El Procurador General la Nación ha abierto pliego de cargos al Alcalde Mayor de Bogotá, Gustavo Petro,
bajo la acusación -o calificación en términos procesales- de haber
incurrido en “faltas gravísimas a titulo de dolo”, porque autorizó para
asumir la prestación del servicio de aseo a la Unidad de Servicios Públicos (UAESP), al acueducto y a la empresa Aguas de
Bogotá S.A. y por haber expedido el decreto No.564 del 10 de diciembre
de 2012, mediante el cual se adoptó el nuevo régimen de aseo porque,
según el ente investigador, dicho decreto viola "el principio
constitucional de libertad de empresa".
No
nos cabe la menor duda de que este es un proceso político contra la
izquierda, liderado por un fanático fundamentalista de extrema derecha,
que interpreta en la "investigación" el interés de los partidos del
régimen y de los grandes empresarios.
El
gran capital va por la recuperación del manejo libre y total del
presupuesto de la ciudad, cuyo control se le ha complicado y afecta las
tasas de ganancia y acumulación de las multinacionales y los empresarios
que han manejado tradicionalmente la economía de la ciudad.
Pero
fundamentalmente, las derechas van por la recuperación del modelo de
ciudad, que se les desajustó y retrasó con los gobiernos de Garzón y
Moreno y que tiende a descarrilárseles con la administración Petro. El
modelo de ciudad formulado por el actual alcalde afecta los intereses
estratégicos de la globalización neoliberal, en la que Bogotá juega un
papel geopolítico muy importante para la articulación de la economía
regional y hoy particularmente, para la recuperación por las élites
imperiales del control político y económico de América Latina. Pero
también afecta el modelo de acumulación del capital y el aumento
continuo de la ganancia, los niveles de explotación de los trabajadores y
la mercantilización de los servicios básicos en contra de la naturaleza
y la calidad de vida de la población.
Es
un proceso político, porque la calificación misma de las faltas
investigadas confronta dos concepciones ideológicas de la política
pública del aseo: el aseo como negocio de los empresarios privados y el
aseo como obligación pública para el bienestar de la ciudad. Pero
además, porque el propósito del proceso es golpear a un dirigente de la
izquierda.
Es
un proceso político, que busca contener la influencia del ascenso
nacionalista, antiimperialista y democrático que vive Latinoamérica como
respuesta popular a la recolonización que impulsan las élites
imperiales con la globalización neoliberal.
Es
un proceso contra las políticas públicas que ha levantado la actual
Administración Distrital. Contra el modelo de democratización de la
ciudad contenido en los aspectos fundamentales del Plan de Desarrollo y
del proyecto de reforma del Plan de Ordenamiento Territorial ( POT ),
presentado a consideración del Concejo. Contra la política que busca
proteger y recuperar el patrimonio público en áreas que son estratégicas
para los intereses populares como servicios públicos, transporte,
salud, educación y crédito, áreas que, durante las últimas tres décadas,
pasaron de ser responsabilidades y obligaciones del Estado, a
convertirse en grandes negocios en la feria neoliberal de la
privatización del patrimonio público.
Es
un proceso que favorece los carteles de la contratación creados por la
ley 80/93 y de las mafias que medran tradicionalmente a su alrededor y
que desangran el presupuesto del distrito. Mafias que con la voluntad
ética del alcalde, pueden debilitarse, pero que se mantienen, porque en
el capitalismo la corrupción es una de las múltiples formas de
acumulación.
El
proceso es, en síntesis, una confrontación entre la democracia y la
antidemocracia, entre la izquierda y las derechas, entre los intereses
del gran capital y los intereses del pueblo y de la clase media.
Por
supuesto que se han cometido errores de improvisación en la
administración del distrito y que hay diferencias con métodos
individualistas (que hoy resultan muy costosas para la democracia), pero
para la izquierda, esas diferencias no pueden en este momento colocarse
por encima de las estrategias y políticas democráticas para la ciudad.
La izquierda tiene que estar a tono con los trabajadores y el pueblo que
han resistido contra el modelo neoliberal de ciudad, eligiendo alcaldes
con propuestas alternativas, que a pesar de las fallas, conflictos y
prácticas corruptas, han marcado un camino de esperanza. El triunfo de
Petro es parte de esa apuesta política popular y por eso su derrota es
fundamental para las derechas que han hecho de la ciudad un negocio.
No
nos cabe ninguna duda en cuanto a que si no se organiza desde los
territorios y sectores sociales a la población y no se estructura un
plan articulado y sistemático de movilización para defender el modelo
democrático de ciudad, el Procurador va a sancionar al alcalde Petro. En
preparación de esa medida "disciplinaria", ya los grandes medios de
comunicación -que crean y manipulan la opinión- han indispuesto a los
habitantes con una práctica sistemática y coordinada de mentiras,
tergiversaciones y exageraciones en contra la Administración Distrital y
el alcalde Petro.
Es
este un momento que reclama unir la izquierda y los sectores
democráticos de la política y la sociedad para defender con la
movilización un pliego concertado de políticas para una ciudad
democrática; para buscar que la población se apropie y le de concreción a
las políticas que se han formulado en beneficio de los sectores
populares; y para avanzar en la construcción del sujeto político
colectivo que lidere la lucha democrática y derrote con la movilización
ofensivas de las derechas como la que hoy se proponen acometer contra
Bogotá.
- Alberto Téllez Iregui. - Bogotá D.C., 22 de junio de 2013.
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