Tatiana Félix
Periodista de Adital
Adital
Durante una jornada para dar comienzo al
proceso administrativo para la restitución de tierras del edificio de los
Playones de Pivijay, en Magdalena, Colombia, el último viernes (19), las mujeres
que acompañaban la acción, integrantes de diversas organizaciones campesinas,
de la Asociación de Mujeres Productoras del Campo (Asomuproca), dueña de las
tierras donde está ubicado el edificio, y de la Asociación Colectivo Mujeres al
Derecho (Asocolemad) se vieron ante una situación de invasión y peligro, cuando
un escolta armado entró libremente en el recinto y comenzó a sacar fotos de
ellas.
El acto del proceso de restitución fue
organizado por la Unidad de Restitución de Tierra (URT), que permitió la
invasión ilegal del escolta armado. Según las campesinas, el guardia fue
designado por Fabian Oyaga, director de la URT del territorio de Magdalena, y
violó el derecho a la privacidad. Además, de acuerdo con el relato de la
Asocolemad, la URT también suspendió la jornada e incumplió el compromiso de
rembolsar el valor de los transportes de las más de 50 mujeres que asistieron
al proceso.
Desde hace 17 años vienen luchando por la
restitución del local donde ahora está construido el edificio de los Playones
de Pivijay; estas mujeres han sufrido constantes persecuciones, amenazas,
desalojos forzados y otros ataques, y temen que la invasión sea otro medio para
preparar una futura represalia.
En virtud de esta situación, la Asocolemad, la
Asomuproca y el Espacio Multicultural de Mujeres de la región Caribe denuncian
el caso y exigen al gobierno colombiano que investigue la finalidad y el uso de
las fotografías que fueron sacadas sin permiso durante la jornada, y aplique
las sanciones a los responsables que pusieron en riesgo la protección y la
integridad de las mujeres y defensoras que estaban en el proceso.
También piden la garantía de procesos
transparentes, con respeto y seguridad por parte de la URT y sus funcionarios,
y que sean tomadas medidas de protección para defensores y para el ejercicio de
defensa de los derechos humanos y reivindicación de tierras tanto en la ciudad
como en las zonas rurales del país, obedeciendo las recomendaciones
internacionales sobre Derechos Humanos en Colombia.
"Dejamos de manifiesto que cualquier situación que atente contra la
seguridad, la vida e integridad física de las integrantes de Asomuproca y Asocolemad y sus familiares, será responsabilidad del
Estado Colombiano, sus instituciones y funcionarios como responsables de
garantizar los Derechos Humanos en Colombia”, alertan.
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