticamente en más del 50%, pasando del 1,34% del total de ocupados en 1990 a sólo el 0,67% en el año 2004.

En Argentina, pese a las promesas de los megaemprendimientos mineros, la minería representa menos del 0,7% del total de los asalariados registrados. El caso de Bajo la Alumbrera, en la provincia de Catamarca, uno de los yacimientos de cobre más grandes de Sudamérica, es emblemático. Cuando ésta arrancó en 1997, predominó la sensación de que, aún cuando las concesiones otorgadas fueran excesivas, se trataba de la “única alternativa para aprovechar tales riquezas como motor del desarrollo provincial”. Minera Alumbrera auspiciaba la creación de 10.000 puestos de trabajo para ocupación de mano de obra directa.

Por un lado, durante la fase de construcción de la mina se crearon 4.000 puestos de trabajo, según un informe publicado por la Cámara Argentina de Empresarios Mineros. Sin embargo, siguiendo un estudio de la Universidad Nacional de San Martín, el empleo directo fue de 831 puestos de trabajo en el año 2000, 795 en el año 2001 y 894 en el año 2002. Y según la página de la empresa, en el yacimiento minero trabajan actualmente 1.800 empleados: 800 puestos de planta permanente y un promedio de 1.000 contratistas, la mayor parte trabajadores que no provienen de la zona de explotación.

Por otro lado, la acentuación de los niveles de pobreza, indigencia y desempleo contrasta notablemente con la ‘evolución’ de las variables macroeconómicas en un contexto de fuerte expansión de las exportaciones mineras. A la hora actual, tras catorce años de explotación de Bajo de la Alumbrera, el paisaje socioeconómico de la provincia no cambió favorablemente, sino todo lo contrario: los índices industriales y de la construcción cayeron y los niveles de pobreza siguen siendo más altos que la media nacional (17,2% de pobreza en 2009 para el Gran Catamarca), con porcentajes de población ‘asistida’ a través de los diversos ‘programas sociales’ de los más altos del país, e incluso, con algunos valores superiores a la media de la región.

En Ecuador, actualmente, según cifras del Banco Central de este país, la extracción de minerales representa 2.982 empleos directos y 10.254 empleos indirectos. Con el arranque de la minería metálica a gran escala, se estima que la contribución del sector a la economía del país, según el borrador Plan Nacional de Desarrollo Minero, generará 10.000 nuevas plazas de trabajo. En el caso del proyecto Mirador, se prevé la creación de 1.200 empleos directos durante la fase de exploración, y de 586 empleos directos durante la fase de explotación.

Volviendo a la Argentina, respecto de la renta minera, las reformas de los `90 y el régimen tributario permitieron que el sector funcionara con altas tasas de rentabilidad. Los aspectos que tienen un papel clave en la construcción política de la rentabilidad empresarial minera son, en primer lugar, la ingeniería fiscal compuesta de inéditas exenciones y beneficios impositivos que inciden de modo determinante en la porción de las rentas de explotación que los estados y las sociedades ceden a favor de los ‘inversionistas’. No es que la minería no pague impuesto a las ganancias, pero en general tienen un régimen que les permite deducir el 100% de lo invertido en prospección y exploración; no pagan tasas municipales y se les garantiza tarifas “no distorsivas” de luz, gas, combustibles y transportes, entre otras muchas exenciones (A esto se conoce como “subsidios encubiertos”).

En Argentina y en Perú, el porcentaje máximo que se cobra en concepto de regalías es del 3%, pero éste puede ser menor. En San Juan -paradigma de la megaminería en Argentina-, en 2009 la empresa Barrick Gold aportó por la mina Veladero sólo el 1,7% en regalías. El resultado final es así una ecuación financiera asimétrica: ingresos fiscales exiguos versus ganancias empresariales extraordinarias. Esto permite que coexistan en un mismo territorio empresas inmensamente ricas y pueblos extremadamente pobres, como ocurre en Perú, Argentina o México.

En 2010, tanto en Chile y en Perú se levantaron fuertes voces críticas reclamando el cambio de la legislación tributaria para la minería y el pago de una renta extraordinaria. Pero solamente para el caso chileno, éstas desembocaron en la sanción de la Ley N° 20.026, que establece el pago de un impuesto equivalente al 5% de las Utilidades Operacionales para empresas (o grupo de empresas relacionadas) que venden más de 50.000 toneladas métricas finas de cobre al año, o su valor equivalente para otros productos mineros. Sin embargo, más allá de las ganancias extraordinarias y lo que éstas puedan aportar a las arcas del Estado, la historia mundial ha venido mostrando que ningún país del sur se ha desarrollado apelando a la explotación de sus recursos minerales.

Es cierto que para el caso de los países especializados en materias primas, la minería transnacional puede generar fuerte crecimiento económico (aumento del producto interno bruto), como sucede en el Perú minero, pero éste es volátil, con escaso “derrame” y sin auténtico desarrollo para la población. Esto sucede así, porque los procesos de encadenamientos productivos dinámicos a partir de la minería se dan únicamente en los casos de los países centrales (Estados Unidos, Canadá, Australia), que son aquellos donde están radicadas las grandes corporaciones transnacionales que controlan las cadenas de valor a escala global.

Finalmente, aspirar al “desarrollo total de las fuerzas productivas”, por más que se quiera citar ciegamente a Marx o apelar al desarrollismo de antaño, implica un gran retroceso e ignorancia; significa volver a una concepción lineal del desarrollo, hoy ampliamente cuestionada en vista de los costos sociales, sanitarios y ambientales que el planeta está afrontando. Muestra a las claras que, más allá de las retóricas ampulosas, y aunque se hable de Derechos de la Naturaleza o de la Pachamama o de manera más modesta de “cuidado ambiental”, nuestros gobernantes, tanto como las grandes empresas conservan una concepción productivista, que identifica el desarrollo con el mero crecimiento económico, sin contemplar los indicadores sociales y ambientales, que en mediano y largo plazo son claramente negativos.

Derechos humanos y democracia

Si hay algo que precisamente no puede ser negado o minimizado, ni siquiera por el propio discurso tecnocrático prominero, es la fuerte conflictividad social desencadenada de manera creciente por los proyectos extractivos. A lo largo de toda América Latina y de la geografía de los países del Sur en general, a medida que se fueron ampliando la cantidad de proyectos extractivos y las superficies territoriales intervenidas, los conflictos provocados por los mismos no han cesado de crecer. La casuística de la conflictividad social generada por proyectos mineros es extensísima y prácticamente muy difícil de abordar en términos exhaustivos.

Cada proyecto minero desencadena, de por sí, un proceso conflictual que empieza ya con las actividades de exploración y que no cesa ni aun cuando es momentáneamente paralizado, ni cuando se hubiere agotado el ciclo de vida del yacimiento. La conflictividad tiene, como los pasivos ambientales que deja la minería misma, una sobrevida que excede largamente la del período de explotación del yacimiento, tal como se puede verificar en casos emblemáticos de la minería latinoamericana, en Guanajuato y Zacatecas (México), Cerro de Pasco, La Oroya o la Bahía de Ilo (Perú) (H.Machado, 2010).

Actualmente, no hay país latinoamericano con proyectos de minería a gran escala que no tenga conflictos sociales suscitados entre las empresas mineras y el gobierno versus las comunidades: México, varios países centroamericanos (Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá), Ecuador, Perú, Colombia, Brasil, Argentina y Chile. Según el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) existen actualmente 120 conflictos activos que involucran a más de 150 comunidades afectadas a lo largo de toda la región. Sólo en el Perú, la Defensoría del Pueblo de la Nación da cuenta de que los conflictos por la actividad minera concentran el 70 % de los conflictos socioambientales y éstos a su vez, representan el 50 % del total de conflictos sociales en ese país, no casualmente uno de aquellos donde más acelerada y descontroladamente se ha dado la expansión minera (De Echave et all. 2009).

Este contexto de conflictividad contribuye directa o indirectamente a la judicialización de las luchas socio-ambientales y a la violación de los derechos en la medida en que no se generan procesos de consultas adecuados a las comunidades, son desalojadas de las tierras reclamadas por las empresas y éstas últimas contaminan los recursos de las comunidades como son el agua y la tierra, de los que dependen para su vida.

En definitiva, la minería metalífera a gran escala es muy cuestionada, no por falta de cultura productiva o simple demonización de la actividad, sino porque constituye una síntesis acabada del mal desarrollo[4]. Pero además, dicha minería pone en jaque a la democracia, porque avanza sin consenso de las poblaciones, generando todo tipo de conflictos sociales, divisiones en la sociedad, y una espiral de criminalización de las resistencias que sin duda abre un nuevo y peligroso capítulo de violación de los derechos humanos.

Así, en un nuevo escenario de vinculación global que los diferentes gobiernos latinoamericanos –sean progresistas, de izquierda o de inspiración neoliberal- comparten en nombre del “consenso de los commodities”, la minería metalífera a cielo abierto se ha convertido en la actividad más cuestionada en la región, en una suerte de figura extrema, un símbolo del extractivismo depredatorio, al sintetizar este conjunto de rasgos particulares directamente negativos para la vida de las poblaciones y el futuro de nuestros países.

En consecuencia, no se trata solamente de una discusión económica o ambiental, sino también de una discusión política sobre los alcances mismos de la democracia: se trata de saber si queremos debatir lo que entendemos por desarrollo sostenible; si apostamos a que esa discusión sea informada, participativa y democrática, o bien, aceptamos la imposición de nuestros gobernantes locales y las grandes corporaciones, en nombre del nuevo consenso de los commodities y de un falso desarrollo.-

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[1] Retomamos parte de los argumentos y datos desarrollados en 15 mitos de la minería transnacional, colectivo Voces de Alerta, Librería de Humanidades Kronopios, Montevideo, Uruguay, 2011. Por ende, al tratarse de un libro colectivo, la verdadera autoría de esta nota también es colectiva.

[2] Esta cifra está muy por debajo del promedio mundial de 497 toneladas dado por el US GEOLOGICAL SURVEY.

[3] Cálculo sobre datos de Minera Alumbrera, Veladero, Potasio Río Colorado y otras. Hernández indica 1 empleo directo por cada US$ 1,2 millones: HERNÁNDEZ, S.: Sistemas Legales de Apoyo a la Pequeña y Mediana Minería, en: http://www.panoramaminero.com.ar/sergio%20Hernandez.doc

[4] Tortosa, José María; “Mal desarrollo y mal vivir – Pobreza y violencia escala mundial”, editores Alberto Acosta y Esperanza Martínez, serie Debate Constituyente, Abya-Yala, Quito, 2011.

Coordinación de la serie Los perversos versos de la minería: Carlos Zorrilla, William Sacher, Alberto Acosta.

Responsabilidad de los textos: cada autor o autora.



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