Bolivia: notas de prensa

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El Ejecutivo califica de “canallada” la denuncia de implicados en la red

Detenidos dicen que Gobierno les ordenó seguir a opositores

RED A través de una acción de libertad, los supuestos miembros de la red de extorsión afirmaron que el Ejecutivo ordenó pinchar el teléfono de la diputada Marcela Revollo.

Página Siete / La Paz - 07/02/2013

Los abogados detenidos por el caso red de extorsión denunciaron que recibieron instrucciones de autoridades del Ministerio de Gobierno para realizar seguimiento a opositores y acusan al viceministro Jorge Pérez de pinchar el teléfono de la diputada del MSM Marcela Revollo.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, calificó estas acusaciones como una “canallada”. “Que estos señores prueben sus denuncias, me parecen que son una canallada. (Los involucrados) están desplegando una estrategia mediática para aparecer como víctimas”.

Los ex abogados de ese despacho gubernamental Boris Villegas, Fernando Rivera y Denis Rodas relatan en el memorial de acción de libertad que presentaron al Tribunal de Justicia de La Paz que el ministro Romero ordenó la detención de cinco dirigentes de los discapacitados, cuando éstos llegaron a La Paz demandando la aprobación de un bono para ese sector.

También narran cómo Romero pidió presionar al juez Daniel Espinar Molina para que revierta su decisión de liberar a los líderes de los discapacitados.

Asimismo, hacen referencia a que el ministro, mediante el director del Conaltid Sabino Mamani, les instruyó aprehender a cuatro dirigentes de los cocaleros de La Asunta, después de que ese sector que se oponía a la erradicación de cultivos de coca llegó a tomar un cuartel de la Fuerza de Tarea Conjunta.

En relación al conflicto entre mineros asalariados y cooperativistas de Colquiri, los acusados de formar parte de una red de extorsión dicen que se les ordenó allanar y detener a los principales dirigentes de ambos sectores, pero que esta orden no prosperó porque era imposible ejecutar material y legalmente.

En una de las partes del memorial también señalan que se pinchó el teléfono de la diputada Revollo cuando conversaba con el dirigente del TIPNIS, Fernando Vargas, durante la realización de la IX marcha indígena.

“Se intercepta la comunicación telefónica que esta diputada de oposición (...) haciendo creer que la diputada Revollo tendría al interior de su oficina gente infiltrada y que de esa forma se habría obtenido la grabación, extremo por demás falso, mentiroso y temerario”.

Apuntan al viceministro Pérez de ejecutar la interceptación porque tenía a su cargo equipos sofisticados para escuchar llamadas. Entonces Revollo fue acusada de supuesta sedición.

La acción de libertad, interpuesta por los abogados, no prosperó, pues la audiencia programada para ayer en La Paz fue suspendida. La directora jurídica del Gobierno, Paola Barriga, explicó que no se pudo trasladar a todos los implicados. La sesión se realizará mañana en Santa Cruz.

 

El Ejecutivo niega espionaje a opositores

EL viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, César Navarro, negó que el Ejecutivo practique seguimiento o espionaje telefónico a políticos de oposición.

- 07/02/2013

El viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, César Navarro, negó que el Ejecutivo practique seguimiento o espionaje telefónico a políticos de oposición.

“Para mí es claro el hecho de que están utilizando su condición de detenidos, en este momento, para descalificar a autoridades políticas del Gobierno y están utilizando los medios de comunicación para descalificar. ‘A mí me preocupa que más que denuncias están existiendo justificaciones individuales, en este caso colectivas, de una acción que en este momento no tiene ninguna explicación legítima, sólo tienen una sanción penal”, manifestó la autoridad.

Navarro añadió que sería una “irresponsabilidad” que el Ejecutivo pinche las llamadas telefónicas de los opositores.

“Éste no es el comportamiento del Gobierno para los opositores del país. Se pretende hacer sensacionalismo mediático. Se está usando esta denuncia como si fuera una verdad absoluta. Se quiere desvirtuar este caso (extorsión). De ninguna manera se hacen pinchazos, es muy irresponsable hacer eso”, acotó.

Mientras tanto, el viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez , pidió a la población y a los medios de comunicación no prestar atención a las denuncias que realizan personas acusadas por corrupción.

“Me acusa gente desesperada para atraer la atención. Los ‘acusadores de espionaje’ buscan victimizarse y politizar la investigación. Pido a los medios de comunicación que no les hagan el favor de dar cobertura a corruptos”, afirmó Pérez.

La autoridad gubernamental acotó que iniciará otra acción penal contra los involucrados en el caso de extorsión por las denuncias que hicieron a través de su memorial de acción de libertad.

Cuando estalló el caso de la red de extorsión se conoció que Pérez tenía un duro enfrentamiento con Boris Villegas y su equipo jurídico. Estos últimos habrían intentado involucrar al viceministro con algún ilícito.

 

Trabajó todo enero y luego se lo borró incluso del sistema

Prohíben la contratación del ex asambleísta Chato Prada

CASO Se desempeñó en enero como asesor del senador oficialista Manuel Limachi, pero por una decisión de bancada se lo alejó.

ERBOL / La Paz - 07/02/2013

 

Información a la que tuvo acceso ERBOL indica que Raúl Chato Prada, ex asambleísta constituyente por el Movimiento Al Socialismo (MAS) y ex viceministro de Evo Morales, desempeñó funciones como asesor del senador oficialista Manuel Limachi, pero por una decisión de bancada se lo alejó del puesto a un mes de iniciar con el trabajo.

Este hecho fue confirmado por el jefe de asambleístas masistas en la Cámara Alta, Eugenio Rojas, quien dijo que todos los legisladores del partido en función de Gobierno tomaron la determinación de no contar con sus servicios, pese a que la medida vulnera sus derechos.

“La bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS), los senadores han decidido de que no vamos a necesitar esa clase de gente ('). Con qué moral, haber, uno que de frente ataca y luego se calla, eso es falta de moral. Aunque está fuera de las normas, (tal vez se) podría estar contra sus derechos ('). Él tiene que darse cuenta, no es niño”, afirmó Rojas.

Los datos del caso indican que Limachi, representante de Pando en el Legislativo, solicitó la contratación de Prada como su asesor, petición que fue aceptada en primera instancia por el oficial mayor del Senado, pero luego fue revocada ante una “decisión política” de toda la bancada del MAS.

Se conoce también que Prada trabajó todo enero, período en el que se le otorgó una credencial y se le incluyó en el sistema informático para funcionarios. Pero, finalizado el mes se lo borró de dicho mecanismo, incurriendo en adulteración de información y no pagándole su sueldo. En un escueto contacto telefónico con ERBOL, Prada confirmó la noticia, pero dejó en claro que él no piensa hacer reclamos públicos sobre este hecho; garantizó además que continuará con su actitud crítica al Gobierno, con el fin de reencaminar el “proceso de cambio”.

Fue cercano a Evo Morales

El ex asambleísta constituyente del MAS Raúl Chato Prada fue parte del entorno cercano de Evo Morales cuando fungía como viceministro de Planificación y Coordinación.

En 2011 y alejado del Gobierno, señaló que los movimientos sociales depositaron desde un inicio una excesiva confianza en Morales y que ahora se sienten defraudados por el “modelo liberal” que impulsa el Ejecutivo.

 

Una diputada advierte que el daño no podrá ser reparado

Ley de Autonomías generó la suspensión de 20 autoridades

POSICIONES El MSM dice que es una acción electoral del MAS, aunque de ahora en adelante frenará las suspensiones. En Convergencia saludan y critican el fallo judicial.

Nancy Vacaflor / La Paz - 07/02/2013

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En dos años y medio de vigencia de los artículos 144 y 145 de la Ley Marco de Autonomías, al menos 20 alcaldes y gobernadores fueron suspendidos de sus cargos por la acusación formal de un fiscal.

Un relevamiento realizado por este matutino a las destituciones da cuenta de que estas autoridades fueron acusadas desde racismo, pasando por incumplimiento de deberes, malversación de fondos, tráfico de carburantes y otros delitos como violación.

El martes, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) hizo conocer una resolución que declara la inconstitucionalidad de la figura de suspensión temporal de autoridades electas, pero como afirma la diputada opositora Norma Piérola, esa resolución no repara el daño ocasionado a las ex autoridades que perdieron el mandato popular por la decisión de un fiscal.

Entre algunos alcaldes suspendidos de las ciudades capital están Jaime Barrón (Sucre) y René Joaquino (Potosí), sin dejar de lado a las autoridades de Bermejo, Quillacollo, Punata, Mairana, Warnes, San Ignacio de Velasco, Colomi, Huacaraje, Camiri y otros municipios del país. En este proceso fueron suspendidas cinco autoridades electas por el partido oficialista.

Los gobernadores opositores Mario Cossío y Ernesto Suárez también fueron suspendidos. En el caso de Suárez, renunció a su cargo el año pasado y posibilitó una nueva elección de gobernador, que se desarrolló el pasado 20 de enero en Beni y que favoreció nuevamente a su frente.

El MAS también intentó suspender al gobernador cruceño, Rubén Costas, desde la Asamblea Legislativa Departamental, pero no logró inclinar la balanza con sus aliados y Costas se mantuvo en el poder hasta ahora.

 

El TCP, dentro de sus argumentos jurídicos, indica que los artículos 144, 145, 146 y 147 son contrarios a la Constitución Política del Estado y a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, e incide de manera reiterada que siempre se presume la inocencia de las personas.

 

El órgano de control constitucional emitió su sentencia 2055/2012 el 16 de octubre de 2012, pero la resolución se conoció recién el martes.

El ex fiscal Milton Mendoza criticó que haya existido mucha demora para que el Tribunal se pronuncie sobre este caso, más aún cuando los senadores Centa Rek y Germán Antelo, de Convergencia Nacional, presentaron la acción de inconstitucionalidad en diciembre de 2011.

“Ésta es una práctica viciosa de la administración de justicia que lamentablemente no hemos podido cambiar, o sea, las sentencias siempre salen con fecha pasada, para que no se dejen vencer los plazos”, dijo a ERBOL.

La Ley Marco de Autonomías fue aprobada por la mayoría oficialista sin mayor debate en 2010. Ya entonces, la oposición advirtió que el MAS pretendía con esta norma derrocar a las autoridades de la oposición.