Organizaciones indígenas y sociales denunciaron una persecución judicial y la criminalización de la protesta de los dirigentes y activistas defensores del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).
“Apoyamos plenamente la Resolución de la Central de Pueblos Étnicos Moxeños del Beni (CPEM-B) contra el amedrentamiento, persecución política y judicialización de dirigentes y dirigentas indígenas, de diputados y diputadas, y de activistas que apoyaron la VIII Marcha en Defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) contra la construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos a través de este parque”, dice el pronunciamiento remitido a la Plataforma.
En su parte resolutiva, el documento “Pronunciamiento contra la persecución judicial y criminalización del movimiento indígena en defensa del TIPNIS” señala textualmente lo siguiente:
1. Expresamos nuestro total rechazo al proceso judicial seguido a las 24 personas entre dirigentes y dirigentas, mujeres indígenas y defensoras de los derechos humanos participantes de la “VIII Marcha indígena en defensa del TIPNIS” bajo el delito de “tentativa de homicidio y lesiones graves y leves”, por estar basadas en falsas acusaciones que tienen como único fin amedrentar al movimiento indígena, iniciar una persecución judicial y criminalización del movimiento indígena en defensa del TIPNIS y criminalizar el derecho constitucional a la protesta.
2. Apoyamos plenamente la Resolución de la Central de Pueblos Étnicos Moxeños del Beni (CPEM-B) contra el amedrentamiento, persecución política y judicialización de dirigentes y dirigentas indígenas, de diputados y diputadas, y de activistas que apoyaron la VIII Marcha en Defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) contra la construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos a través de este parque.
3. Exigimos que el Gobierno boliviano a la cabeza del presidente Evo Morales y el Ministerio Público esclarezcan la violenta y cobarde represión de Chaparina, sancionando con pena de cárcel a las y los autores materiales e intelectuales de la intervención policial, gasificación, secuestro, tortura y agresión física y verbal a las y los más de mil civiles integrantes de la VIII Marcha.
4. Reafirmamos nuestra convicción de respeto a la vida como derecho constitucional de cualquier boliviano y boliviana, respeto a las formas de vida de la diversidad de pueblos que habitan el país, a un ambiente sano con paz y tranquilidad, a una democracia inclusiva con participación social, a los derechos de las mujeres que durante todo este proceso de criminalización fueron discriminadas por su condición de dirigentes o de indígenas que reclaman sus derechos.
5. Interpelamos a las organizaciones defensoras de los derechos humanos, derechos de las mujeres, derechos indígenas y derechos de la Madre Tierra nacionales e internacionales a pronunciarse ante este atropello a los derechos humanos, a los derechos colectivos de los pueblos indígenas, a los derechos de la mujer.
El documento lleva las firmas de dirigentes de la CIDOB, CONAMAQ, Subcentral del TIPNIS, CMIB, CPEMB, FOCOMADE, FEJUVE Cochabamba, FUL Cochabamba, Trabajadores de Educación Urbana de Cochabamba y activistas. (Tomado de Plataforma Energética)
Trinidad, 7 marzo 2012 – A.A./
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