domingo, 3 de junio de 2012

Perú: Pacto de Unidad Rechaza represión del gobierno de Ollanta Humala

PACTO DE UNIDAD

AIDESEP CONACAMI CNA ONAMIAP

Rechazamos política represiva del gobierno de Ollanta Humala

contra los pueblos indígenas

Las organizaciones indígenas representativas del Perú, agrupadas en el Pacto de Unidad: Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (Conacami), Confederación Nacional Agraria del Perú (CNA) y Organización de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (Onamiap) abajo firmantes, nos dirigimos a la opinión pública nacional e internacional para manifestar lo siguiente:

Primero: Repudiamos y rechazamos categóricamente los hechos de violencia, suscitados en los últimos días en la provincia de Espinar, región Cusco, y expresamos nuestra solidaridad con los familiares de nuestros hermanos fallecidos, heridos, detenidos y torturados, perpetrados por los efectivos policiales y militares. Demandamos el inmediato levantamiento del Estado de Emergencia por ser atentatorio contra los derechos humanos de las personas y de los pueblos indígenas afectados.

Segundo: Responsabilizamos al gobierno de Ollanta Humala, a su Premier Oscar Valdés Dancuart y a todo su gabinete ministerial por la brutal represión ordenada contra nuestros hermanas y hermanos, dos de ellos asesinados cobardemente con arma de fuego percutadas por las Fuerzas Policiales, además de cientos de heridos, torturados e innumerables detenciones arbitrarias a nuestros líderes y representantes de nuestros pueblos. Esta actitud de violencia contra nuestros pueblos indígenas y originarios sólo es comparable con la desatada por gobiernos dictatoriales; más aún, si el candidato Humala –durante la campaña electoral- sostuvo que iba a gobernar con los pueblos y sin embargo, su silencio al ejecutar estas acciones lo muestra como un dictadorzuelo más.

Tercero: Exigimos la inmediatamente renuncia del ciudadano minero Oscar Valdés, personaje nefasto y autoritario, digitado por los grupos de poder, por lo que repudiamos su actuación y con quien los pueblos no vamos a dialogar por no ser un interlocutor válido del gobierno para solucionar nuestras demandas. Los pueblos indígenas exigimos contar con representantes del Estado que tengan solvencia moral y democrática, para sentar las bases de un diálogo de buena fe.

Cuarto: Rechazamos la persecución a nuestros líderes sociales, indígenas y campesinos; demandamos la derogatoria de los Decretos Legislativos que criminalizan la protesta social y demandamos el respeto irrestricto de los derechos fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas, quienes en un país en democracia y en Estado de Derecho, ejercemos nuestro legitimo derecho a la protesta, a la libertad de pensamiento y de expresión contra un gobierno que nos engañó vilmente en el proceso electoral.

Quinto: Respaldamos las luchas emprendidas por nuestros hermanos y hermanas de las organizaciones vivas de Espinar, Cajamarca, La Libertad, Ancash, Huánuco, Ayacucho, Moquegua, Puno, Cahuapanas (Loreto) y otras regiones del país, envueltas en conflictos por la defensa de sus recursos hídricos, la intangibilidad de sus territorios, la calidad de vida y contaminación del medio ambiente, por propugnar un modelo de desarrollo diferente que es el Buen Vivir, frente a la irracional política extractivista y entreguista del Gobierno.

Sexto: Planteamos una inmediata y verdadera reforma legal en materia de políticas de inversión para las industrias extractivas, el optimo aprovechamiento de nuestros recursos naturales y los estándares ambientales, que recoja las prioridades de desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas con plena participación, consulta y consentimiento previo libre e informado, según lo establecido en los compromisos internacionales asumidos por el Estado Peruano para velar por el cumplimiento de los derechos de nuestros pueblos.

Sétimo: Advertimos la presencia de agentes totalmente ajenos a los pueblos y organizaciones sociales que en complicidad con el servicio de inteligencia y las fuerzas policiales vienen sembrando “artefactos”, pintas, pasquines, y todo tipo de “evidencias” en los escenarios de conflicto, para justificar el empleo de las armas y la detención y represión en contra de nuestros hermanos y hermanas en pie de lucha.

Octavo: Ante la gravedad de los hechos, demandamos la presencia y vigilancia de la Defensoría del Pueblo, los organismos nacionales e internacionales de defensa de los derechos, así como del Sistema Internacional de Derechos Humanos y el Sistema de Naciones Unidas, para salvaguardar la vida y la integridad de las personas, los pueblos y comunidades indígenas que vienen reclamando el respeto de sus derechos colectivos.

¡Por la defensa de nuestros territorios y derechos colectivos!

¡Por la unidad de nuestros pueblos y nuestras luchas!

¡Por la vida!

Jueves 31 de mayo de 2012

Perú: Solidaridad argentino-hondureña con Espinar

Comunicado Público
29 de Mayo de 2012

DECLARACIÓN DE DENUNCIA Y REPUDIO A LAS FLAGRANTES VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS EN ESPINAR (PERÚ)

A través de la presente, las organizaciones que integramos la red de apoyo a las comunidades afectadas por el depredador y perverso accionar de la corporación transnacional de origen suizo, Xstrata Plc., expresamos nuestro más enérgico repudio a las graves violaciones de Derechos Humanos que afectan las comunidades de la provincia de Espinar, donde opera el proyecto Tintaya. Entendemos también que esta acción no podría llevarse a cabo sin la complicidad de las autoridades de gobierno peruano.

Una vez más, como en tantas otras situaciones que lamentablemente se vienen reiterando recurrentemente a lo largo de toda la geografía social latinoamericana afectada por la radicación de mega-proyectos extractivistas, la depredación de los bienes comunes del ambiente y la virtual ocupación de los territorios por parte de las grandes corporaciones transnacionales que las operan, se completa con actos de represión, violencia y criminalización de las resistencias sociales.

En el caso de las operaciones de Xstrata en la provincia de Espinar, tras cuatro días de paro de las comunidades locales, la empresa y el Estado peruano han desatado una violenta e indiscriminada represión contra los manifestantes. Mediante el accionar de fuerzas de seguridad privadas y con la presencia de más de 1500 efectivos policiales, desencadenaron una masiva represión contra varones, mujeres, jóvenes, niños y ancianos que terminó en el incomprensible y doloroso asesinato de por lo menos dos personas, una gran cantidad de heridos, entre ellos, el Alcalde de Espinar, y un alto número también indeterminado de personas detenidas ilegalmente y sometidas a tortura.

De acuerdo a las informaciones de nuestros compañeros de la región, denunciamos en particular que se ha practicado la tortura a por lo menos tres jóvenes espinarenses cometidas por parte de las fuerzas policiales y la detención ilegal y maltrato de 22 civiles en el campamento Tintaya Marquiri, incluyendo tres mujeres, una menor de edad y dos integrantes de la Vicaria de Solidaridad de Sicuani.
Tras la violenta represión, el territorio de Cusco se encuentra virtualmente militarizado y con la declaración del Estado de Emergencia, que pone en suspenso las garantías y derechos más elementales de la población.

Con indignación expresamos nuestro más enérgico repudio a este tipo de atropellos, y expresamos nuestra profunda solidaridad para con las familias de las víctimas, para con las y los compañera/os de la Vicaría de Solidaridad de Sicuani y para con todas las organizaciones sociales y autoridades locales encolumnadas en la defensa de sus medios de vida.

Como partes del mismo pueblo latinoamericano, hermanados en la lucha por la defensa de los territorios como fundamentos de la Vida en común, denunciamos una vez más, que el extractivismo minero significa –en las actuales condiciones- la perversa combinación de depredación con represión.

Reclamamos, a las autoridades del Gobierno de la República del Perú, el pleno y cabal esclarecimiento de los hechos de violencia, la inmediata liberación de los detenidos ilegales, la restitución plena del Estado de Derecho y la Administración de Justicia para con los responsables políticos, policiales, parapoliciales y empresariales de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas.

A las autoridades de los gobiernos de los pueblos de Nuestra América, reclamamos la urgente suspensión y revisión de las políticas extractivistas que amenazan y afectan tanto los más elementales Derechos Humanos, como los indisociables Derechos de la Madre Naturaleza, sin los cuales, aquellos pierden sustento.

Nomina de organizaciones y personas que adhieren.

Lupo Canterac Troya por Red Regional Agua y Desarrollo, Piura. Perú

Walter Ruiz, Antropólogo Social, Perú
Pedro A. Landa por Coordinación del programa de Derechos Humanos y Medio Ambiente del Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario. Facilitador de la Coalición Nacional de Redes Ambientales y Sociales contra la Minería a Cielos Abiertos. Honduras, Centroamérica.

Sandra Martínez por Asamblea "A diez años del 19y20 de diciembre" Rosario. Argentina

Liliana Leyes por Asociación Trabajadores del Estado. Seccional Rosario. Argentina

Claudia Martínez, por Asociación Civil Bienaventurados los Pobres. Catamarca. Argentina

Julio Andrada por Colectivo Sumaj Kausay, San Fernando del Valle. Catamarca


PERU:¡¡OSCAR MOLLOHUANCA LIBERTAD!!

José De Echave C.

Conocí a Oscar Mollohuanca aproximadamente hace 15 años en un taller de comunidades afectadas por la minería que organicé en 1998. Oscar asistió como asesor de la Federación Unificada de Campesinos de ...Espinar y en ese taller nació la idea de crear lo que un año más tarde fue la Coordinadora Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería. Hombre sereno y de hablar pausado se convirtió al poco tiempo en el alcalde provincial de Espinar e inició su primera experiencia en el municipio.

Me invitó a apoyar a las comunidades en la zona de influencia de la mina de Tintaya. Por esos años recuerdo un foro sobre el tema del canon en el que Oscar mostró que en un año había recibido apenas algunas decenas de soles como transferencia por canon. Era finales de la década del 90 y los primeros años del nuevo siglo.

Le tocó administrar un municipio en épocas de vacas flacas. Si bien no pudo hacer muchas obras en ese primer período, su gestión le dio prioridad al tema de la planificación del desarrollo y también inició la negociación de lo que fue finalmente el Convenio Marco y la mesa de diálogo con las comunidades en la zona de influencia de Tintaya. No le alcanzó el tiempo para firmar ambos acuerdos, pero sin duda fue el artífice de ambos procesos que priorizaron el diálogo y la construcción de consensos. No está demás precisar que durante su gestión no se suscitó ningún conflicto de envergadura como sí ocurrió posteriormente en mayo del año 2005.

Luego del paso por el municipio tuvo que dedicarle tiempo y recursos a la atención de varios de esos juicios que muchas autoridades tienen que enfrentar casi como un formato único. De todos salió bien librado.

En noviembre del año 2010 salió elegido por segunda vez alcalde provincial de Espinar
y asumió funciones en enero de 2011. Como parte del actual carga montón, una periodista que se ha convertido casi en la primera actriz de la televisión nacional, ha dicho que este alcalde “es un ineficiente de primera, porque apenas ha gastado el 35% del presupuesto en el año 2011”. La periodista aspirante a actriz se “olvida” que los alcaldes en el primer año de gestión solo pueden ejecutar el presupuesto que les ha dejado su antecesor.

Es cierto que Oscar planteó el tema de la renegociación del convenio marco como un tema central. Era una demanda de la población, así como la preocupación vinculada a los temas ambientales que siempre son sensibles en Espinar. También es cierto, que varias de las demandas de la población eran exageradas, quizás bajo la creencia que era la mejor estrategia de negociación. Sin embargo, no es cierto que su estrategia haya sido la de la confrontación y menos la del enfrentamiento violento.

Hacemos votos para que la calma regrese a la provincia de Espinar; que las legítimas preocupaciones de la población sean atendidas y que por supuesto su alcalde recupere la libertad. La comisión de altísimo nivel que se ha conformado, integrada por ministros que parece que sobre todo están pensando en hacer méritos para ganarse el aprecio de la pareja presidencial y ocupar el inminente vacante sillón de la presidencia del consejo de ministros, debe saber que un diálogo sin la presencia del alcalde de Espinar es una broma de mal gusto. Será apenas una pantomima de diálogo; una pésima puesta en escena que alejará aun más la posibilidad de construir salidas serias, respetuosas y duraderas.

La libertad de Oscar Mollohuanca no es solo una exigencia justa; también es un primer paso para superar la brecha entre las autoridades nacionales y la población de Espinar.

CON EL RUEGO DE SU DIFUSIÓN

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