viernes, 20 de julio de 2012

Retrocesos caracterizan un año de mandato de Humala, según balance presentado por organización

Ayer (19), la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) del Perú presentó un informe en el que hace un balance de los derechos humanos y evalúa el primer año de gobierno del presidente Ollanta Humala. El documento, presentado en el Colegio Médico del Perú, en Lima, analizó el período que va de enero de 2011 a julio de 2012.

La presentación contó con la participación de Rocío Silva Santisteban, secretaria ejecutiva de la CNDDHH; Daniel Figallo, viceministro de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia; Jo-Marie Burt, analista política de la George Mason University y de Jorge Aragón, analista político de la Universidad de Florida.

En el texto de presentación del informe, Rocío Silva llama la atención sobre el hecho de que pasado un año de gobierno de Humala –sobre el cual había muchas expectativas positivas– hoy lo que se constata es que hay simplemente una "reedición de estilos políticos anteriores”, ya que promesas de campañas fueron sustituidas por otras realidades.

Mientras que en el período electoral se hablaba de garantías de derechos humanos, inclusión, planes sectoriales, plan nacional de derechos humanos, hoy la realidad es diferente. Lo que se ve son muertes (hasta el momento ya fueron 15, en diversos conflictos sociales), criminalización y prisión de activistas sociales, cientos de heridos en manifestaciones en virtud del uso de armamentos letales por parte de la policía y las Fuerzas Armadas, y además la implantación del estado de emergencia en algunos municipios peruanos.

A causa de todo esto, Perú vive un clima constante de alta tensión social, ya que la forma de actuar políticamente adoptada por Humala y de promover el crecimiento y la inclusión social de la población -inclusión ésta más económica que política o de derechos- pasa por actitudes como despreciar el diálogo efectivo con la población e imponer proyectos repudiados por comunidades enteras, como megaproyectos mineros.

Rocío Silva relata que la sensación que se tiene hoy es de déjà vu de los tiempos de la dictadura, con la diferencia de que ahora se vive una bonanza económica. "La democracia es precaria en Perú, pero ahora más que nunca, la excepcionalidad se convierte en regla trastocando el incipiente proceso de ciudadanía desplegado después de la dictadura fujimorista”, analiza la secretaria ejecutiva de la CNDDHH.

Ella también llama la atención sobre el ansia de "desarrollo”, palabra que expresa el "fetiche del capitalismo peruano”. A pesar del intento de hablar a la población peruana de ‘desarrollo sustentable’, ‘desarrollo integral’ o inclusive ‘desarrollo humano’, es evidente que lo que se quiere imponer es una forma de vida pautada en el consumo y en el aumento de gastos. Mientras tanto se desprecian otras formas de vida como agricultura orgánica y habitación comunitaria.

Otra crítica presente en el informe es que situaciones encaradas como conquistas muchas veces son, en realidad, maniobras que no benefician en nada a la población. Un ejemplo es el reglamento de la Ley de Consulta Previa, mecanismo que tuvo poca participación de centrales y movimientos indígenas y que es considerado por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos como una manera de frenar la propia posibilidad de consulta.

Éstas son sólo algunas de las quejas que ilustran el primer año de gobierno de Ollanta Humala. Inclusive con todo esto, la CNDDHH señala la necesidad de seguir apostando a la política (en el mejor sentido de la palabra), a la promoción de diálogos múltiples y a la creación de nuevas redes para la defensa de los derechos humanos.

Más información:http://derechoshumanos.pe/

Traducción: Daniel Barrantes – barrantes.daniel@gmail.com

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