domingo, 30 de septiembre de 2012

Bolivia/ Movimientos Los movimientos sociales proporcionan un sentido político (estratégico) a los procesos de desarrollo

La Razón / Máscaras y espejos - Fernando Mayorga

Las diferencias y disputas entre cooperativistas y asalariados en el sector minero se suman a las contradicciones entre indígenas y campesinos, poniendo en evidencia que la construcción del Estado Plurinacional es un proceso incremental. Es decir, la orientación del “proceso de cambio” depende de la puesta en práctica de nuevas reglas, y de la ejecución de políticas públicas que modifican las condiciones y posibilidades de acceso a recursos (materiales y simbólicos) por parte de los grupos sociales. Más aún si se trata de una distribución de excedentes económicos, generados por la explotación/exportación de recursos naturales que, en el caso del sector minero, carece de nuevas normas para la inversión extranjera y, adicionalmente, debe responder al desafío de dilucidar la convivencia equilibrada en el marco de la “economía plural”.

Las acciones gubernamentales son cuestionadas con el término “extractivismo”, que se ha convertido en una cantaleta que se usa para todo sin explicar poco, excepto que el actual “neoextractivismo” o “progresismo extractivista” es una versión sudamericana (propiamente de los gobiernos progresistas o de izquierda) del desarrollismo que reproduce el “mito del progreso bajo una nueva hibridación cultural y política” (Gudynas dixit). Una conclusión al estilo “gatopardo”, para decir lo menos. Lo cierto es que si alguien quiere cuestionar el modelo de desarrollo del Gobierno es suficiente acusarlo de extractivista, una suerte de anatema.

Y a su lado otra palabra esponja: “rentismo”, que quiere dar cuenta de la conducta de los grupos sociales que pretenden sacarle una tajada a la torta estatal, motivados por una cínica racionalidad económica y mezquinos intereses corporativos y, para colmo de males, ¡extractivistas!   

Mis reflexiones sobre este tema adoptan otra perspectiva, aquella que tiene que ver con el papel de los movimientos sociales, un rasgo que distingue el caso boliviano de otras experiencias latinoamericanas. Precisamente porque los movimientos sociales proporcionan un sentido político —estratégico— a los procesos de desarrollo. Así ocurrió en el siglo pasado con el movimiento obrero (y su vanguardia minera), y con el movimiento indígena (y su núcleo katarista) en los últimos 50 años. Y como un actor decisivo pero carente de proyecto propio (a veces aliado, otras veces rival de los obreros e indígenas) está el movimiento campesino, actualmente liderado por los cocaleros. Y si en la primera gestión gubernamental todos estos sectores estaban bajo el alero del MAS, actualmente se encuentran en pugna, y sus lazos con el partido de gobierno se han modificado de manera notable.

Un ejemplo nítido es el caso del movimiento indígena, porque está en cuestión su presencia como actor estratégico en el proceso de cambio. Esto debido a las modificaciones discursivas e institucionales que, desde 2010, están provocando una suerte de “deconstrucción” del movimiento indígena como sujeto político del proyecto estatal del MAS. En la medida que los componentes de ese movimiento social son pueblos indígenas con derechos colectivos territorializados, estos derechos requieren reconocimiento estatal, y el establecimiento de acuerdos con el Gobierno de manera particular y desagregada. Es decir, cada pueblo indígena pasa a tener una relación en cierta manera casuística (remember TIPNIS) y, por ende, el MAS ya no define la orientación de su proyecto estatal con “el” movimiento indígena porque su importancia (inclusive su existencia como tal) está en cuestión.  

El conflicto entre cooperativistas (una forma organizativa que oculta una multiplicidad de modalidades de trabajo y explotación que requiere investigaciones a profundidad) y asalariados de Comibol —también habrá que analizar el apoyo de los demás sectores bajo un discurso exclusivamente estatista— pone en evidencia la desarticulación del proletariado minero como movimiento social con influencia política (es otra historia, y nos remite a los años 80) y, a la usanza del hasta hace poco crucial movimiento indígena, sus componentes se relacionan con el Estado de manera desagregada y particular. Así las cosas, habrá que prestar atención al movimiento campesino para escudriñar sobre el derrotero de este proceso.


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