jueves, 27 de octubre de 2011

Indicadores del desarrollo de África ahora disponibles

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Los Indicadores del desarrollo de África (ADI, por sus siglas en inglés) 2011 son la última recopilación de datos del Banco Mundial sobre las condiciones sociales y económicas en este continente y ofrecen la colección más detallada de datos sobre África. Incluyen indicadores macroeconómicos, sectoriales y sociales de 53 países. Los ADI están diseñados para proporcionar a todos los interesados en África un conjunto específico y conveniente de información para realizar el seguimiento de los programas de desarrollo y los flujos de ayuda en la región. Se trata de una valiosa herramienta de referencia para analistas y responsables de formular políticas que busquen una mejor comprensión de los acontecimientos económicos y sociales que ocurren en África.

El camino por recorrer

A pesar de los avances logrados en los últimos años, los países africanos siguen afrontando los persistentes desafíos a largo plazo que plantea el desarrollo. La estructura productiva poco diversificada, el bajo nivel del capital humano, la deficiente gestión de gobierno, la fragilidad del Estado, la potenciación de las mujeres, el empleo juvenil y el cambio climático se encuentran entre los principales desafíos.

Se espera que con la creciente demanda de información para hacer el seguimiento de la Estrategia regional de África del Banco Mundial, los Documentos de estrategia de lucha contra la pobreza (DELP) de los Gobiernos, los programas nacionales de desarrollo y los objetivos de desarrollo del milenio (ODM), así como el acceso cada vez mayor a los medios electrónicos en África, los ADI seguirán evolucionando con el fin de ofrecer la información más valiosa para supervisar el avance del desarrollo.

Esto permitirá a los países y sus asociados en el desarrollo evaluar la magnitud de los problemas y desafíos que enfrentan y medir el progreso. Contar con mejores estadísticas es de gran valor y esto sigue siendo un gran reto para África. Algunos datos interesantes:

  • El ingreso nacional bruto (INB) per cápita del país más rico al sur del Sahara es 83 veces mayor que el del más pobre.
  • Nigeria tiene la mayor población de África al sur del Sahara (154,7 millones de personas) y representa el 18% de la población total del continente.
  • Seychelles tiene 1.049 teléfonos móviles por cada 1.000 habitantes y Eritrea tiene 28 por cada 1.000 habitantes. Son los países con la mayor y menor cantidad de teléfonos móviles por cada 1.000 personas en África al sur del Sahara.
  • Solo el 24% de la población rural de África al sur del Sahara tiene acceso a servicios mejorados de saneamiento en comparación con el 42% de la población urbana.
  • Entre 2000-2009, Rwanda y Uganda consiguieron los mayores logros en términos de esperanza de vida: 8 y 7 años respectivamente. Por el contrario, la esperanza de vida disminuyó 5 años en Lesotho y 4 años en Sudáfrica y Swazilandia.
  • En el 21% de los países de África al sur del Sahara, uno o dos productos representan al menos el 75% de las exportaciones totales.
  • Rwanda tiene la mayor cantidad de mujeres en el Parlamento nacional con el 56% del total de bancas. Comoras tiene la menor cifra con un 3%.
  • El mayor beneficiario de la asistencia oficial para el desarrollo (AOD) en África al sur del Sahara, Etiopía, recibió una cantidad 165 veces superior a la del menor beneficiario, que es Seychelles.
  • La mortalidad infantil aumentó el 21% en la República del Congo durante el período 1990-2009, siendo el mayor incremento en África al sur del Sahara. La mayor reducción fue del 60% y tuvo lugar en Madagascar.
  • A mediados de la década de 1980, más del 80% de los países de África al sur del Sahara tenía regímenes autocráticos. En 2009, más de la mitad de los países al sur del Sahara eran democracias.

Encuentre más información sobre los ADI en:

Para más información, envíenos un correo electrónico a: ADI@worldbank.org.

"El presidente más habilidoso para hacer daño a los países chicos de América Latina fue Lula, te metía el puñal mientras te sonreía"


Andrés Soliz Rada, escritor y exministro de hidrocarburos de Bolivia en el gobierno de Evo Morales

Revista Pueblos

Para entender por qué las transnacionales siguen controlando el sector de los hidrocarburos en Bolivia hay que remontarse a los primeros meses del Gobierno de Evo Morales, cuando se decretó la nacionalización. Y a unos meses después, cuando se firmaron los contratos de explotación de las empresas trasnacionales. Para ello, nada mejor que hablar con Andrés Soliz Rada, el ministro de Hidrocarburos que firmó el derecho de nacionalización. Y que renunció tiempo después, cuando certificó que la nacionalización había perdido su sentido original por las presiones de las multinacionales.

"El presidente más habiloso para hacer daño a los países chicos de América Latina fue Lula, porque te metía el puñal mientras sonreía y te decía: ‘¿Sabes? A mí me interesa no tener vecinos pobres’. Y mientras tanto te estaba sacando hasta la última gota de todo”, dice Soilz de Rada. El apoyo que dio Brasil al Gobierno boliviano frente a la amenaza separatista de la zona más rica de Bolivia, el Oriente del país, fue el arma que utilizó Lula en la negociación, según el exministro. “En eso hay que ponerle una palabrita de comprensión al Evo”, dice.

En el decreto de nacionalización, preparado por el equipo de Soliz Rada, los contratos que se establecían eran de servicio. “Para que me entienda la gente, uso el ejemplo del pan. Yo elaboro pan y lo llevo al horno. El horno me cuece el pan y ¿qué pasa luego? Me entrega el pan, y yo le pago por el servicio”. Cuando se elaboraron los contratos con cada una de las multinacionales, los contratos ya no eran de servicio, sino que se habían convertido en contratos de producción compartida. Es decir, se pagaba al horno por cocer el pan y luego se daba al hornero un porcentaje de la venta del pan. En concreto un 50 por ciento de los beneficios. Y un contrato de servicio no es nada revolucionario. A menos que se considere al régimen de Arabia Saudí como filocomunista.

Pero el decreto de nacionalización no preveía una tributación del 50 por ciento, sino de un 82 por ciento para el Estado en el caso de los megacampos, todos en poder de Petrobras, recuerda Soliz Rada. En 2005, el decreto 3058 aprobado por el Gobierno de Carlos Mesa tras las movilizaciones de la Guerra del Gas y el referéndum de julio de 2004, subía los impuestos y regalías de un 18 por ciento a un 50 por ciento. Esta legislación, que obedecía al masivo reclamo de recobrar la soberanía sobre los hidrocarburos, sigue aún vigente a la hora de repartir los ingresos entre las empresas y el Estado, según el exministro.

“Cuando hicimos el decreto de nacionalización establecimos un porcentaje del 82 por ciento para el Estado porque a Petrobras se le habían entregado campos descubiertos por Yacimientos, desarrollados por Yacimientos, con el mercado brasileño ya conquistado por Yacimientos. En esas condiciones era una retribución más que justa”. Pero ese aumento en la tributación era “un cálculo preliminar” que estaba atado al resultado de unas auditorías que revelaran cuáles fueron las inversiones realizadas, el desgaste del equipo o las ilegalidades cometidas. Para ellos se realizó “una licitación para contratar empresas auditoras de renombre mundial” y se formó un equipo de ingenieros, economistas y abogados para que fiscalicen el trabajo de los auditores.

Desde el principio, a la compañía brasileña la idea de las auditorías no le gustó mucho. “Un delegado de Brasil me dijo: "Es que la auditoria no refleja el momento psicológico en el que se firmaron los convenios". Yo le dije: ‘Éste es un aporte maravilloso a la teoría económica’”, cuenta Soliz Rada.

Cuando se empezaron a firmar los contratos, “a las auditorías se las ignora, se las oculta, y como las empresas habían empezado a pagar el 82 por ciento, el Estado les devuelve el dinero, porque no se logró comprobar con las auditorías los excesos cometidos”. Igual que en Argentina, precisa el exministro, se acepta la información que dan las compañías bajo la modalidad de declaración jurada. “Juro que se ha invertido tanto", dice la British. “Y esas auditorías no se van a publicar, el Gobierno ya ha dicho que no sirven, que son obsoletas”, se lamenta.

De esta forma, “ahora las compañías siguen pagando el cincuenta por ciento”, como con el Gobierno de Carlos Mesa. “El aumento de los ingresos se debe a la escalada de los precios internacionales y a la exportación de mayores volúmenes de gas. Ni un centavo te dio la nacionalización”, matiza Soliz Rada.

Todo el proceso estuvo rodeado de presiones de las empresas multinacionales, representadas en Bolivia por la Cámara de Hidrocarburos. “Querían que YPFB entrara a formar parte de la Cámara de Hidrocarburos. Y yo declaré que no reconocía un sindicato de trasnacionales y que voy a hablar con las trasnacionales una por una. No con su sindicato de mafiosos", cuenta Soliz. “Fue una experiencia maravillosa, porque cada representante que me venía criticaba a la otra.

Repsol por ejemplo, me hablaba pestes de la Total. Y la Total me hablaba pestes de la British. Denuncié que la Repsol se estaba anotando las reservas de petróleo del Campo Margarita como suyas. Entonces vienen los de Repsol y me dicen: ‘No puede ser, ministro’. ‘¿Es mentira?’, les pregunto. ‘No, pero también lo hace la British, también lo hace la Total, también lo hace la Shell’”.

Pero la principal presión vino de Petrobrás y el Gobierno brasileño. “Conseguí y publiqué el informe de Petrobrás al Congreso brasileño. Y Petrobrás dice: ‘Hemos logrado cambiar los contratos de servicio por contratos de producción compartida’. Y luego Petrobrás dice: ‘Los contratos de producción compartida nos permiten nuevamente anotar en bolsa las reservas de Bolivia’”, recuerda quien fuera diputado con el partido Condepa.

Y ésa fue la razón de su marcha del Gobierno. “Saqué una resolución ministerial sobre la refinería manejada por Petrobras. De acuerdo con el decreto de nacionalización a Petrobrás le pago por el servicio. Entonces vino la llamada de Marco Aurelio García, asesor de Lula, para que me fuera”, dice. Un mes después de su renuncia se firmaron los contratos.

“¿Se sabe que los modelos de contratos fueron redactados por Repsol? Y cuando se leyeron los contratos, Petrobrás protestó porque había puesto cosas para Repsol y tuvieron que modificarlos", se ríe Soliz Rada.

SAN PABLO SIN GAS BOLIVIANO

Además de presionar para convertir los contratos de servicios en contratos de producción compartida, la ‘diplomacia’ brasileña se centró en impedir por todos los medios la industrialización del gas que importa de Bolivia. Según Marco Gandarillas, del Cedib, “el gas boliviano es muy rico, con una planta de separación de líquidos tienes la posibilidad de sacar el propano y el butano de exportación”. Sin embargo, a cinco años de la nacionalización Bolivia sigue sin haber construido esa planta y sigue vendiendo “un gas rico que tiene propano, butano, etc., como si fuera un gas pobre”, dice Gandarillas, dejando de ingresar unos 700 millones de dólares al año.

¿Pero por qué no se ha construido esa planta? Para Soliz Rada la respuesta es muy simple: “Porque el operador principal de los campos es Petrobras y Repsol trabaja con Petrobras. A ellos les interesa que el gas boliviano sea industrializado en San Pablo en primer lugar, y en segundo lugar en el Matto Grosso. 4.700 millones de dólares invertirá Brasil para industrializar el gas boliviano en el Brasil”.

El exministro cree que Bolivia perdió una gran oportunidad para negociar con Brasil cuando todavía toda la industria de San Pablo dependía del gas boliviano. Actualmente Brasil dispone de fuentes de abastecimiento alternativas. “Yo negocié durísimo con Brasil”, dice y relata su encuentro con su “colega”, el ministro de Hidrocarburos de Brasil:
“Acabo de leer una novela que se llama El Mundo sin Petróleo.

¿Y qué pasa? -dice el ministro brasileño.

Hay un petrolero estadounidense que choca en la costa de California y se arma un desparrame, llaman al gabinete y uno de los ministros del gabinete dice que conoce a un científico en Montana que tiene un descubrimiento que les podría salvar. Le dicen que lo traigan. El científico no quiere largar el invento, pero igual se lo arrebatan. Era un líquido con una bacteria que se echaba sobre el agua contaminada y la bacteria se comía el petróleo. Éxito absoluto, ocho o diez horas después el agua empieza a verse clara y todos con una cara de felicidad. Lo que el científico había tratado de explicar es que la bacteria se transmitía por el aire. Y empieza a comerse las estaciones de gasolina, luego los tanques de los coches, y los productos hechos con plásticos... Los estadounidenses tienen que sacar sus caballos y reponer un ferrocarril de 1890... Yo estoy escribiendo la segunda parte de esta novela.

Pero ¡qué importante! -dice el brasileño-. Va a ser un éxito. ¿Y le puedo preguntar cómo se va a llamar?

Pero claro, se va a llamar San Pablo sin el gas boliviano”.

Martín Cúneo es miembro del colectivo editorial del periódico Diagonal.
rCR
Difundido por GEAL - Grupo de Estudios sobre América Latina y el Caribe

Ecuador: Montecristi Vive exige el cese de la represión gubernamental !!!


Frente a los últimos actos de represión por parte del gobierno nacional a la protesta social, en Quimsacocha (Azuay), Rio Grande (Manabí), Intag (Imbabura), Pangui (Zamora Chinchipe) y en otras zonas del país en donde se pretende extraer recursos naturales no renovables.

Frente al enjuiciamiento penal por sabotaje y terrorismo de decenas de dirigentes indígenas, campesinos, ecologistas y de movimientos sociales que ejercen su legítimo derecho de resistencia.

Frente a las detenciones arbitrarias de Marco Guatemal, presidente de la Federación de la Federación Campesina Indígena de Imbabura FICI, y de Leonardo López, dirigente campesino en el Azuay.

Se ve en la obligación de pronunciarse públicamente para

Solidarizarse con las víctimas de la represión y sus familiares, y con todas las personas y colectividades que luchan dignamente por sus derechos y los derechos de la naturaleza.

Rechazar el uso de la violencia, de la criminalización a los líderes indígenas, campesinos y de movimientos sociales.

Para hacer un llamada a la ciudadanía con el fin de exigir del gobierno nacional

  1. El inmediato cese de la represión y la desmilitarización de las zonas de conflicto.
  2. El irrestricto respeto y garantía de los derechos de las personas, de la naturaleza y de las colectividades que resisten al modelo extractivista de desarrollo.
  3. La apertura al diálogo, convencidos que los mecanismos democráticos, la consulta previa y el diálogo son los mejores medios para resolver y prevenir los conflictos sociales.
  4. La inmediata liberación de las personas detenidas.
  5. El archivo de las causas penales abiertas por la protesta pública.

Para lograrlo solicitamos escriban cartas de protesta con el contenido de este comunicado a las siguientes direcciones:

Economista Rafael Correa

Presidente de la República del Ecuador

García Moreno N 10-43 entre Chile y Espejo, Quito. Telefax (593-2) 382 7000, 258 4000

O a la siguiente dirección electrónica:

http://www.presidencia.gob.ec/index.php?option=com_contact&view=contact&id=2&Itemid=115

Doctor José Serrano

Ministro del Interior

Benalcázar N 4-24 y Espejo Quito. Telefax (593-2) 295 5666

O a la siguiente dirección electrónica: jose.serrano@ministeriodelinterior.gob.ec

Licenciado Xavier Ponce

Ministro de Defensa Nacional del Ecuador

Calle Exposición No. 208, sector la Recoleta, Quito. Telefax (593-2) 295 1951

O a las siguientes direcciones electrónicas: comunicacion@midena.gob

http://www.midena.gob.ec/index.php?option=com_contact&view=contact&id=9&Itemid=27


Doctor Galo Chiriboga,

Fiscal General de la Nación

Avda. Eloy Alfaro N 32-250 y República, Quito. Telefax (593-2) 255 9958/59, 290 3031.

O a la siguiente dirección electrónica: despacho@fiscalia.gob.ec

Indígenas critican la "vergonzosa" actitud de Brasil sobre una presa amazónica


Fue muy bueno que el conflicto del TIPNIS, en Bolivia, suscitará la solidaridad y el apoyo, tanto al interior del país como en el exterior.

En el caso de Brasil, el grado de conflicto, la agresión al "medio ambiente", a la "naturaleza" o a la "pachamama" y a la vida de las poblaciones nativas e "indígenas", no son del mismo nivel, sino !!mucho peor!!

Si en un país como Bolivia, bajo la presidencia de una persona de origen aymara, hubo tanta fortaleza y predisposición a la denuncia y a enfrentarse al gobierno, es de esperarse que, en el caso de Belo Monte y frente a un gobierno que expresa y sostiene una abierta articulación entre capitales "nacionales" y "transnacionales", el nivel de solidaridad y de apoyo, interno y sobre todo externo, deberá ser el doble y hasta el triple....o no?


Washington, 26 oct (EFE).- Las ONG y los movimientos indígenas brasileños que se oponen a la construcción de la hidroeléctrica de Belo Monte calificaron hoy en la OEA la actuación del Gobierno de "vergonzosa" y denunciaron la violación de los derechos humanos.

"Es una vergüenza la manera en la que nos ha tratado nuestro propio Gobierno, con continuas mentiras y negándose al diálogo con las comunidades afectadas", afirmó Sheila Juruna, líder de los indígenas en la región de Pará, en el norte de Brasil.

Representantes de los indígenas habían acudido a Washington para sostener un encuentro con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, al que finalmente el Gobierno de Brasil decidió no acudir.

"Estoy horrorizada por ver cómo somos tratados en nuestra propia tierra sin tener siquiera el derecho de ser consultados en este horroroso proyecto", agregó Juruna en rueda de prensa en la sede del organismo hemisférico.

El complejo hidroeléctrico, que tendrá un coste de 10.600 millones de dólares y se levanta en el municipio de Altamira (Pará), inundará 516 kilómetros cuadrados de selva lo que obligará a abandonar sus tierras a unas 50.000 personas que habitan en los márgenes del río Xingú, afluente del Amazonas.

El Gobierno de la presidenta brasileña Dilma Rousseff defiende, por su parte, el proyecto, al entender que será clave para la seguridad energética del país y el desarrollo de la región amazónica.

La abogada Andressa Caldas, directora de Justicia Global, aseguró que con esta decisión de "no dialogar" el Gobierno "se dispara a sí mismo en el pie. ¿Cómo se le va a dar asiento en el Consejo de Seguridad si desautoriza a una institución de derechos humanos como la CIDH?".

Asimismo, Jacob Kopas, de la Asociación Interamericana de Defensa del Medio Ambiente (Aida), subrayó que "la actitud de Brasilia es un golpe en la cara de la imagen que promueve de Brasil como líder regional y anfitrión de importantes eventos ambientales como la cumbre Río+20 del próximo año".

Los representantes indígenas y de las ONG se reunirán mañana con la CIDH para denunciar la actitud del Gobierno brasileño y reiterar su oposición al proyecto por los daños irreparables que causará al ecosistema y a las condiciones de vida de indígenas y campesinos.

La construcción de Belo Monte ha originado un fuerte enfrentamiento entre la OEA y Brasil después de que la CIDH emitiese un dictamen en el que pedía suspender las obras de la polémica represa, cuya construcción comenzó el pasado mes de marzo.

Brasil, en respuesta a esa decisión, retiró en abril la candidatura de Paulo Vannuchi para integrar la CIDH, y explicó que los poderes ejecutivo y legislativo del país son los responsables de fiscalizar las obras de Belo Monte.


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