sábado, 17 de marzo de 2012

  • ORPIAN – P, a través de pronunciamiento, desenmascara a persona non grata para el movimiento indígena
    AIDESEP, 16 de marzo de 2012. La Organización Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte del Perú - ORPIAN - P, base regional de la AIDESEP, ante la nota publicada por el diario Ahora en la que se dice que los Apus de los pueblos Awajún y Wampis “Declaran traidor a líder Alberto Pizango”, consideraron necesario aclarar que esta información fue dada por Alexander Teets, ex dirigente, y que –después de los hechos de Bagua- se rindió ante el gobierno aprista para intentar desmantelar a la organización y traicionarnos para no continuar nuestra lucha.
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  • FENAMAD detalla sobre su posición respecto a la minería informal
    AIDESEP, 16 de marzo de 2012. La Federación Nativa del río Madre de Dios y Afluentes – FENAMAD, base regional de la AIDESEP, a través de un comunicado de prensa, creyó pertinente aclarar las versiones antojadizas y desinformadas que los pueblos indígenas de esta región están a favor de la minería informal, hecho que no es cierto y que está alejado de la verdad, pues la organización indígena está de acuerdo con la formalización de la actividad minera en la zona.
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  • FECONAPU pide se investigue verdaderas intenciones para que insistan en construcción de carretera a Purús
    AIDESEP, 16 de marzo de 2012. Ante la insistencia del Congreso y otras personas para la construcción de una carretera que uniría Purús con Iñapari, la federación de Comunidades Nativas de Purús – FECONAPU, base de ORAU y la AIDESEP, solicitó investigar acerca de las verdaderas intenciones del párroco local Miguel Piovesán y otras personas que promueven una carretera que atravesará la reserva nacional y tendría efectos negativos para la vida, el ambiente y la biodiversidad.
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Autoridades brasileñas iniciaron investigaciones contra piratas del mercado de carbono
AIDESEP, 16 de marzo de 2012. La Procuraduría General de Justicia (AGU, siglas en portugués) de Brasil inició la investigación de 35 contratos firmados por empresas internacionales para los créditos de carbono y que fueron ofrecidos de manera no tan transparente a distintos pueblos indígenas del país amazónico por lo que el gobierno federal decidió acudir a los tribunales contra estas compañías que afectan la biodiversidad de la tierra en la Amazonía.
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