De nada sirvieron los llamados al diálogo ni las advertencias que el miércoles le hiciera el Defensor de Pueblo de Bolivia al presidente, Evo Morales. En una convulsa sesión, anoche se aprobó la Ley de Consulta para el TIPNIS que ha desatado la furia de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB). ¿Por qué?
El conflicto sobre el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) se está enquistando en Bolivia. El Gobierno de Evo Morales, ante las presiones de una marcha indígena que logró el apoyo de amplios sectores del país, promulgó una ley (la 180) que evitaba la construcción de una megacarretera a través del TIPNIS. Anoche en una complicada sesión de la que terminaron ausentándose los diputados indígenas que no son del Movimiento al Socialismo (MAS), el oficilismo sacó adelante la Ley de Consulta Previa.
Para el MAS, fue un día histórico, “porque se ha aprobado un modelo del ejercicio de la democracia participativa directa y de democracia comunitaria”, aseguraba la presidenta de la Cámara de Diputados, Rebeca Delgado. Sin embargo, para la CIDOB esta es la estrategia del Gobierno, junto al Consejo de Indígenas del Sur, CONISUR (la organización que agrupa a los favorables a la carretera por el TIPNIS) para seguir con sus planes de destrucción de las tierras indígenas.
En la Cámara se vivían momentos de tensión cuando se le quitó el micrófono a los diputados indígenas que gritaban “El TIPNIS no se toca”, la consigna de la 8 Marcha Indígena que en octubre acorraló al Gobierno y lo hizo retroceder temporalmente en sus planes. Fuera, en la Plaza Murillo de La Paz, la policía reprimía a un grupo de activistas que mantenían una vigilia para evitar la aprobación de la nueva ley de Consulta Previa, entre ellos la vicepresidenta de la CIDOB, Nelly Romero, y miembros del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq)
“Así como estamos haciendo la vigilia en este momento, vamos a hacer una vigilia en el territorio para que no ingresen a hacer la consulta”, anunció Romero.
El temor del CIDOB es que el Gobierno utilice la ley y a sus adeptos del CONISUR para “ganar” una consulta sobre la polémica carretera.
Por eso, ya se alista la IX Marcha en defensa del TIPNIS. La dirigente de la CIDOB, Justa Cabrera, informó que la nueva marcha partiría desde el departamento del Beni, donde se encuentran la mayor cantidad de comunidades indígenas. Se prevé que las nueve regionales con 13 comunidades cada una, participen de esta movilización.
El Gobierno mantiene la tesis de que hay manipulación de las organizaciones que promueven estas marchas, que son apoyados por sectores progresistas y contrarios al modelo de desarrollo extractivista en todo el país.
Según dijo al diario mexicano La Jornada Álvaro García Linera, vicepresidente de Bolivia, varias ONGs financiadas por la Agencia para el desarrollo Internacional de Estados Unidos (USAID) patrocinan al movimiento indígena que frustró la obra vial. Explicó que “el interés estadounidense es resguardar la Amazonia como su reservorio de agua y diversidad, y promover divisiones entre los liderazgos indígenas mediante organizaciones no gubernamentales, varias de ellas financiadas por la USAID”. De hecho, una Comisión legislativa conformada solamente por diputados oficialistas investiga a 2.175 ONGs que operan en Bolivia, sobre todo a las que presuntamente "incitaron y financiaron" la VIII Marcha Indígena, entre ellas el Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Fobomade).
También el Evo Morales está “convencido que algunas ONGs -algunas, que quede bien claro- son la quinta instancia de espionaje para Estados Unidos y no solamente en Bolivia sino en toda Latinoamérica, porque mediante las ONGs saben lo último de los movimientos sociales y sus dirigentes... Lamentablemente algunos dirigentes se dejan comprar por las ONGs”.
El clima de confrontación crece confirmando los peores temores del defensor del Pueblo, Rolando Villena, quien denunció el miércoles que el proceso sobre la consulta previa desconoce a la CIDOB y a la Ley 180 que defiende el TIPNIS. Villena advirtió además al presidente que la aprobación de la Ley de Consulta Previa a favor del CONISUR, podría desencadenar conflictos sociales no sólo dentro de las comunidades indígenas que habitan el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure sino en todo el país.
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