lunes, 27 de agosto de 2012

Chile: Red chilena contra la violencia denuncia abusos sexuales contra jóvenes manifestantes

Natasha Pitts
Periodista de Adital
Adital

Además de tener que enfrentar la represión en las calles durante las manifestaciones por educación gratuita y de calidad, las jóvenes estudiantes chilenas están sufriendo abusos sexuales. La denuncia fue realizada por la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres que está exigiendo de las autoridades que suspendan la represión contra los estudiantes e investiguen la connivencia de alcaldes y directores en esos casos.

De acuerdo con la Red Chilena, los abusos ocurren la mayoría de las veces durante el traslado y la reclusión en los recintos policiales. Ellas son insultadas, amenazadas y amedrentadas por su condición de mujeres. Son obligadas a sacarse la ropa, aunque estén en el período menstrual y son abusadas de varias maneras.

"Estas prácticas abusivas y cobardes de agentes del Estado, se enmarcan en una violencia institucional de la que son cómplices Alcaldes y Directores/as de liceos, quienes ordenan y autorizan los desalojos. Por su parte, los medios de comunicación entregan información parcial y sesgada contribuyendo a la criminalización del movimiento estudiantil”, denuncia la Red Chilena contra la Violencia, recordando que es legítima la ocupación de establecimientos educacionales como forma de protesta.

Debido a la recurrencia de los casos, los abusos contra las manifestantes no pueden ser considerados hechos aislados practicados por algunos carabineros. Abusar y utilizar el cuerpo de las mujeres es una forma de ejercer un castigo material y simbólico, el que está siendo realizado en forma repetida, según la Red contra la Violencia.

Además de denunciar estos casos y la consecuente violación de documentos como la Convención sobre los Derechos de la Niñez y la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la Red exige que las autoridades políticas se manifiesten y den respuestas a la altura de los acontecimientos, ya denunciados por estudiantes, organismos de derechos humanos y organizaciones feministas.

"Respaldamos las legítimas demandas del movimiento estudiantil. Exigimos el inmediato fin de la represión a las y los estudiantes, y a la violencia sexual contra las jóvenes y niñas”, reclaman.

Traducción: Daniel Barrantes – barrantes.daniel@gmail.com

Chile: Estudiantes, docentes y organizaciones sociales de Chile marcharán este martes

Adital

Este martes las calles de Santiago (capital) y otras regiones de Chile serán tomadas por docentes, estudiantes y organizaciones sociales, en el marco de un paro nacional convocado por una educación gratuita y de calidad.

Con la consigna de una carrera profesional digna, mejores condiciones de enseñanza, fin al lucro en la educación y desmunicipalización, docentes chilenos convocaron un paro nacional para este martes 28 de agosto, al cual se sumarán diversas organizaciones sociales.

De acuerdo con el presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, la movilización se encuentra totalmente instalada en el país, con muestras de adhesión principalmente de docentes de la educación particular subvencionada, debido a que el Gobierno se ha negado a dialogar sobre las propuestas planteadas.

"Todas las señales dan cuenta de que será un jornada multitudinaria en Santiago (la capital) y en otras regiones en una primera acción que se va a transversalizar”, expresó Gajardo.

El dirigente sostuvo que coordinaron con Carabineros para evitar cualquier hecho de violencia, por lo que están tomando las medidas para que en el trayecto que ha sido autorizado no se produzca ningún hecho irregular.

Por su parte, la presidenta de la Coordinadora de Padres y Apoderados por el Derecho a la Educación (Corpade), Dafne Concha, instó a la población a sumarse al paro como una forma de solidaridad con el estudiantado.

"Vamos a estar manifestándonos con nuestros hijos, junto a los estudiantes a lo largo de todo el país (...) Saldremos con todas nuestras fuerzas porque creemos que es necesario defender a los estudiantes que se han estado movilizando y que han sido brutalmente agredidos por carabineros”, agregó.

Entre tanto, el representante de Mesa Social, Iván Vuskovic, manifestó el respaldo de la organización al paro docente porque consideran que el Gobierno tiene que escuchar el clamor de la ciudadanía sobre cambios importantes en el sistema educativo chileno.

Vuskovic afirmó que "no da más un sistema como el que tenemos, somos los padres, los apoderados los que sostenemos esta educación y naturalmente en estas condiciones se transforma esto en una educación totalmente segregada, donde tenemos educación para pobres, medios y ricos. De lo que se trata es que aseguremos oportunidades a todos los hijos de Chile”.

En la víspera los jóvenes universitarios desplegaron una bandera en la fachada de la Casa Centra de la Universidad de Chile, en la que escribieron la consigna que han mantenido desde el inicio de las protestas en 2011: "Educación pública, gratuita y de calidad”.

Desde la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech) indicaron que el banderazo, como se denominó la actividad, es solo un pequeño anticipo de lo que habrá este martes cuando todos los estudiantes saldrán a la calle nuevamente.

La noticia es de TeleSUR-PrensaLatina-LaNación/sa - FC


República Dominicana: Juventud rechaza proyecto de explotación minera en Loma Miranda

Karol Assunção
Periodista de Adital
Adital

El polémico proyecto de explotación minera en Loma de Miranda, en La Vega, República Dominicana, ha recibido críticas de distintos sectores de la sociedad civil en el país. Organizaciones científicas, campesinas y cooperativas ya se manifestaron contra el proyecto de la empresa Falcondo Xstrata Níckel, que pretende explotar níquel en la región. La semana pasada, fue la oportunidad en que las/os jóvenes se pronunciaron contra la iniciativa.

El pasado miércoles (22), la Coordinación Nacional de la Red Nacional de Acción Juvenil lanzó un comunicado en el que exige la cancelación del Acuerdo de Concesión de Loma Miranda. Además, la juventud pide a las autoridades dominicanas la emisión de la orden de detener la exploración en la región y que Loma Miranda sea declarada área protegida.

"Les recordamos a todos aquellos funcionarios y autoridades de nuestro país, desde el Presidente de la República hasta el de menor jerarquía, su juramento de hacer cumplir y respetar la Constitución y las leyes, y que nosotros dominicanos a quien nos duele esta tierra sagrada, estaremos vigilantes de sus actos y de sus acciones, para que en el caso que osen traicionar a la patria sean juzgados y condenados por conspiración contra la misma”, destacan.

En el comunicado, la Red Nacional de Acción Juvenil subraya la importancia de Loma de Miranda en el sistema de agua y recuerda los impactos ambientales causados por la minería a cielo abierto. "[…] las eventuales consecuencias de la explotación minera en Loma de Miranda implicarían la propagación de un metal pesado presente en la roca madre: el cromo, altamente tóxico y acumulable en los organismos de los seres vivos. Se trata de un metal que hace a las aguas no aptas para el consumo humano y eventualmente afectaría los ríos Jagüey, Pontón, Camú y Yuna. Además, los arroyos Barraco, Hatillo, Blanco, Guaní y Guardarraya, alimentados por Loma Miranda y que desembocan en la presa de Rincón”, agrega.

La Coordinación Nacional de la Red tiene como base artículos de la Constitución de la República y de la Ley General de la Juventud para rechazar el proyecto minero. Entre las normas citadas, destacan el artículo 15º de la Constitución, que establece el agua como un "patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, no embargable y esencial para la vida" y que consumo humano tiene prioridad sobre cualquier otro uso del agua y el artículo 67, que se ocupa de la protección del medio ambiente.

*Foto Reproducción de joeldeisitio

El proyecto

Loma Miranda es parte de la Cordillera Central y se encuentra a 17 km de la zona urbana de La Vega, República Dominicana. Se considera un área importante para el país debido a su potencial para captar humedad y a su diversidad ecológica.

El proyecto minero en Loma de Miranda no es visto con buenos ojos por diversas organizaciones de la sociedad. Según la información de las agencias, la Academia de Ciencias de la República Dominicana ya ha advertido al Estado sobre los impactos negativos que pueden ser causados por el proyecto, como daños a la producción agrícola en la región, la falta de agua potable, la contaminación ambiental y la pérdida de biodiversidad, entre otros.

Falcondo Xstrata Nickel, responsable del proyecto, por su parte, informa en su página electrónica (www.lomamiranda.com) que la operación se efectuará en 313 hectáreas (35%) del área propiedad de la empresa ubicada en la región y el restante 65% es destinado a la preservación, y que ese proyecto es "ambientalmente bien manejado".

Con información de agencias

Traducción: ricazuga51@yahoo.com

Continúa la huelga en la mina de platino de Sudáfrica donde se produjo la masacre

  • La empresa Lonmin reconoce que solo ha vuelto a trabajar el 13%
  • Denuncian amenazas contra los mineros
  • Las condiciones de los mineros no han mejorado tras el apartheid
Vehículo policial junto a la mina Marikana, en Sudáfrica, el 27 de agosto

Vehículo policial junto a la mina Marikana, en Sudáfrica, el 27 de agosto.AFP PHOTO / STEPHANE DE SAKUTIN

Los mineros sudafricanos que trabajan para la compañía Lonmin en las explotaciones de platino continúan con su huelga para pedir aumento de sueldo. Más de cuarenta personas han muerto durante el conflicto, 34 de ellas acribilladas por la Policía el pasado día 16 de agosto.

Según la compañía, la tercera del mundo en producción de platino, algunos trabajadores han sufrido intimidaciones para no volver a los pozos. El sindicato Solidarity, que representa a operarios cualificados, también ha denunciado amenazas, según la agencia Reuters.

La empresa ha reconocido que solo un 13% de sus 28.000 trabajadores ha regresado al tajo este lunes, lo que hace imposible reanudar la extracción.

Por su parte, la Unión Nacional de Mineros (NUM, en sus siglas en inglés), asegura que en la mina de otra compañía, la Eastern Platinum, se han producido incidentes similares: grupos de trabajadores han impedido que los mineros acudan a sus puestos.

Pésimas condiciones para los mineros

Los mineros sudafricanos soportan una situación económica y social que ha explotado en Marikana, según informa Jaime Velázquez para la Agencia Efe.

Durante décadas, la minería, primera industria de Sudáfrica, se ha mantenido sobre las pésimas condiciones de vida de sus trabajadores, informa Velázquez.

"Allá donde mirara, veía hombres negros con monos polvorientos. Vivían sobre el terreno en desnudos barracones que contenían cientos de lechos de cemento", escribía el expresidente sudafricano Nelson Mandela en su autobiografía, El largo camino hacia la libertad, en referencia las minas del Rand, cerca de Johannesburgo.

"Solo la existencia de mano de obra barata -continúa Mandela- en forma de miles de africanos, que trabajaban en largos turnos a cambio de un escaso salario y sin disfrutar de ningún derecho, hacía que la extracción resultara rentable para las empresas mineras".

Varias décadas después, la situación apenas ha cambiado en las explotaciones sudafricanas, donde miles de obreros trabajan en uno de los oficios más peligrosos y perjudiciales del mundo por unos 4.000 rands al mes (unos 380 euros).

"Es mejor que te despidan a seguir trabajando así", dicen los mineros.

Casi veinte años después del fin del "apartheid", los blancos siguen cobrando hasta cinco veces más que la población negra, que aún vive en asentamientos improvisados, y su tasa de paro ronda el 25%, frente al 5% de los descendientes de europeos.

La masacre de 34 mineros por disparos de la Policía el pasado día 17, y la muerte de otras 10 personas desde que se inició la huelga en Marikana, el 10 de agosto, ha puesto de manifiesto la realidad del subsuelo sudafricano.

"La situación en los poblados mineros es abominable: la superpoblación, la falta de salubridad, agua potable y electricidad son la norma", ha denunciado la Fundación Bench Marks, una organización que vela por los derechos laborales en Sudáfrica.

"La mayoría de los poblados chabolistas son el resultado de que las compañías no dan alojamiento adecuado a sus empleados y les pagan sueldos inhumanos", añade la Fundación.

El poblado de Marikana

La situación en el poblado de Marikana, junto a la mina de Lonmin, se asemeja bastante a esa descripción: la basura se acumula en los alrededores del asentamiento, que alberga a 10.000 familias, en casas de chapa y madera.

Bethuel Sibiya, de 43 años, paga 300 rands (unos 28 euros) por una chabola de dos metros cuadrados sin ventanas. Comparte el único grifo de agua corriente y los retretes con otras diez viviendas, aunque asegura que hay quien vive en chabolas peores acompañados de familia.

"Sólo hay agua durante unas dos horas, por la noche, así que hay que esperar levantado para llenar cubos para cocinar o asearse, y la electricidad a veces se va durante una o dos semanas", explica Sibiya, miembro del sindicato AMCU.

Los retretes "son sólo un agujero en el suelo. El olor y todo se desborda", agrega Sibiya, quien afirma que su salario es insuficiente para costear una vida mejor. "Tengo tres hijos y una mujer, y mi madre sigue viva. No me queda nada en el bolsillo. Sólo como pan. Ni pollo, ni nada", lamenta el obrero.

"Trabajé hasta 1987 en las minas. Luego en la hostelería. Volví a las minas hace un año porque pensé que podría ganar dinero, pero la situación sigue siendo la misma", señala el empleado.

"No hacíamos nada (en el momento de la masacre). Sólo bailábamos, es nuestra cultura -indica Sabiya-. La empresa le dijo a la Policía: 'id y matadlos'. Y eso es lo que hicieron".

Nicaragua: Denuncia Pública

Escrito por Movimiento Feminista de Nicaragua
Lunes, 27 de Agosto de 2012 22:20

La Fundación Entre Mujeres y el Movimiento Feminista de Nicaragua hace pública su posición oficial y única en torno al lamentable desenlace de la joven Johana del Carmen Altamirano originaria de San Juan del Rio Coco, quien se quitó la vida en el marco de una grave situación de violencia intrafamiliar.

La Fundación Entre Mujeres conoció de la situación de Johana el día 05 de Julio por medio de trabajadores de la gasolinera Petronic Sur, quienes les informaron haber encontrado a la joven en una caseta abandonada perteneciente a la empresa. Johana de 29 años de edad y originaria de San Juan del Rio Coco tenía 8 días de permanecer en la caseta de la gasolinera debido a la situación de violencia y abandono en la que se encontraba.

El CENIDH se hizo cargo de acompañar a Johana hasta el albergue Isis ubicado en la ciudad de Estelí, en el cual permaneció desde el 05 de julio hasta el 01 de agosto. Durante este período las personas responsables del albergue intentaron en reiteradas ocasiones convocar a reunión a Mi Familia y la Comisaría de la Mujer para abordar la situación de Johana, mismas que nunca se llevaron a cabo ante la inasistencia de Mi Familia. La FEM fue informada de las gestiones realizadas por el personal del albergue con familiares de Johana, sin obtener resultados positivos.

El día 01 de agosto una de las personas responsables del albergue llamó a la Fundación Entre Mujeres para informar que Johana quería abandonar el albergue y que además, esta organización no tenía posibilidades de seguirla alojando. El jueves 2 de agosto dos personas que laboran en el albergue se presentaron en las oficinas de la FEM en compañía de Johana, para la firma de un acta en donde se hace constar que la joven tomó la decisión de abandonarlo.

La FEM tiene conocimiento que en las horas posteriores a su salida del albergue la joven estuvo acompañada de un hombre que se hacía llamar Ulises Arauz, quien afirmó ser su pareja y el que probablemente fue la última persona que la vio con vida.

El domingo 5 de agosto recibimos una llamada del albergue comunicando la muerte de Johana, la cual según el informe policial murió luego de ingerir pastillas de curar granos en el sector de la terminal norte.

La Fundación Entre Mujeres y el Movimiento Feminista de Nicaragua expresa su más profunda preocupación ante la ausencia de las instituciones del Estado encargadas de brindar protección especial a mujeres que se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad.

Nos preocupa la falta de respuesta del Ministerio de la Familia, quien no mostró ningún interés de colaborar con el albergue Isis, para asegurar la atención que de manera urgente requería esta joven.

Demandamos a la Policía Nacional una exhaustiva investigación sobre la muerte de Johana y al gobierno de Nicaragua que haga públicas las normativas, procedimientos y responsabilidades de las instituciones para atender situaciones como la expuesta.

Dado a los 27 días del mes de agosto del 2012.

Ação Urgente: Quilombo Pontes ameaçado por homens armados, Maranhão

Envie os apelos para que as autoridades a garantam a segurança dos quilombolas.
© Anistia Internacional
Quarenta e cinco famílias do Quilombo Pontes em Pirapemas, Maranhão, estão sendo sistematicamente ameaçadas e intimidadas por homens armados que rondam a área. Os homens armados foram contratados por fazendeiros locais que tentam expulsar a comunidade de suas terras. As plantações e casas da comunidade foram destruídas e seus membros sofrem para conseguir alimentos para suas famílias.

No dia 15 de agosto, fazendeiros locais soltaram seu gado nas terras da comunidade Quilombo Pontes destruindo suas plantações, que incluíam o cultivo de mandioca – principal fonte de alimento da comunidade. Desde então, homens armados foram vistos rondando a mata no entorno das plantações e vários membros da comunidade disseram estar com medo de deixar suas casas. A comunidade depende do cultivo de alimentos para sobreviver e muitas famílias agora sofrem para alimentar as crianças.

A comunidade Quilombo Pontes foi reconhecida oficialmente como comunidade quilombola em dezembro de 2011, mas as autoridades não agiram para garantir a integridade de suas terras. A comunidade foi deixada à sua própria sorte em uma região violenta e sem lei. Muitos líderes comunitários receberam ameaças de morte. Um deles, Zé Patrício, foi incluído no Programa Federal de Defensores dos Direitos Humanos em outubro do ano passado, mas desde então não recebeu qualquer apoio das autoridades.

A comunidade Quilombo Pontes, junto com a comunidade vizinha Salgado, desde muito tempo vem sofrendo ameaças e perseguição dos proprietários de terra vizinhos. De acordo com a Comissão Pastoral da Terra (CPT), o Estado do Maranhão se tornou foco de violência relacionada ao acesso à terra, com mais de 200 focos de conflito por terra em 2011 e mais de 100 líderes comunitários recebendo ameaças de morte.

Por favor, escreva imediatamente em português ou na sua própria língua:
* Instando as autoridades a garantirem a segurança da comunidade Quilombo Pontes em Pirapemas e a investigarem todas as denúncias de ameaças e destruição de propriedade, levando os responsáveis à justiça.

* Instando as autoridades a investigarem todas as ameaças contra Zé Patrício e garantirem sua total proteção de acordo com sua vontade.

* Apelando às autoridades para defenderem os direitos de todas as comunidades quilombolas, de modo a promover a sua segurança de forma eficaz e a longo prazo.

POR FAVOR ENVIE OS APELOS ANTES DE 2 DE OUTUBRO PARA:
Secretária Nacional de Direitos Humanos
Exma. Secretária Especial
Maria do Rosário Nunes
SCS Bloco B, Quadra 09, Lote C,
Ed. Parque da Cidade,
Corporate, Torre A, 10°Andar
CEP: 70308-200
Brasília/DF Brazil.
Fax: + 55 61 2025 9414
Saudação: Exma. Sra. Secretária
Governadora do Maranhão
Exma. Sra Governadora Roseana Sarney
Palácio dos Leões
Av. Dom Pedro II, s/nº Centro
CEP 65.010-904
São Luís/MA, Brazil
Fax: + 55 98 2108 9252/9084
Saudação: Exma. Sra Governadora
E cópias para:
Comissão Pastoral da Terra
Maranhão Rua do Sol, nº 457,
Centro CEP 65020-590,
São Luís – MA, Brazil
INFORMAÇÃO ADICIONAL
Os quilombos se formaram no fim do século 16 em remotas áreas rurais no Brasil por escravos que fugiram ou que tinham sido libertados e resistiam à escravidão. A Constituição Brasileira de 1988 (Artigos 215 e 216) reconhece o direito das comunidades descendentes às terras ocupadas historicamente pelos quilombos. Em particular, o Artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias afirma que “Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos”. Uma série de leis federais e estaduais foram introduzidas para regular como os territórios quilombolas são identificados e como os títulos deem ser dados para as comunidades remanescentes.
Em 30 de outubro de 2010, Flaviano Pinto Neto, líder da comunidade quilombola Charco, no Maranhão, foi assassinado com sete tiros na cabeça (ver AU 244/10,). Líderes da comunidade quilombola Salgado, em Pirapemas, também foram ameaçados (ver AU: 369/11).

Além da legislação nacional, o Brasil é parte da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, da Convenção Interamericana de Direitos Humanos e da Convenção Internacional pela Eliminação de Todas as Formas de Discriminação racial, que reafirma os direitos dos grupos afrodescendentes a seu direitos culturais e à terra, bem como os princípios da não-discriminação e igualdade perante a lei.

Há mais de 3.000 comunidades quilombolas no Brasil. Centenas de processos administrativos foram iniciados perante o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), mas menos de 10% das comunidades receberam o título de propriedade de suas terras até agora.

A comunidade Salgado, com mais de 42 famílias, tem lutado por seu direito à terra desde 1982 e tem sido ameaçada com várias ordens de despejo. A comunidade sofreu inúmeros retrocessos, devido à alegada negligência daqueles responsáveis pelo processo de demarcação.

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Edmilson Pinheiro
São Luís/MA/Brasil

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