El gobierno del presidente Ollanta Humala ha optado por la represión como medio privilegiado para procesar y resolver los conflictos sociales. Esta opción por alejarse de la búsqueda de acuerdos y consensos, confirma el giro que, iniciado hace varios meses, lo llevó a distanciarse de un importante sector de su electorado y de quienes fueran sus principales aliados en el camino a la Presidencia de la República.
En ese sentido, la detención del alcalde provincial de Espinar, Oscar Mollohuanca, es una suerte de “rubicón” gubernamental, y funciona como una advertencia: Todo aquel que se manifieste contra las políticas del gobierno, no solo será detenido, será tratado como criminal y estigmatizado por los más altos funcionarios públicos, en alianza con diversos políticos de la derecha.
Esta estigmatización cuenta con el activo entusiasmo de los grupos mediáticos que hace apenas un año eran los enemigos jurados de Humala. Dentro de su habitual racismo, los medios de comunicación de alcance nacional dedican titulares, carátulas, editoriales y columnas de opinión a descalificar a la población movilizada de Espinar, sin buscar entender las razones del malestar de quienes son tan ciudadanos y ciudadanas como quienes residimos en la capital de la República.
Por si fuera poco, en medio de la sorpresa y la indignación que ha generado en la provincia la detención del alcalde Mollohuanca, el Primer Ministro ha anunciado que para retomar el diálogo enviará una comisión de ministros a Espinar siempre y cuando haya “orden total”. Para Valdés y lamentablemente para varios de sus ministros, el diálogo es en realidad sinónimo de monólogo.
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