LUTO Mientras el Gobierno dice José Mamani Mamani manipulaba una dinamita en estado de ebriedad, el informe del Defensor señala que recibió un impacto de bala.
Agencias / La Paz - 06/07/2012
Un campesino de Mallku Khota muerto, 13 personas heridas y un policía secuestrado es el resultado parcial de un enfrentamiento que se produjo el pasado jueves 5 de julio en la localidad de Huariplaza, norte de Potosí.De los heridos cuatro pertenecen a los comunarios y nueve a las filas policiales. Sin embargo, existen dos versiones sobre la causa de muerte del comunario.
Según René Arroyo, defensor del Pueblo de Potosí, la muerte de José Mamani Mamani, de 45 años de edad, del ayllu Sullka, perdió la vida a causa de un disparo de bala en un enfrentamiento ocurrido entre las 15:00 y 16:00. Los comunarios no levantaron el cadáver hasta las 20:00 para que al menos un reportero de un medio de comunicación arribara a la zona y confirmara el fallecimiento.
Según Douglas Sahcum, director Nacional de Régimen Interior, la baja se debió a que Mamani habría manipulado una dinamita en estado de ebriedad y ésta le explotó en su humanidad.
Esto fue confirmado también por el ministro de Gobierno, Carlos Romero. En horas de la tarde del mismo jueves, Romero confirmó el ingreso a la zona en conflicto de al menos 400 efectivos para evitar una confrontación y con la finalidad de asegurar el diálogo que debió iniciar el ministro de Trabajo, Daniel Santalla, quien se encuentra en la zona.
Leonardo Montaño, autoridad originaria, confirmó el deceso de Mamani y la existencia de cuatro campesinos heridos: Clemente Colque Flores, del municipio de San Pedro de Buenavista; Nelson Choque Condori; de Sacaca; Alfonso Llave Tarqui y Agustín Quinaya, ambos de Caripuyo.
“Es lamentable que los policías metieron bala a los comunarios”, dijo Montaño. Sahcum informó que los comunarios bloquearon todos los ingresos hacia esa zona minera, al cavar zanjas, poner troncos e incluso habrían minado el camino para evitar la incursión de policías y de la prensa.
También señaló que los comunarios se encuentran armados con fusiles máuser y dinamita.
Este efectivo policial se sumaría a los cinco empleados de la empresa minera canadiense South American Silver que están de rehenes: dos secuestrados el jueves 28 de junio y otros tres detenidos el martes por la noche.
El diputado David Cortez, de Alianza Social, denunció que también existe una joven de 17 años que habría sido secuestrada por los campesinos.
Los campesinos de Mallku Khota exigen que la empresa minera salga de la zona y no se le autorice la explotación de plata e indio. Piden que una comisión del Gobierno llegue a la zona junto a su dirigente campesino Cancio Rojas, que guarda detención en el penal de Cantumarca, Potosí.
Está recluido porque su familia no reunió los Bs 10.000 de fianza. Cancio está acusado del secuestro y tortura de dos efectivos policiales en la zona de Mallku Khota.
El ministro de Trabajo, David Santalla, y los comunarios de Mallku Khota habían iniciado la tarde del jueves un diálogo para negociar la liberación de los secuestrados, pero dicha reunión se suspendió cuando se conoció la noticia del enfrentamiento y de la baja.
"Estamos viajando para reunirnos con los dirigentes del Mallku Khota, primero para escuchar sus demandas concretas y sobre todo para buscar la pronta liberación de las personas que tienen como rehenes desde hace varios días", dijo Santalla a periodistas antes de emprender viaje.
Los comunarios también exigen la salida del país de la compañía canadiense, que tiene previsto invertir 50 millones de dólares hasta 2014 para concluir la fase de exploración de plata e indio, utilizado como semiconductor y en pantallas de cristal líquido, y hacerse cargo ellos mismos del proyecto.
La filial canadiense tiene desde 2007 la concesión de la mina, donde estima que existen entre 140 y 230 millones de onzas de plata y entre 935 y 1.480 toneladas de indio, según la agencia AFP.
La disputa por el control de la mina para explotarla provocó choques entre indígenas y mineros en los últimos meses.
Ante eventuales nuevos incidentes el gobierno anunció el desplazamiento al lugar de 360 policías "con la finalidad de evitar otro conflicto", según dijo Félix Gonzáles, gobernador de Potosí, en cuya jurisdicción se halla Mallku Khota.
Los indígenas no pueden vetar legalmente un proyecto
Expertos afirman que consulta previa es para lograr acuerdos
POLÉMICA Recuerdan que se deben buscar consensos, si no hay acuerdos, se deben tomar otras medidas.
Juan Carlos Véliz / La Paz - 06/07/2012
Ministerio de Gobierno
Expertos de Perú y Colombia expusieron la experiencia de consulta previa en sus países.
Las exposiciones fueron efectuadas ayer en la conferencia “Intercambio de experiencias en aplicación del derecho a la consulta a los pueblos indígenas Bolivia, Colombia y Perú”, que fue organizada por el Ministerio de Gobierno en el hotel Radisson.
El viceministro de Interculturalidad del Ministerio de Cultura de Perú, Iván Lanegra, relató que en ese país recientemente se dotó de una ley de consulta previa que ratifica que ese procedimiento se debe realizar “antes de que se adopte una medida que pueda afectar a un pueblo (indígena) y puede contribuir a que se hagan mejoras en el proyecto”.
El director general de consulta del Ministerio del Interior de Colombia, Rafael Torres, relató que en ese país no existe una ley de consulta, pero hasta ahora se realizaron más de 500 procesos de consulta previa a base de lo establecido en el convenio 169 de la OIT que demanda a los estados consultar a los pueblos mediante procedimientos apropiados y a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente.
Torres puntualizó ayer que “la consulta previa no es entre antagónicos, sino se trata de llegar a una conversación entre partes”.
En el caso de Bolivia, el procedimiento que se pretende ejecutar en el TIPNIS sería la primera experiencia de consulta “previa”, aunque el Estado boliviano ya asumió medidas legislativas y administrativas, como el contrato de la empresa constructora y el financiamiento para la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos.
En relación a la controversia por el TIPNIS, el director general de consulta del Ministerio del Interior de Colombia precisó que “la consulta no es pedir permiso”, porque un pueblo indígena puede oponerse a la realización de la consulta o rechazar la implementación del proyecto.
Ante esta situación el Estado debe realizar un estudio profundo de las consecuencias ambientales y tomar las medidas que correspondan porque las comunidades indígenas no tienen capacidad legal de vetar una iniciativa a excepción, en el caso de Colombia, de que tengan que ser reubicadas o porque en su territorio se prevea depositar desechos tóxicos, y cuando la medida ponga en grave riesgo los recursos naturales con los que subsisten o afecte su existencia.
El viceministro de Interculturalidad del Ministerio de Cultura de Perú explicó que no se debe confundir un proceso de consulta con un proceso plebiscitario, pues en la consulta se buscan alcanzar consensos y no establecer mayorías o minorías.
El representante de la oficina regional de la OIT, Manolo García, recordó que la realización de consultas previas es una obligación de los estados que refrendaron el convenio 169 de 1989 y que la finalidad de la consulta es el “consentimiento”.
Exhortó a los periodistas a realizar un seguimiento al proceso mismo de la realización de la consulta “previa”.
El ministro Romero culpa a los “infiltrados” de atacar a la Policía
El Gobierno reprime con gases y chorros de agua a indígenas
TIPNIS Los gases lacrimógenos afectaron sobre todo a niños que se encontraban en el campamento de la IX marcha indígena cerca del edifico de la Vicepresidencia.
Amancaya Finkel / La Paz - 06/07/2012
Wara Vargas / Página Siete
El carro lanza aguas hizo “rodar” las carpas y a los indígenas.
Para el ministro de Gobierno, Carlos Romero, se trató de un ataque a los efectivos de la Policía que cercan los ingresos al centro político del país desde hace nueve días o desde que llegó la IX marcha a La Paz.
También denunció la presencia de infiltrados que, a su juicio, buscan generar violencia y victimizar a los marchistas.
La contención dejó al menos diez personas, entre transeúntes, indígenas y niños, afectadas por los gases lacrimógenos. Según el reporte de la red ERBOL, un menor tuvo que ser internado en el hospital La Merced y otro fue atendido en una ambulancia que se encontraba en inmediaciones del edificio de la Alcaldía.
El Gobierno reportó que hay nueve policías heridos por piedras y palos que fueron lanzados contra los uniformados que cierran el ingreso a plaza Murillo en la esquina de la calle Ayacucho.
El vehículo lanza aguas de la Policía “volteó” las carpas instaladas entre las calles Ayacucho y Potosí y mojó completamente los colchones, frazadas, ropas, alimentos y a los indígenas.
El pánico se apoderó cuando tres proyectiles de gas lacrimógeno fueron lanzados a la calle Mercado, donde se encuentra el campamento de la IX marcha: los niños gritaban con desesperación al igual que las mujeres, algunas madres que se encontraban en las carpas salieron de ellas corriendo hasta con dos niños en los brazos mientras el gas blanquecino se expandía.
Los menores fueron rápidamente refugiados en el hall dela Alcaldía, donde personal edil intentaba calmarlos.
“¡Esto es Chaparina II!” gritó sofocada por el gas la dirigente indígena Nazareth Flores, mientras presidente de la Subcentral TIPNIS, Fernando Vargas, llamaba a la calma a gritos.
“¡Calmémonos por favor!”, ante la reacción de sus compañeros que empuñaron las flechas y palos en señal de protesta por la violenta represión que trajo a la memoria los abusos infligidos por la Policía en Chaparina el 25 de septiembre de 2011. Un grupo de policías que estaba resguardando el Banco Central de Bolivia no escapó a la furia de los indígenas que les golpearon con palos hasta que lograron refugiarse.
Al final, la persuasión de Vargas tuvo efecto, un grupo de indígenas “armado” con flautas y tambores respondió a los gases lacrimógenos con música.
María Plácida, originaria de una comunidad del TIPNIS, relató con lágrimas en los ojos que los gases llegaron de sorpresa al campamento indígena. “Yo estaba aquí con mi hijo que tiene un año y está enfermo (...) nos tratan como a maleantes, pero estamos en nuestro justo derecho de defender nuestro territorio”.
“No es justo que nos hagan esto. Han echado agua a nuestros niños”, relató por su parte el corregidor de la comunidad de San Vicente del Río Sécure, Mario Montesios Ípamo, mientras la dirigente Miriam Pariamo contó acongojada que “estaba mirando y la Policía empezó a echar gas, me desmayé y me trajeron a la ambulancia. Siento que mi cabeza está explotando”.
Todo comenzó cuando un grupo de activistas de Mujeres Creando, que no pasaban de los 30, llegó hasta el cerco policial gritando consignas y portando fotos de la presidenta de la IX marcha, Bertha Bejarano, con quien el Gobierno no quiere dialogar porque cumplió una sentencia por narcotráfico.
(Posteado por Danilo Quijano en la Lista UBUNTU)
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