martes, 23 de octubre de 2012

El Salvador: [Feminicidio] Flagelo contra las niñas

Carlos Ayala Ramírez
Director de Radio Ysuca
Adital


La semana pasada, conocimos la noticia de que un hombre, en un arranque de cólera, mató de un balazo a su hija de 14 años, Jésica del Rosario Solano. El crimen ocurrió en una de las populosas comunidades del área urbana del país. "Pedro Antonio llegó a la casa con ganas de pelear, pero no le hice caso. Se le metió Satanás, y se desquitó con la persona que menos debía, fue un momento de locura”, relató la madre de Jésica. Pero ¿se trata de un arrebato o de patrones de conducta violenta contra las niñas que fácilmente pueden conducir al crimen?

En El Salvador, según datos de las Naciones Unidas, 3 de cada 10 feminicidios se cometen contra niñas; 8 de cada 10 casos de violencia sexual contra la población femenina fueron cometidos contra niñas menores de 18 años; el 75% de los victimarios son conocidos o familiares cercanos de la víctima. Las cifras nos indican, por tanto, que los actos de violencia contra las niñas no son hechos aislados provocados por un momento de desequilibrio mental, sino un mal bastante común. En este caso, una de las expresiones más preocupantes de violencia: la intrafamiliar, que suele causar daño, sufrimiento y, en el peor de los escenarios, la muerte. A este flagelo se añaden el embarazo precoz (una de cada tres niñas ya ha sido madre al cumplir 18 años de edad) y el abandono o interrupción escolar. Con respecto a esto último, entre las principales causas por las que las niñas salvadoreñas no asisten o abandonan la escuela figuran el embarazo, padres y madres que no quieren que asista a clase, dificultades económicas e inseguridad en el entorno escolar.

A nivel mundial, según la ONU, las niñas sufren una doble discriminación: por género y por edad. Los datos son elocuentes: 62 millones de niñas no van a la escuela; 140 millones padecen las consecuencias de la mutilación sexual; anualmente, 10 millones son obligadas a contraer matrimonio antes de cumplir los 12 años. Y con respecto a la violencia, esta es una de las violaciones a los derechos humanos más generalizada que afecta a las niñas y jóvenes del mundo. ONU Mujeres estima que hasta un 70 por ciento de las niñas y mujeres en el mundo sufren violencia en su vida.

De nuevo, las cifras que registra esta organización mundial son alarmantes: la violencia doméstica es la principal causa de lesiones y muerte en las mujeres de 15 a 44 años; cada año, 60 millones de niñas son asaltadas en la escuela, o en su camino a ella; en Pakistán y la India, las niñas tienen de 30 a 50 por ciento más probabilidades de morir antes de cumplir cinco años que los niños. La conclusión es obvia: los derechos de las niñas están siendo violentados y su niñez, interrumpida. Un reto aparece en este contexto como necesario y urgente: hay que frenar estos hechos y proteger a las niñas contra toda forma de violencia, discriminación y abuso.

Con esos propósitos, Naciones Unidas conmemoró por primera vez, el pasado 11 de octubre, el Día Internacional de la Niña. La primera conmemoración ha girado en torno al problema del matrimonio en la infancia, una violación fundamental de los derechos humanos que afecta a todos los aspectos de la vida de una niña. El matrimonio a una edad temprana niega a la niña su infancia, interrumpe su educación, limita sus oportunidades, aumenta el riesgo de violencia y abuso, pone en peligro su salud y, por lo tanto, constituye un obstáculo para la consecución de casi todos los Objetivos de Desarrollo del Milenio y del desarrollo saludable de las comunidades.

Las recomendaciones que se hace a los Gobiernos, en colaboración con la sociedad civil, para acabar con esta práctica dañina son, entre otras, las siguientes: aumentar por ley la edad mínima para el matrimonio a los 18 años y generar conciencia en la opinión pública sobre el matrimonio en la infancia como una violación de los derechos humanos de las niñas; mejorar el acceso a una educación primaria y secundaria de buena calidad, asegurando que se eliminen las brechas de género en la educación; movilizar a las niñas, niños, padres, líderes y activistas para cambiar las normas sociales nocivas; promover los derechos de las niñas y crear oportunidades para ellas; apoyar a las niñas que ya están casadas, proporcionándoles educación, servicios de salud sexual y reproductiva, destrezas, oportunidades, medios de vida y la posibilidad de recurrir a la justicia en los casos de violencia en el hogar.

Vista esta primera conmemoración desde El Salvador, podemos decir que uno de nuestros principales problemas no es tanto el matrimonio precoz, sino el feminicidio, que también afecta seriamente a nuestras niñas. En 2011, según reporta el Instituto Salvadoreño de Medicina Legal, fueron asesinadas 647 mujeres: 80 de esas víctimas tenían entre 12 y 18 años de edad; y 7 de ellas, entre 0 y 12 años. El Salvador ha alcanzado una de las tasas más altas de feminicidios en el mundo, con un promedio de 12 mujeres asesinadas por cada 100 mil habitantes. La Organización Mundial de la Salud establece que cuando una misma enfermedad afecta a más de 10 personas por cada 100 mil habitantes, puede hablarse de epidemia. El actual Gobierno se comprometió a una tolerancia cero ante la violencia contra las mujeres. No obstante, las cifras de feminicidio parecen no disminuir de forma significativa. Se cuenta con marcos normativos como la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, o con instituciones como el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, pero hay también una gran impunidad: más del 90% de los casos de feminicidio no han sido judicializados.

En nuestro país, hay 1.2 millones de niñas. Constituyen el 18% de la población total, el 34% de la población femenina y el 49% de la población infantil. Y más de la mitad de ellas (52.5%) vive en hogares con algún nivel de pobreza. De ahí que una de las principales recomendaciones que el sistema de Naciones Unidas ha hecho al Gobierno es promover programas de protección y restitución de derechos para niñas. Su eficacia deberá medirse, entre otras cosas, por la disminución o erradicación de casos como el de Jésica del Rosario Solano.



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