Las mujeres se negaban a salir de la Embajada y se resistieron a entrar en el vehículo, que estaba rodeado de un fuerte dispositivo de seguridad, compuesto de policías, agentes antimotines y de las fuerzas especiales.
El Gobierno firmará un contrato con Ecuacorriente, una empresa de propiedad china, para el desarrollo de la mina Mirador, lo que constituirá la primera explotación de minería a gran escala de la historia del país.
Los organizadores de la acción habían dicho inicialmente que diez mujeres estaban en la Embajada, pero la policía informó que se trató de ocho, las cuales están detenidas por orden de la Fiscalía de Ecuador.
Tras la evacuación, Ramiro Terán, asambleísta de oposición que entró en la delegación diplomática para intentar mediar en el conflicto, dijo que esa Embajada "se comprometió a no poner ninguna demanda a las mujeres que estaban adentro, pero desde la Fiscalía vino una orden de desalojo violento".
Por su parte, el coronel Rodrigo Proaño, comandante de la Unidad "Eugenio Espejo" de la policía, aseguró que los trabajadores de la Embajada "el día de hoy no laboraron, de tal forma que de acuerdo a las versiones de ellos (las mujeres) ingresaron violentamente".
Agentes femeninos de la policía sacaron en alzas a las mujeres, que opusieron resistencia, y las metieron en el autobús, al tiempo que los otros manifestantes llamaban "asesinos" a los uniformados.
La policía abrió camino al autobús empujando a los manifestantes y a la prensa, mientras las mujeres dentro del vehículo siguieron protestando.
Finalmente, los agentes lograron despejar el camino y el autobús se llevó a las 8 manifestantes hacia la sede de la policía judicial.
La carta de protesta afirmaba que el proyecto minero de Ecuacorriente "afectará para siempre territorios de los pueblos indígenas y a la naturaleza".
"Rechazamos la firma del contrato anunciado y por ello nos declaramos en ocupación no violenta de la Embajada China", señalaba la misiva.
Alexandra Almeida, una de las manifestantes que se quedó afuera, dijo a Efe que existen "muchas irregularidades" en esa concesión, ya que los estudios de impacto ambiental "aún no están aprobados".
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