El referendo, para el cual están aptas para votar 3.600 personas, va a preguntar si la población acepta o no un proyecto de decreto que rechaza la minería a cielo abierto. El Proyecto de Iniciativa Popular que va a ser votado también prohíbe la acumulación de explosivos y el mantenimiento de un mineroducto en las ocho mil hectáreas de jurisdicción de Loncopué.
Desde hace más de un año, organizaciones comunitarias intentan realizar el referendo, que debería haberse llevado a cado en octubre de 2011, pero que fue aplazado en virtud de las varias maniobras para impedirlo. Esta vez, el impedimento fue colocado por la Corporación Minera de Neuquén (Cormine), que representa al gobierno provincial. El momento es de expectativas por si el TSJ va a acatar el recurso e impedir el referendo o si permitirá que el pueblo se exprese.
Autoridades locales y personalidades nacionales están posicionándose a favor del referendo. El Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel anunció su apoyo a las organizaciones comunitarias y a los indígenas. También la intendenta Marita Villone, del Movimiento Popular Neuquino (MPN), contrariando el posicionamiento de su partido, decidió abrazar la causa. El mismo posicionamiento fue adoptado por los concejales kirchneristas Gerardo Nisembaum y Carlos Camargo.
En medio de la lucha contra las empresas mineras, la población descubrió la existencia de una norma constitucional de Iniciativa Popular, creada hace 53 años y que nunca había sido utilizada, que permite la creación de un proyecto de ley por el pueblo. En el caso que el proyecto reciba la adhesión del 15% de los habitantes el Concejo Deliberante debe aprobarlo. Si no lo aprueba es obligado, por ley, a convocar a un referendo, en el cual debe votar por el menos la mitad de los electores. En Loncopué eran necesarias 540 adhesiones, que corresponden al 15% de los 3.600 electores, sin embargo, 630 ya se posicionaron en contra de la minería.
Si el referendo se realiza y las organizaciones comunitarias y los pueblos indígenas alcanzan el porcentaje del 15% exigido, la decisión del pueblo se convertirá en ley, diferente de lo que ocurrió en el histórico referendo realizado en Esquel, en 2003, cuando el 81% de la población dijo no a la minería. Por no tener fuerza para convertirse en ley, hasta hoy la población de esa región sigue luchando contra las empresas mineras.
Ésta no es la primera vez que Loncopué se manifiesta en contra de la minería. En otras dos ocasiones la población consiguió impedir la instalación de empresas mineras. La primera en ser expulsada de Loncopué fue la empresa canadiense Golden Peaks y la más reciente fue la china Metallurgic Construction Corporation (MCC), que se presentó en la región como "Emprendimientos Mineros S.A”.
Traducción: Daniel Barrantes – barrantes.daniel@gmail.com
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