domingo, 1 de abril de 2012

Ecuador: Proyecto de Ley de tierras impacienta a campesinos

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La minga -antigua práctica del trabajo comunitario- fue la herramienta utilizada por la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria (Copisa) para elaborar en dos años el proyecto de Ley de Tierras y Territorios.


El 1 diciembre de 2011 la Copisa entregó el cuerpo legal al Ejecutivo a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (Magap). Nunca hubo una respuesta y el trámite no se realizó. En esa cartera de Estado la norma aún está en análisis.

Y es que la Ley de Soberanía Alimentaria ordena que sea la Copisa la que entregue el proyecto al Magap, aunque deja abierta la posibilidad de realizar una iniciativa ciudadana.

Ese fue el camino que escogió la Red Agraria. Este organismo, integrado por la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin), Coordinadora Nacional Campesina Eloy Alfaro (CNC), Corporación de Montubios del Litoral, y Confederación de Pueblos y Organizaciones Campesinas, retomó la propuesta e inició el proceso de socialización del proyecto.

Hecho este procedimiento, se fijó el 21 de marzo como fecha de entrega del documento, con el objetivo de coincidir con el año nuevo indígena. Sin embargo la entrega se adelantó al 20 de marzo debido a la marcha de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) y el MPD. Estas agrupaciones protestaron en Quito el 22 de marzo y una de sus exigencias era la aprobación de la olvidada ley.

El Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) ya ha admitido el proyecto y lo remitió al Consejo Nacional Electoral (CNE) para la revisión de las 41.780 firmas de respaldo que se adjuntaron al documento.

El CNE debe remitir su informe al CAL, el cual tiene que calificar el cuerpo legal y enviarlo a una de las comisiones legislativas.

Cómo se organizó el proceso

Ese es un resumen de la situación actual, pero este ha sido un largo proceso. El 5 de mayo de 2009, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) designó 8 conferencistas encargados de elaborar el proyecto. Al inicio participaron los dirigentes de la Feine, Fenocin y Conaie. “Ellos estaban dispuestos a avanzar, inclusive se firmó un acuerdo en la Universidad Andina en octubre de 2009 y otro similar el 27 de enero de 2010”, recordó Patricio Santi, vicepresidente de Copisa. “El Ejecutivo decía que la Copisa responde a las organizaciones sociales, pero la Ecuarunari y la Conaie nos decían gobiernistas”, recordó.

En la construcción del documento participaron las bases de las organizaciones como curacas, presidentes y vocales de las comunidades. “Esto molestó a la Conaie porque ellos dicen que nunca trabajaron con nosotros. Se podría decir que no logramos concluir en buenos términos el acuerdo, pero los pueblos Paltas y la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae) son quienes presentan varias observaciones progresistas”, aclaró.

Santi indicó que no será necesario realizar una consulta prelegislativa para aprobar esta ley. “Creo que se ha desarrollado un proceso de consulta amplia. No habrá otro documento que se pudiera discutir a ese nivel, con una amplia participación de todos los sectores”, destacó.

El 12 de octubre de 2011, a propósito del “Día de la Interculturalidad”, el titular del Legislativo, Fernando Cordero, logró un acuerdo con representantes indígenas, afros, montubios, Ecuarunari, Mesa Agraria; Confederación del Seguro Campesino, y Coordinadora de Movimientos Sociales, entre otros, para tramitar diversas leyes como la de Tierras y Territorios; Derechos de los afroecuatorianos; y Ley sobre la integración de los Consejos de Igualdad. Ese día arrancó la recolección de firmas en todo el país.

José Chalá, secretario Ejecutivo del Consejo de Desarrollo de los Pueblos Afroecuatorianos, destacó la apertura del Gobierno y del Legislativo. “Hemos pasado desde el Estado unilineal de la visión de historia a uno con muchas visiones, muchos saberes y mucha sabiduría, que es la garantía de los pueblos que estamos aquí”, aseveró.
Ambiente favorable en la Asamblea

Las bancadas oficialista y de oposición coincidieron en debatir y aprobar la Ley de Tierras. Lourdes Tibán, de Pachakutik, anticipó que la iniciativa será bienvenida en el Legislativo. “Quisiéramos que la ley fuera a la Comisión de Derechos Colectivos que yo presido, pero aunque esto no suceda estaremos presentes en el debate que se avecina”, advirtió.

Marco Murillo (Amauta Yuyai) anotó que “la Revolución Agraria es una de las deudas históricas de los gobiernos con los pueblos campesinos”. En tanto que María Molina (MPD) y Gerónimo Yantalema (PK) coincidieron en respaldar la propuesta al expresar su satisfacción ya que el proyecto cumpliría además “una función social y ambiental”.

El asambleísta Pedro de la Cruz (PAIS) explicó que el proyecto de ley ingresó a la Asamblea por “Iniciativa Popular” porque el Ejecutivo no entregó la versión final de la propuesta en el tiempo establecido por la ley. “El 1 de marzo debió ser remitido desde el Magap, el texto de Copisa, pero no llegó. Por tal motivo, las organizaciones se unieron para pedir su aprobación”, enfatizó.

Contenidos

Esa es la historia, pero ¿cuál es el contenido del proyecto? Allí se plantea la creación del Ministerio de Soberanía Alimentaria que será el ente rector de la política pública en materia de propiedad y tenencia de tierra y demás políticas públicas conexas a la Soberanía Alimentaria.

Esta nueva cartera de Estado sería la responsable de ejecutar las disposiciones de la ley, así como de coordinar con la Copisa, la elaboración, implementación y evaluación de normas y políticas en materia de tierras y territorios.

Después de la aprobación de la Ley se debe garantizar una institucionalidad rectora de la Soberanía Alimentaria. “Han creado un ministerio coordinador del Talento Humano, por qué no crear uno de la Soberanía Alimentaria”, dice Santi.

El cuerpo legal propone que en la Costa y Amazonía el límite máximo de tenencia de la tierra sea de 500 hectáreas, en la Sierra de 200 y que los extranjeros solo puedan tener hasta 100 hectáreas. Toda propiedad que supere esa extensión será considerada latifundio.

Faculta además la expropiación luego de que el Estado declare un predio de interés social cuando haya elevados niveles de pobreza, migración o se registren altas tasas de densidad demográfica.

El texto también habla de regularización. De aproximadamente un millón de hectáreas existentes en el país, solo 300.000 han sido legalizadas, por lo que la propuesta pretende llegar a la totalidad.

La ley busca garantizar la producción y consumo de alimentos sanos, más nutritivos y diversos para toda la población. Aumentar la productividad agrícola de forma sostenible y permanente. Y fortalecer la economía campesina para un buen vivir y mitigar los efectos del cambio climático sobre la agricultura y la producción de alimentos.

Conaie dice que no participó

El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Humberto Cholango, asegura que su organización “nunca participó” con la Copisa en la elaboración de la ley. “Hemos elaborado una propuesta propia que está entregada en la Asamblea, pero eso no quiere decir que nosotros estemos en contra de las iniciativas de otras organizaciones”, aseveró.

“Pero si a mí me preguntan si apoyo a la propuesta de la Fenocin, seré el primero en alzar la mano y decir que vamos a apoyarla”, recalcó.

Delfín Tenesaca, presidente de la Ecuarunari, reconoció que ellos participaron en algunos encuentros y talleres. “Pero todavía no nos hemos sentado para debatir los temas que han desarrollado en Copisa”, dijo.

El representante de Manabí, Juvenil Quijije, califica a la ley como “fundamental para el desarrollo agropecuario, al igual que las leyes de Aguas, Semillas y Comunas”. Mientras que Manuel Tayunpanda, líder indígena del Puyo, sostuvo que “lo mejor es haberlo socializado con nosotros y no como se lo hacía antes entre cuatro paredes”.

Comenta que la propuesta en Pastaza fue fijar como límite de propiedad de la tierra entre 150 y 250 hectáreas. El cuerpo legal, insisten sus promotores, pretende cambiar el modelo agrario de Ecuador, garantizar y aumentar la productividad agrícola de forma sostenible y permanente.

Congreso Internacional: "La Historia sin pasado": Contraimágenes de la colonialidad España-América Latina

Pendiente apertura plazo Inicio: 20 abril 2012 | Fin: 21 abril 2012
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    De 10.00 a 19.00 horas

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    Inscripciones a través del enlace web

    Inscripción gratuita aquí

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    20 abril 2012
  • Fecha de fin
    21 abril 2012
  • Precio
  • Referencia
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La rebelión avanza, la Junta Militar impotente


El capitán Amadou Sanogo, jefe de la Junta Militar golpista en  Bamako.
El capitán Amadou Sanogo, jefe de la Junta Militar golpista en Bamako.
REUTERS/Luc Gnago

Por RFI

Los militares golpistas de Malí prometieron este sábado ceder el poder a un gobierno civil una vez que la rebelión armada del norte del país sea vencida. “No queremos confiscar el poder a nadie”, ha dicho un representante de la Junta.

Y es que la presión internacional sobre los militares malienses, que dieron un golpe de estado hace diez días, es enorme. Los países de la Comunidad Económica de Estados del África Occidental, la CEDEAO, han amenazado con aplicar un "embargo diplomático y financiero" al país, si no se restablece el orden constitucional en las próximas horas.

La subida de tono de los presidentes del organismo se produjo después de que se vieran obligados a anular su viaje a Mali. Iban a reunirse el viernes con los miembros de la Junta militar, pero decidieron no aterrizar a causa de una manifestación pro-golpista en el aeropuerto. Pese a que el líder militar maliense, Amadou Sanogo, pidió disculpas, el tono de la CEDEAO se ha endurecido.

El embargo financiero y diplomático de Mali puede tener graves consecuencias, puesto que el país, pobre y sin salida al mar, quedaría asfixiado, con sus fronteras cerradas, sin acceso a puertos de países vecinos y con las cuentas bancarias del banco central de África del oeste congeladas.

La rebelión avanza

Amadou Sanogo, justificó el golpe de estado del pasado 22 de marzo afirmando que “la democracia y las instituciones de Malí eran malas, y había que atajar una rebelión que crecía”.

Pero la rebelión sigue creciendo y él pide cada vez con más urgencia la ayuda exterior. El sábado los rebeldes Tuareg, junto a elementos islamistas, comenzaron a tomar posiciones avanzadas en la ciudad de Gao, al norte el país.

En esa ciudad hay dos cuarteles importantes del ejército a los que llegaron los militares que la víspera huyeron de Kidal, tras la victoria militar rebelde. En Kidal se encuentran presentes los dos movimientos armados rebeldes, los Tuareg del MNLA y los islamistas de Ansar Dine, que dicen no luchar juntos porque no tienen los mismos objetivos.

La Junta Militar se encuentra en una posición muy difícil, entre la comunidad internacional y los rebeldes. Miles de personas salieron a las calles de Bamako el sábado para pedir la paz en el país.

Tuareg llegan a Gao, en el norte de Malí; fuerza oesteafricana "en alerta"


Los rebeldes tuareg penetraron el sábado en Gao, última posición defendida al norte de Malí por las tropas de una junta actualmente cercada por la rebelión y por los países de África del Oeste, que pusieron en alerta su fuerza de intervención.

Bajo los disparos de armas pesadas, los rebeldes entraron al menos en tres de los ocho barrios de Goa, principal ciudad del norte de Malí, a unos 1.000 km al noreste de Bamako, y donde se encuentra el estado mayor del ejército maliense para toda la región septentrional.

Los combates se concentraban alrededor de los dos campamentos militares de Gao, donde las fuerzas gubernamentales se refugiaron para resistir a los asaltantes, según testimonios concordantes.

"Se escuchan disparos de armas pesadas. También vimos helicópteros del ejército despegar para disparar", dijo Mahamane Diakité, consejero del gobierno de Gao, en conversación telefónica con la AFP.

"Los rebeldes tuareg entraron en la ciudad", agregó Diakité, confirmando las informaciones de otras fuentes.

De acuerdo a testigos, en el asalto participaron islamistas. Algunos atacaron los puestos de ventas de bebidas gritando "Alá Akbar" (Dios es grande) o "Ansar Dine", el nombre del grupo armado del jefe tuareg Iyad Ag Ghaly, uno de los principales integrantes de la rebelión.

El viernes, rebeldes tuareg y grupos islamistas armados se apoderaron de la estratégica ciudad de Kidal, en el noreste de Malí, hacia la frontera con Argelia.

Kidal fue tomada por el grupo armado islamista Ansar Dine, apoyado por el Movimiento Nacional para la Liberación de Azawad (MNLA), el principal grupo tuareg, y elementos de Al Qaida en el Magreb Islámico (AQMI).

Casi todo el noreste de Malí, salvo la ciudades de Gao y Tombuctú, está ahora en manos rebeldes.

Bamako, a unos 1.000 km, parece aún fuera del alcance de los rebeldes, pero la toma de Kidal y los actuales combates en Gao amenazan más que nunca la junta del Consejo Nacional para el Restablecimiento de la Democracia y la Restauración del Estado.

Arrinconada por los rebeldes y totalmente aislada en la escena internacional, la junta, por medio de su jefe, el capitán Amadú Sanogo, había juzgado ya el viernes la "situación crítica", tras las amenazas de la Comunidad Económica de Estados del África del Oeste (CEDEAO) de imponer un embargo "diplomático y financiero" si el orden constitucional no es restablecido de aquí al lunes.

Una delegación de la junta que tomó el poder el 22 de marzo en Malí afirmó el sábado en Uagadugú, la capital de Burkina Faso, que estaba "de acuerdo" con "los grandes principios" para salir de la crisis que imponen un retorno rápido "al orden constitucional normal", reclamado por los jefes de Estado oesteafricanos.

"Sobre los grandes principios que nos han sido solicitados, decimos que estamos de acuerdo. Es necesario una vía constitucional regular y normal y las modalidades para llegar a eso. Es de lo que vamos a discutir", declaró a la prensa el coronel Musa Sinko Coulibaly, director de gabinete del jefe de la junta, tras una reunión con el presidente de Burkina Faso, Blaise Compaoré, mediador en la crisis malí.

La delegación de tres militares de la junta, dirigida por el coronel Musa Coulibaly, comprende igualmente al capitán Adama Diarra y al teniente Amadu Konaré, quien es el portavoz

roh/ck/sba/jo/ahg

Oposición alemana pide 'Plan Marshall' para economía de Europa

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Oposición alemana pide \'Plan Marshall\' para economía de Europa

BERLIN (AP) — Un nuevo pacto de disciplina fiscal para Europa debería ir acompañado por una suerte de "Plan Marshall" que ayude a estimular el crecimiento europeo, sustentado por un impuesto a las transacciones financieras, indicaron el sábado líderes del mayor partido opositor en Alemania.

El llamado fue hecho por los tres personajes más prominentes del partido Socialdemócrata mientras el gobierno de la canciller Angela Merkel busca el apoyo de ese grupo político para asegurar la mayoría parlamentaria de dos tercios que necesita para el pacto fiscal —un proyecto fuertemente impulsado por la titular del gobierno.

"Un pacto fiscal sin impulso al crecimiento ni ayuda para la reconstrucción administrativa con el carácter de un 'Plan Marshall' es completamente insuficiente", indicaron Sigmar Gabriel, Frank-Walter Steinmeier y Peer Steinbrueck en un artículo publicado por el diario Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

"La unión y la inversión fiscal van de la mano", agregaron. "Una sin la otra es una política errónea".

Los autores del artículo señalaron que el "Plan Marshall" —en alusión al programa de Estados Unidos que ayudó en la reconstrucción de Europa Occidental después de la Segunda Guerra Mundial— debería obtener recursos de un impuesto a las transacciones financieras. Agregaron que "nuevas deudas y créditos para iniciativas de crecimiento serían el camino equivocado".

El trío no indicó que estuviera planteando condiciones para apoyar el pacto de disciplina fiscal. Ultimamente, el grupo pareció dudar qué tanto desea presionar al gobierno en busca de un impuesto a las transacciones, algo que ha exigido desde hace mucho. Se desconoce aún cuándo el Parlamento someterá el pacto a votación.

La coalición gobernante de centro-derecha de Merkel ha estado dividida sobre si debería fijar un impuesto a las transacciones en la eurozona de 17 países en caso de que no logre un acuerdo en toda la Unión Europea de 27 naciones.

"No es mucho pedir el esperar que el gobierno termine con este autobloqueo", escribieron los líderes de la oposición alemana.

Gabriel es el presidente del partido Socialdemócrata, Steinmeier el jefe del grupo parlamentario y Steinbrueck un influyente legislador.

Los tres fungieron como ministros bajo el gobierno de Merkel entre 2005 y 2009, cuando gobernó en una "gran coalición" con los socialdemócratas, y se les considera candidatos potenciales para enfrentarla en la contienda por el máximo cargo en las elecciones, a finales de 2013.