Perú: Grupo acusa a gobierno de intentar incumplir consulta previa y recuerda Convenio 169 de la OIT

Tatiana Félix

Periodista de Adital

Adital

A pesar de que el gobierno de Perú, encabezado por el presidente Ollanta Humala, ha aprobado medidas como la creación del Servicio Nacional de Certificación Ambiental (SENACE), la acreditación de traductores indígenas y la publicación de una guía metodológica, que señalarían el cumplimiento de determinados requisitos en materia de proyectos que impactan sobre el medio ambiente y a los pueblos indígenas y originarios, las concesiones realizadas por este mismo gobierno a proyectos extractivos demuestran la insuficiencia de una política integral para implementar procesos de consulta previa a los pueblos afectados por esas actividades.
 

Sumado a esto, la negativa del gobierno de discutir la solicitud de las organizaciones indígenas para modificar siete artículos de la Ley de Consulta Previa, la aprobación de un reglamento de esa Ley sin el acuerdo de las organizaciones indígenas nacionales, los anuncios de autoridades ministeriales para "destrabar” 14 proyectos mineros en el área andina donde no se efectuaría la consulta previa y las declaraciones del mismo presidente Ollanta Humala diciendo que sólo las comunidades nativas amazónicas tendrían derecho de ser consultadas, serían, para el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, "señales” que revelarían la intención del gobierno de "incumplir y desnaturalizar” la consulta previa a los pueblos indígenas.

En virtud de esta situación, el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas lanzó, este martes (7), un pronunciamiento para recordar que el Estado peruano tiene una obligación internacional desde 1995, a través del Convenio sobre Pueblos Indígenas 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para que siempre se consulte a esa población cada vez que alguna medida o proyecto impacte directamente sobre sus tierras o comunidades, afectando sus modos de vida y economía.

Rebatiendo el discurso del presidente, el Grupo recuerda que en Perú también residen pueblos indígenas, campesinos y otros en las zonas andinas y costeras, y no sólo comunidades nativas en la región amazónica. Por eso, pide que el gobierno convoque a las organizaciones nacionales indígenas a un diálogo para escuchar sus demandas y establecer mecanismos para darles cauce, creando canales de participación y consulta establecidos en el derecho internacional para abordar temas esenciales como derecho al territorio, evaluación ambiental y fiscalización, entre otros.

"La objeción para no aplicar un derecho fundamental porque retardan o alejan las inversiones es inválida, insuficiente y errada, pues sólo con reglas claras y transparentes, basadas en el respeto al estado democrático de derecho, se podrán desarrollar actividades productivas sin los conflictos sociales, que conllevan pérdidas humanas y económicas”, se alega.

Traducción: Daniel Barrantes - barrantes.daniel@gmail.com