martes, 16 de agosto de 2011

Perú: Las falsas interpretaciones a los conflictos socioambientales


Wilwer Vilca Quispe


ALAI AMLATINA, 16/08/2011.- Han transcurrido dos semanas desde que Ollanta Humala asumiera el cargo, una corta etapa en la que el nuevo gobierno ha emprendido una serie de medidas de emergencia destinadas a hacer viable su gestión en casi todos los sectores. Una de ellas, la atención a los conflictos socioambientales, los cuales fueron el talón de Aquiles para el gobierno anterior, que no supo o no quiso sopesar este problema ni entenderlo en su real dimensión.

Sin embargo, las acciones inmediatas de la administración Humala parecen seguir la dinámica del mea culpa del gobierno de Alan García: “no hemos sabido prevenir oportunamente los conflictos socioambientales”, se excusaba el anterior mandatario, cada vez que un conflicto rebasaba el control policial o militar. El resultado: más de un centenar de fallecidos entre civiles, militares y policías, por la terquedad de imponer actividades económicas que no guardan relación con la vida de los pobladores que reclaman ser escuchados y entendidos.

Ahora, desde el gabinete ministerial presidido por Salomón Lerner se ha anunciado el impulso de la Oficina de Gestión de Conflictos Sociales de la Presidencia del Consejo de Ministros, donde se ha nominado a Víctor Caballero como jefe. Las preguntas que rondan en las organizaciones indígenas, campesinas y agrarias son: bajo qué criterio intervendrá esta oficina, cuáles serán los alcances de su competencia y hasta qué punto podrá resolver o prevenir los conflictos. Preguntas centrales si consideramos que en ningún momento ni el gobierno anterior ni el actual se han referido a las principales causas de los conflictos socioambientales.

Para empezar, hay que dejar claro que los pueblos y comunidades indígenas no sólo piden un diálogo sobre un problema específico. Lo que quieren es sentarse con el gobierno hasta que sus demandas sean entendidas. Esto implica que el gobierno de Humala debe comprender que los pueblos indígenas están reclamando el reconocimiento territorial –territorio entendido como un espacio de vida, no sólo suelo, subsuelo y aire–, lo cual pasa por la titulación de más de 1700 comunidades nativas en la amazonía; el reconocimiento de su propio modelo de desarrollo o planes de vida, que no prevén actividades extractivas a gran escala; la promulgación de la ley de consulta, aprobada por el Congreso el 19 de mayo del 2010; una política agresiva en seguridad con soberanía
alimentaria; la anulación y modificación de algunas leyes que fueron promulgadas sin la consulta a los pueblos y comunidades indígenas.

En síntesis, reconocer a los pueblos indígenas territorialmente y no solo identificarlos como simples comunidades culturalmente diferenciadas o apenas identificadas en un mapa etnolingüístico.

La dimensión de las demandas es tal que éstas no pueden ser resueltas por una oficina de prevención de conflictos. Se necesita –y con urgencia– una política integral, multisectorial, que involucre a todos los sectores del gobierno. Si la respuesta a los conflictos socioambientales se reduce a una simple “voluntad de diálogo”, sin tener en cuenta las demandas descritas, pues los conflictos no sólo se mantendrán sino se incrementarán, tal vez con mayor velocidad que durante el gobierno de García (periodo en el que pasaron de 83 en 2006 a 227 en 2011, de los cuales casi la mitad socioambientales), porque el actual gobierno en su campaña prometió atenderlos y solucionarlos.

Por consiguiente, las esperanzas son enormes y las desilusiones pueden ser fatales: provocarían más convulsiones sociales similares a las de Bagua (junio 2009) o el reciente escenario del levantamiento del pueblo aymara (junio 2011).

Además, hay que advertir que el gobierno de García no consideró y en cambio obvió la institucionalidad de la representación de los pueblos y comunidades indígenas, para dialogar directamente con los representantes comunales de los pueblos indígenas, con el supuesto objetivo de armar un plan de desarrollo desde la visión de los propios pueblos. Este mecanismo de sobrepasar la representación de las organizaciones ha generado mayores conflictos, puesto que quienes inciden y están en permanente diálogo con el Ejecutivo y el Legislativo son precisamente los representantes de las organizaciones de carácter nacional y no los presidentes y lideres locales de las comunidades indígenas.

Se hace necesario darle una mayor organicidad al tantas veces manoseado Instituto Nacional de Desarrollo de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano (Indepa), hoy adscrito al Ministerio de Cultura, quien tiene que garantizar el respeto por la institucionalidad de los pueblos y comunidades indígenas.

La pregunta final es si este escenario es entendido por los asesores gubernamentales y si el mismo les garantiza condiciones mínimas para crear espacios de diálogo y concertación con las propias organizaciones indígenas, a fin de definir los aspectos centrales de sus demandas. De ser así –como todos esperamos– la cuestión central es si cada ministerio está dispuesto a ceder, teniendo en cuenta la pluralidad de pensamiento de sus titulares.

Tema más que preocupante, porque pese a esa aparente diversidad ideológica, todos han reiterado que no cambiarán el modelo económico y el curso de crecimiento de la economía nacional, que precisamente se ha dado bajo el patrón de las exportaciones de materias primas, básicamente polimetálicas e hidrocarburos, que son la madre de
todos los conflictos.

- Wilwer Vilca Quispe es consultor y asesor de organizaciones indígenas
en los países de la Comunidad Andina.
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Ecuador: Movimiento indígena de la Costa pide al Gobierno ser considerado para cargos públicos


Hace 3 años, aproximadamente, Pedro Chango fue designado como fiscal indígena en el Guayas. Afirma que este cargo lo ha logrado por méritos propios.


El representante del sector en la Costa hace hincapié en que no sólo los indígenas que viven en la Sierra deben ser tomados en cuenta al momento en que el régimen designe un cargo público, sino también aquellos que viven en la Costa tengan las mismas oportunidades considerando que poseen un alto nivel de preparación.

Más de 500 mil indígenas residen en el sector, quienes ejercen sus actividades económicas en la Costa, e incluso un gran número de ellos, señala Chango, poseen título de tercer nivel para poder desempeñar cualquier función pública.



Marta Harnecker: “Cada reforma es una guerra, pero hay que ganarla”



Omar Jaén Lynch

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Cada oración que sentencia es una muestra de una vida dedicada a la investigación política y social. De mirada profunda y de hablar pausado -con un encantador acento araucano- Marta Harnecker se toma su tiempo para explicar las ideas que surcan su mente.

Las experiencias vividas por más de 40 años en actividades políticas, de educación popular y periodísticas, la han llevado a comprender que en una entrevista “no se debe hacer caer o pillar” a la persona inquirida, sino que hay que darle la confianza suficiente para que sus respuestas sean más cercanas a la verdad posible.

Su paso por Ecuador -es la cuarta vez en su carrera- se debe a la invitación de organizaciones sociales, entre ellas Alianza PAIS, para que la escritora política dé conferencias en la Universidad de Guayaquil sobre “El instrumento político para la sociedad que queremos construir”.

Radicada siete años en Venezuela, la investigadora chilena ha emprendido un análisis sobre la tendencia progresista en América Latina y, especialmente, sobre sus principales actores: los movimientos sociales.

La literata recuerda que en su segundo viaje a Ecuador -en 1991- pudo conocer de cerca el surgimiento de la dirigencia indígena y de un desconocido Pachakutik, que en esa época se presentaba como la gran posibilidad para reivindicar los derechos de ese colectivo social.

En la actualidad ve con pesar que cierta parte de la dirigencia indígena haya adoptado posiciones semejantes a las de los partidos de derecha y, además, considera estéril que tanto indígenas como representantes del actual Ejecutivo se enfrasquen en discusiones y peleas sin sentido, teniendo en cuenta que ambas partes tienen objetivos comunes. Sobre este y otros temas trata su último libro: Ecuador: Una nueva izquierda en busca de la vida en plenitud que se presentará mañana, en la Casona en Guayaquil, y en Quito el 23.

En su nuevo libro analiza el auge de varios movimientos sociales que a la larga incursionaron en la política. ¿Qué pudo encontrar en Ecuador?

Yo he estado muy interesada en los procesos políticos que se han dado desde 1991, cuando hubo el primer levantamiento indígena en el país. Estuve invitada ese año, cuando estaba el auge del movimiento indígena, a un encuentro con ellos. Y debo confesar que en aquella época me interesó la experiencia de Pachakutik, que era el partido político que había surgido de los núcleos indígenas. Me entusiasmaba enterarme que en los inicios de esta organización se pretendía que cuya dirigencia fuese controlada por las bases y respondiera ante ellas y no se despegara y viviera en un mundo aparte como los representantes burgueses.

Estuve siete años viviendo en Venezuela en donde comencé, en 2007, a desarrollar el programa denominado “El instrumento político para el siglo XXI” y a sus actores, como los movimientos y sectores sociales. En ese contexto me pareció indispensable comenzar a investigar sobre Pachakutik aun cuando ya sabía que por desgracia no se había logrado consolidar el proyecto original.

¿Qué otras experiencias regionales pudo investigar?

El libro también recoge experiencias sobre el MAS (Movimiento al Socialismo) de Bolivia, de un pequeño partido en Paraguay el PMAS (Partido del Movimiento al Socialismo) que surge del movimiento estudiantil. Aún nos resta por publicar la historia del Partido de Trabajadores de Brasil.

Regresemos al ámbito ecuatoriano. ¿Cómo se desarrolló el trabajo con la dirigencia indígena?

Hubo ciertas complicaciones, porque hubo sectarismos durante el trabajo, porque, por ejemplo, también asistiría Virgilio Hernández, que había abandonado Pachakutik, por lo cual muchos compañeros no quisieron sentarse a la mesa. Entonces solo logramos que participaran Blanca Chancoso y el asambleísta Hernández.

Con estas dificultades iniciales, ¿cómo se fue redactando el libro y a qué conclusiones se llegó?

Como el Gobierno de Correa se consolidaba decidimos incluir también la experiencia de Alianza PAIS. Así fue que durante dos años conseguimos otras entrevistas como, por ejemplo, una muy amplia con Ricardo Patiño sobre el tema.

Después de esas horas de grabación ¿qué pudo detectar al interior del movimiento indígena?

Entre otras cosas, como dice Miguel Lluco, ex coordinador de Pachakutik, el discurso tan agresivo del presidente Rafael Correa, por más que solo apunte sus críticas a algunos dirigentes, hace que todos los indígenas se sientan atacados y reaccionen en forma defensiva. Aglutina al movimiento en contra del presidente.

Al tener este acercamiento con uno de los frentes sociales más importantes del país, ¿qué visión tiene de la participación de estos en la realidad nacional y su relación con el Ejecutivo?

Yo estoy muy entusiasmada con lo que he visto del actual proceso político, pero creo que la parte más débil es justamente esta relación Gobierno-movimientos sociales. Coincido con varios de los entrevistado cuando dicen que el discurso que mantiene el Presidente no ayuda, pero también hay que tener en cuenta que en los procesos de cambio, las dirigencias de los frentes sociales suelen no estar en sintonía con las verdaderas aspiraciones de las bases y, en muchas ocasiones, no las representan. Mi pregunta, porque aún lo investigó por lo que no puedo dar una afirmación, es cuán avanzadas están las bases indígenas en comparación a su dirigencia. Eso todavía no lo sé. Porque amplios sectores de la población ecuatoriana respaldan a Rafael Correa y me sorprende la beligerancia que tienen hacia el mandatario los dirigentes indígenas, entonces habría que ver si esa posición también la tienen las bases de ese colectivo. Otro caso que no entiendo es este rechazo total de la Conaie a la designación de Ricardo Ulcuango como embajador a Bolivia, siendo un representante de las verdaderas aspiraciones indígenas.

¿Palpa, entonces, un divorcio entre el Gobierno y la dirigencia indígena?

Hay que entender que los gobiernos progresistas, como los que hay en la región en estos momentos, tienen su gran fortaleza en los movimientos organizados. Es fundamental que haya una alianza, un proyecto común entre el Ejecutivo y las organizaciones populares. Por eso me es tan complicado, tan doloroso ver que a pesar de que el Gobierno plasmó las aspiraciones indígenas en la Constitución, y que haya proyectos comunes, todavía tenga enfrentamientos con la dirigencia indígena.

Nosotros en Chile, durante el Gobierno de Salvador Allende, tuvimos ese defecto. Uno de los motivos por el cual el golpe de Estado tuvo éxito fue porque mientras los conservadores estaban unidos, nosotros, en la izquierda, no superábamos nuestras diferencias y no comprendíamos que las discrepancias son secundarias en comparación al proceso revolucionario. Me preocupa que en Ecuador todos los que comparten un proyecto están separados. Y es culpa de todos, no solo del discurso del presidente, sino también de las respuestas de las dirigencias de los movimientos. Hablaba sobre la participación actual de los frentes sociales junto con los gobiernos en la actualidad de la región.

¿Cómo ve los enfrentamientos de justamente de un importantes sector social -los universitarios- con el Ejecutivo en su país?

Hay que empezar por comprender que Sebastián Piñera es un liberal completo. Si pensamos en América Latina, desde que triunfa Hugo Chávez en 1998, hay un cambio cada vez mayor consolidándose hacia lo progresista, hacia un abandono del neoliberalismo. Y Chile era uno de los países que mantenía las posiciones de derecha, junto con México y Colombia, porque Perú, por más crecimiento económico que ha tenido últimamente, en sus últimas elecciones dio un paso hacia la izquierda.

En Chile había mucho escepticismo, nadie se movía, pero todo llega hasta su límite y eso creo que ha sucedido con el movimiento estudiantil. Lo interesante es que el proceso actual no se queda en los universitarios, sino que está convocando a la sociedad entera. Es innegable que estamos viviendo una época de cambios, sino que lo diga la primavera árabe, que también era una situación impensable.

¿En qué período cree que se encuentra Latinoamérica?

Sin dudas que estamos pasando por una época de revolución. Pero quienes están en los procesos deben entender que ahora contamos con el poder del Estado, a diferencia de los procesos de izquierda en el siglo XX. Nuestras izquierdas no entienden este lento caminar hacia la meta y quieren que hagamos cosas que no podemos hacer, no porque no querramos hacerlo, sino porque no tenemos la fuerza necesaria para hacerlo Y por eso es que pienso que la clave del éxito es que seamos capaces de construir esas fuerzas que nos permitirán avanzar más rápido y seguro, y esas fuerzas ¿dónde están?, en nuestros pueblos. Si nuestros pueblos se unen, se organizan, si presionan con propuestas podremos lograr ese avance que todos deseamos.

Permítame saltar a otro tema coyuntural. Usted se autocalifica como una sicóloga de formación, pero periodista de formación. ¿Cuál es su opinión del trabajo que desarrollan los medios de comunicación en nuestros tiempos? Se lo consulto porque es un tema que se debate -con ideas, pero también con pasionismos- en nuestra región.

Lo primero es tener en cuenta lo que dice Noam Chomsky, cuando manifiesta que la propaganda en las democracias es como el látigo en las dictaduras. Los medios de comunicación, que por lo general están en manos de unos pocos, logran a veces mantener los sistemas opresores, convencen a la gente de que no hay alternativas, porque los engatusan con el tema del consumo. A mi parecer, los sectores conservadores saben que su arma más importante son estos medios. Ya no se necesitan bombas, ya no se necesitan fusiles.

Estas son las bombas que tiene la oposición. Cuando se trata de tocar el dominio que ellos tienen estallan pero de una forma increíble. En Venezuela hay libertinaje de prensa, en Chile -el movimiento estudiantil- dice “El Mercurio miente”. En nuestra época nosotros hicimos un movimiento para rechazar este comportamiento de este diario, pero aun así lo de El Mercurio era mucho menos sesgado que lo que Globovisión o El Universal plantean. En estos procesos hay una fuerte defensa de lo que se tenía. Cada reforma, cada transformación es una guerra, pero hay que ganarla porque nuestros pueblos tienen derecho a estar informados y lo que sucede es que la prensa en la actualidad desinforma.

Pero también nuestra prensa, la progresista, tiene que ser capaz de informar de lo bueno y de lo malo, tiene que hacer conciencia crítica de lo que sucede en el Gobierno. Eso nos pasó en Chile porque no sabíamos hacer prensa desde el Gobierno, desde el proceso. Estábamos acostumbrados a ser prensa opositora y es toda una cultura de la izquierda, que estaba acostumbrada a ser destructiva y lo que necesitamos ahora es una izquierda constructiva. Una izquierda que está bien que critique, pero que también dé propuestas.



Bolivia: Con cerca de 500 indígenas se inicia marcha en defensa de TIPNIS


*

Servindi, 15 de agosto, 2011.- Con al menos 500 indígenas de diferentes organizaciones se inició hoy la marcha en defensa del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) y en contra de la construcción del segundo tramos de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos.

Los indígenas protestantes, entre ellos yukis, yucarés, mojeños, guaraníes, chimanes y representantes del altiplano, se concentran en Trinidad, departamento del Beni, y planean llegar a La Paz en 33 días.

En la marcha participan la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ) y será en presencia de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Bolivia (APDHB).

“Si el presidente Evo Morales decide venir a dialogar en persona, que nos alcance en plena marcha”, aseguró Celso Padilla, presidente de la Asamblea del Pueblo Guaraní, en referencia que no habrá marcha atrás en la protesta.

Añadió que la marcha se hace por convicción y para que se respeten los derechos indígenas, porque para ellos el TIPNIS es trascendental, puesto que tiene que ver con la tierra, el territorio y la defensa de los recursos naturales.

En tanto, el representante de la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC), Ramilo Galindo, aseguró que el Movimiento Al Socialismo (MAS) no ha dejado otra salida que la medida de protesta.

Las noche de ayer llegaron indígenas a la concentración: “continúan llegando las delegaciones de los chiquitanos, yuracarés y del trópico de Cochabamba. Estamos hablando de más de 500 personas (que participarán) de la primera partida y posteriormente irán sumándose”, afirmó Chávez.

En Puerto Geralda, en el Coliseo de El Pantanal y en el Cabildo Indígena se concentraron los marchistas que, de diversas regiones del país, fueron llegando para apoyar a los habitantes del Tipnis.

Una delegación de 30 integrantes del Consejo de Capitanes Guaraníes de Chuquisaca y un centenar de indígenas de CONAMAQ se sumaron a la jornada de protesta.

La representante de los guaraníes chuquisaqueños, Carmen Cruz, señaló que la fue una decisión de la organización, de modo que un segundo grupo partirá hoy hacia Trinidad, en el departamento del Beni.

“Estamos listos ya como parte del Consejo de Chuquisaca con todas las autoridades zonales (…) somos 30 personas para integrarnos mañana en la tarde (lunes), estamos esperando los vehículos para irnos a Trinidad”, declaró.

El Mallku del CONAMAQ, Rafael Quispe indicó que la mañana de ayer domingo llegaron a Trinidad un centenar de indígenas de tierras altas para acoplarse a la movilización.

“Será una marcha como la de 1990, por nuestros derechos, por nuestra Madre Tierra, para que entienda este gobierno que también estamos existimos”, sostuvo Quispe.

Por otro lado, Miriam Juvan Uremoye, representante del pueblo mojeño del Beni, manifestó que ellas serán las que organicen en los primeros tramos de la marcha que llegará a la sede del gobierno.

Movilizaciones urbanas

La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia informó que se organizarán marchas urbanas de parte de grupos de jóvenes en el país para expresar su solidaridad con la protesta indígena.

Yolanda Herrera, presidenta de la Asamblea, manifestó que “serán marchas pacíficas y de concientización que significa la relación mutua con la naturaleza”.

“Primeramente con la bendición de la Iglesia (Católica) y después se llevará un acto simbólico del 90 (para comenzar con la marcha)”, afirmó Herrera.

Asimismo confirmó la participación de muchos de los indígenas que participaron en la marcha del 90. “Hay algunos hermanos que ya no pueden caminar pero los vamos a tener en el acto simbólico”, señaló.

Como se sabe, hoy, 15 de agosto, se recuerda un año más de la marcha indígenas de 1990 por la tierra el territorio y la Asamblea Constituyente, que también partió de Trinidad hacia la sede de gobierno.

Cocaleros quieren construcción de la vía

El dirigente cocalero, David Herrera, de la zona colonizada del Polígono 7 (TIPNIS), afirmó que la carretera en cuestión fue un compromiso del gobierno de Evo Morales hace seis años.

El además miembro del Comité Impulsor de la Carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos de la Federación del Trópico, aseguró que el actual gobierno hizo los esfuerzos para que la “añorada carretera” sea una realidad.

La carretera deberá pasar por la zona del Polígono 7, donde la principal actividad es la producción de hoja de coca.



Gobierno de Bolivia reitera llamado a diálogo con movimientos indígenas que rechazan carretera


Caracas, 15 Ago. AVN .- El Gobierno de Bolivia reiteró su llamado al diálogo a los movimientos indígenas que realizan este lunes una movilización en el Parque Nacional Isiboro Sécure, en el oriente del país.

Las comunidades originarias denuncian los posibles daños al hábitat que producirá la construcción del segundo tramo de la carretera entre los departamentos de Beni y Cochabamba.

Datos oficiales señalan que los tramos I y III de la vía, que tiene un total de 300 kilómetros, ya tienen licencia ambiental.

Frente a esta situación, el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, César Navarro, reiteró que el gobierno del presidente Evo Morales está dispuesto a dialogar con las comunidades indígenas, reseñó la agencia ABI.

El funcionario expresó que Ejecutivo envío a varios ministros a la región, pero que las conversaciones no pudieron avanzar “debido a la posición radical de algunos dirigentes”.

Navarro negó que se produzcan daños ambientales en el parque Isiboro Sécure y alertó que detrás de varios líderes indígenas hay organizaciones no gubernamentales “a las que no les interesa el desarrollo, sino el mantenimiento de una Amazonía incomunicada en Bolivia”.

Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Walter Delgadillo, manifestó que la depredación del citado parque sucede por la existencia de comerciantes ilegales que lucran con los recursos naturales.

Aclaró que la construcción de la carretera es una buena manera de conservar y proteger la zona, aumentando la presencia estatal y fortaleciendo el papel de las organizaciones originarias y de las comunidades.

10:58 15/08/2011