jueves, 16 de mayo de 2013

Venezuela: Avanza El Golpe Judicial

CubaDebate
Contra el terrorismo mediático
Adital
Por Luis Britto García

Barack Obama se considera con poderes para asegurar que "el pueblo de Venezuela pueda determinar su propio destino libre del tipo de prácticas que todo el hemisferio ha dejado atrás”, y no reconoce el triunfo de Nicolás Maduro. El candidato derrotado introduce demanda de nulidad ante el TSJ, y en prueba de que no respeta al CNE ni tampoco al más alto juzgado de la República, de una vez declara que "Si estos magistrados no quieren responder vienen las instancias internacionales”. Son las mismas que invocó el golpista Carmona Estanga en el decreto con el cual derogaba la Constitución ¿Habrá mejor sitio para acudir que ante instancias financiadas por Estados Unidos?

En efecto, no hay entes jurisdiccionales más patrocinados por EE.UU. que la Comisión de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos de la OEA, la cual recibe 54% de su presupuesto de la potencia norteña. El presidente Rafael Correa denunció que países que no han firmado la Convención Americana y que por lo tanto no están sujetos a la CIDH, como Estados Unidos y Canadá, y ONGs radicadas en ellos costean el 96,5% del Presupuesto de ésta.

Quien paga la música elige la canción, y la CIDH baila al ritmo que sus patrocinantes le tocan. Como coreando a su patrocinante Obama, el 10 de mayo la Comisión instó a Venezuela a "adoptar de manera urgente todas las medidas que sean necesarias a fin de garantizar los derechos a la vida y a la integridad personal, así como los derechos políticos, el derecho de reunión y los derechos a la libertad de asociación y libertad de expresión en este contexto”. Por si faltaran dudas de la parcialización, consideremos que en el sangriento período entre 1969 y 1998, cuando hubo campos de concentración y masacres como las de Cantaura, Yumare y el Caracazo, tramitó apenas 6 casos contra Venezuela, uno de ellos incoado por el terrorista Posada Carriles. En cambio, entre 1999 y 2011 tramitó 63 casos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos no exhibe mejor prontuario. Entre 1981 y 1998 resolvió sólo 1 caso contra Venezuela, el de la masacre de El Amparo. Pero entre 1999 y 2011 sentenció 13 y tramita 11 más: 23 casos contra nuestro país. Ni la CIDH ni la Corte acordaron ninguna acción ante el golpe del 11 de abril de 2002.

Vale la pena hacer memoria sobre este encarnizado prejuicio contra nuestro país. En su Informe para el Examen Periódico Universal 2011, la CIDH nos acusa en 233 párrafos. En 205 trata sobre casos en los cuales no se han agotado los recursos internos, por lo que no se los puede llevar ante la jurisdicción externa. En 225 párrafos no especifica hechos tales como nombres, fechas, lugares ni otros datos indispensables para que una acusación sea admitida. En 182 casos, juzga sobre suposiciones de hechos futuros e inciertos, que "podrían” acontecer. En la casi totalidad, se funda en rumores o recortes de prensa, que ningún tribunal digno de tal nombre acoge como prueba. Hasta veta proyectos de leyes, cuya sanción depende única y exclusivamente de la soberana voluntad popular, y no de una oficina de Washington. Fundándose en esta masa de acusaciones fraguadas, nos incluye en una "IV Categoría” de países con graves problemas de Derechos Humanos, acompañados sólo por Cuba, Honduras y Haití.
Al tribunal de los fariseos se lo conoce por sus sentencias. El 10 de enero del año pasado escribí que a instancias del terrorista Tor Halvorsen "La Corte Interamericana contradijo la decisión venezolana que inhabilita a un corrupto para candidatearse. Igual puede pretender inhabilitar a quien gane las elecciones del 2012, o decidir quién las ganó”. Exactamente en esa situación estamos un año después. La oposición pretende que tribunales extranjeros financiados por Estados Unidos, y no el pueblo venezolano, decida quién debe gobernarnos.

¿Qué éxito puede tener esta demanda temeraria? Jurídicamente, ninguno. Establece el artículo 1 de la Carta de la OEA que los países adhieren a dicho ente para "lograr un orden de paz y de justicia, fomentar su solidaridad, robustecer su colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia”. Mal podría una Corte de la OEA acabar justamente con la independencia y soberanía de países miembros. Para el caso de que tratara de hacerlo, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de 15 de julio de 2003 declara que decisiones de órganos jurisdiccionales extranjeros no son aplicables en Venezuela si violan la Constitución: "Planteado así, ni los fallos, laudos, dictámenes u otros actos de igual entidad, podrán ejecutarse penal o civilmente en el país, si son violatorios de la Constitución, por lo que por esta vía (la sentencia) no podrían proyectarse en el país, normas contenidas en Tratados, Convenios o Pactos sobre Derechos Humanos que colidiesen con la Constitución o sus Principios rectores”.

Tampoco podrían la CIDH ni la Corte Interamericana admitir tal demanda de inmediato, pues según el artículo 46 de la Carta Interamericana de los Derechos Humanos, "1. Para que una petición o comunicación presentada conforme a los artículos 44 ó 45 sea admitida por la Comisión, se requerirá: a)que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, conforme a los principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos”. Y desde el 10 de mayo de 2012 nuestra Asamblea Nacional acordó la denuncia de la Convención Americana, pero sólo tras inexplicable e inexcusable retraso se comunicó el 6 de septiembre dicha decisión a la Corte. Ante ésta sólo se pueden interponer recursos durante un año tras la denuncia. De no ser por el saboteador retraso, ya estaríamos libres de esa pesadilla. Pero declara en el diario La Verdad del 27-4-1013, el constitucionalista José Vicente Haro que "el camino de la impugnación es largo. Una sentencia definitiva podría demorar hasta un año”. Antes de ese plazo, el 6 septiembre de 2013 estaríamos enteramente fuera del poder del tribunal de los fariseos. Que así sea.

La justicia es ciega, y el prejuicio también. Ante la Corte Interamericana están introducidas las demandas de RCTV contra la no renovación de su concesión; la de Allan Brewer Carías para deslegitimar a los tribunales venezolanos y la anunciada del candidato perdedor para anular las elecciones presidenciales. Toda una triple ofensiva para deslegitimar a los poderes Ejecutivo, Judicial y Electoral. El órgano encargado de defendernos, la Agencia del Estado para los Derechos Humanos ante los Organismos Internacionales a veces padece cuatro meses de tardanza antes de que se pague a su personal, en otros casos no ha podido asistir a audiencias por providenciales retrasos en la entrega de viáticos. El presidente Nicolás Maduro twitea que "La cuestionada y desprestigiada CIDH vuelve a arremeter contra la democracia y el pueblo venezolanos. Una vez más la rechazamos y repudiamos”. Para que ese repudio se haga efectivo, es necesario dotar de medios a nuestros defensores. Se avecinan graves batallas jurídicas, y no podemos acudir a ellas desarmados.


España/Andalucía: ATA: Cuatro años de camino hasta el Parlamento andaluz

El 26 de Febrero de 2009, Nafarroa Bai registró en el Parlamento de Navarra una proposición de ley integral de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales, la primera de estas características que se presentaba en España.

Ese mismo día, la Asociación de Transexuales de Andalucía  (ATA) emitió un comunicado de prensa donde celebraba la iniciativa y anunciaba el inicio de contactos con los grupos políticos que forman el Parlamento andaluz para consensuar y llevar a cabo una iniciativa similar en la comunidad autónoma.

El parlamentario de Nafarroa Bai Ioseba Eceolaza y a su izquierda la actriz Carla Antonelli, ex coordinadora del área transexual del PSOE, el 25 de febrero de 2009 / EFE
El parlamentario de Nafarroa Bai Ioseba Eceolaza y a su izquierda la actriz Carla Antonelli, ex coordinadora del área transexual del PSOE, el 25 de febrero de 2009 / EFE

En mayo de 2009, ATA contactó con todos los grupos que componían el Parlamento (PSOE-A, IULV-CA y PP), a los que hizo entrega de un texto del Anteproyecto de Ley Integral de Transexualidad para garantizar los derechos y la no discriminación de las personas transexuales en Andalucía. Hubo reuniones con Ana Tudela, Verónica Pérez, Felipe Sicilia, Mario Jiménez y Rosa Torres (parlamentarios del PSOE-A), Diego Valderas y José Luis Pérez Tapia (de IULV-CA) y Esperanza Oña (del PP).

Como resultado de estos encuentros, el 12 de noviembre de 2009 el  PSOE-A presentó una Proposición no de Ley que fue aprobada por unanimidad de todos los grupos. En esta PNL se instaba al Gobierno de la Junta de Andalucía al desarrollo y aprobación de la Ley, aunque no fue ésta la respuesta esperada desde el colectivo transexual, que confiaba en el cumplimiento de la PNL pero que no se registró como proyecto de ley por el Gobierno de mayoría socialista. El mismo día, el  Parlamento de Navarra aprobaba el proyecto de Ley Integral de Transexualidad.

En marzo de 2012, con ocasión de las elecciones autonómicas andaluzas,  ATA insistía  en la necesidad de aprobar la ley que el PSOE dejó en el cajón, reuniéndose con candidatos de distintos partidos (Equo-Andalucía, Partido Andalucista, UPyD, IULV-CA y PSOE-A). Solo IULV-CA incluyó en su programa electoral la Ley Integral de Transexualidad, si bien todos hicieron público su apoyo a la misma. El resultado de las elecciones hizo posible un Gobierno entre PSOE-A y IULV-CA, quienes anunciaron que, dentro del  acuerdo programático, estaba incluida la aprobación de una Ley Integral de Transexualidad.

En septiembre de 2012, ATA presentó en la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz el estudio Transexualidad en España, realizado por un grupo de investigadores de la Universidad de Málaga, aprovechando tal ocasión para solicitar el  apoyo de José Chamizo a la Ley Integral de Transexualidad, que hizo público ante los medios de comunicación.
El 28 de septiembre de 2012, el Área de Libertad de Expresión Afectivo Sexual (Aleas) de IULV-CA, en el marco de unas jornadas celebradas en Sevilla, confirmaba el compromiso de aprobar la Ley Integral. En dicho encuentro, Conjuntos Difusos de Granada y ATA se comprometían a consensuar un texto de proyecto de Ley.

En la búsqueda de consenso y de sumar fuerzas, se creó un grupo de trabajo en el cual ATA presentó un texto y  Conjuntos Difusos otro. La alegría para ambos colectivos fue la ausencia de discrepancias, la coincidencia en las demandas y el común deseo que dicha Ley venga a garantizar los derechos de las personas transexuales en Andalucía y la no discriminación por la identidad de género. Fruto de ese trabajo se elaboró un texto único y se designo a  Mar Cambrollé, presidenta de ATA, para que los llevara a los distintos grupos del Parlamento.


España/Andalucía: Una Ley Integral de Transexualidad de ida y vuelta

La aprobación de la Proposición de Ley, calificada de forma favorable por la Mesa de la Cámara a primeros de año, se está retrasando para ajustar el capítulo sobre los menores transexuales.

Fue retirada en febrero por el propio Grupo Parlamentario de IULV-CA, promotor de la iniciativa legislativa, para "perfilar" el texto.

Las consejerías de Salud y Bienestar Social, Educación, y Justicia e Interior elaboran actualmente informes específicos para que la norma retome su camino parlamentario.
Las iniciativas legislativas del Ejecutivo regional formado por PSOE e IU están dando el salto al debate nacional con los recientes decretos-ley de la Junta sobre la función social de la vivienda y la exclusión social. Sin embargo, muchos son los compromisos que han adquirido en ese pacto. Ambos partidos, en su acuerdo de coalición para el gobierno de Andalucía hace un año, se comprometieron entre otras muchas cuestiones a "realizar cambios normativos para avanzar en el reconocimiento de los derechos de las personas transexuales". Y la promesa cogió forma, forma incluso de Proposición de Ley. Pero la futura norma está algo estancada.

Este viernes 17 de mayo se celebra el Día Internacional contra la Homofobia y Transfobia, coincidiendo con la eliminación en 1990 de la homosexualidad de la listas de enfermedades mentales por parte de la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud. Las normativas suelen tener detrás el lado humano, como al decreto de la función social de la vivienda le ocurre con los desahuciados. La lucha de los transexuales en Andalucía tiene a la vista el mencionado objetivo político, la Ley Integral de Transexualidad, que quieren tomar como base para que se les reconozcan sus derechos. Como al resto. Y lo tienen bastante a la vista, aunque se ha encontrado con ciertos obstáculos en aspectos concretos relativos a los menores de edad.

"No puede ser que estemos aquí para no poder ser". La cita es de Julio Cortázar pero la llevan grabada a fuego decenas de madres y padres de menores transexuales. "Nuestros hijos y nuestras hijas no pueden ser objeto de discriminación por su identidad y han de ser protegidos para garantizarles el libre desarrollo de su personalidad en todos los ámbitos, social, escolar y sanitario". Es por lo que se desviven a diario en su entorno. "Piensas que la sociedad está avanzada, pero…". Su pelea diaria es que sus niños en cuerpos de niña, o viceversa, sean respetados y se integren normalmente en la sociedad.

La Proposición de Ley para la no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales fue registrada el 19 de diciembre de 2012 y calificada de forma favorable por la Mesa de la Cámara el 6 de febrero de 2013. Cuando estaba a punto de dar el paso definitivo, el pasado 19 de febrero, justo dos meses desde su entrada en el trámite parlamentario, el propio Grupo Parlamentario de IULV-CA que presentaba la iniciativa, la retiró. Por orden cronológico, se trataba de la primera norma, con rango de ley, de la actual legislatura bajo el 'sello IU'.

"El texto no estaba adecuadamente perfilado"

Había que "ajustar jurídicamente" algunas cuestiones del capítulo sobre menores transexuales y variantes de género, explica la diputada de IULV-CA Alba Doblas, quien asegura que "el texto no estaba adecuadamente perfilado". "Podría chocar con alguna norma y la propuesta debe pasar limpia el filtro del Consejo de Gobierno", apuntan otras fuentes, apelando a posibles complicaciones en futuros "trámites administrativos" para los menores y sus responsables legales. El Consejo tiene 15 días para pronunciarse sobre iniciativas legislativas que sigan esta vía, por lo que IULV-CA tiró de prudencia y optó por retirar el proyecto para mayor seguridad. La marcha atrás de febrero ha supuesto retrasos en la aprobación de la ley, que impedirá que salga adelante antes de que se cierre el actual período de sesiones, el mes que viene.

"Las últimas reuniones entre PSOE e IU han ido muy bien", señalan fuentes de la negociación, que se muestran satisfechas con el resultado de los "avances". "En breve se podría aprobar un documento conjunto para presentárselo a los colectivos", indican otras fuentes. Las consejerías de Salud y Bienestar Social, Educación, y Justicia e Interior elaboran, paralelamente, informes específicos para que la nueva Proposición de Ley retome su camino parlamentario y así superar "con todos los parabienes" el Consejo de Gobierno de la Junta y el "consenso" deseado por todos los intervinientes.

Mar Cambrollé, presidenta de la Asociación de Transexuales de Andalucía (ATA), indica que la Consejería de Presidencia e Igualdad habría observado meses atrás alguna anomalía en el proyecto de ley en la parte referida a menores, desconociendo cuáles han podido ser los puntos de conflicto. "Era más oportuno retirar la proposición antes de que el Consejo de Gobierno informara desfavorablemente", insiste Doblas. En cualquier caso, una vez retirada, el nuevo texto sería presentado antes del cierre del periodo de sesiones, en junio, según el compromiso de IULV-CA.

Con ese objetivo se reunieron el 4 de marzo en el Parlamento andaluz con PSOE-A, ATA y Conjuntos Difusos. "Vamos a tratar de limar aquellos aspectos que jurídica o técnicamente puedan plantear mayores controversias y sacarlos adelante", explica Doblas. Fuentes del PSOE confirman que el objetivo es "pulir" ciertos aspectos, para lo cual se han celebrado "varias reuniones" ya que el "compromiso" se mantiene; si bien no aseguran que su aprobación se cierre antes del fin del actual periodo de sesiones. Ambos partidos retomarán reuniones con el colectivo transexual en el mes de mayo, una vez las consejerías afectadas hayan hecho sus deberes.

La presidenta de la Asociación de Transexuales de Andalucía, Mar Cambrollé, y la portavoz adjunta del grupo parlamentario de IULV-CA, Alba Doblas, presentaron el proyecto de ley integral el 17 de octubre de 2012.
La presidenta de la Asociación de Transexuales de Andalucía, Mar Cambrollé, y la portavoz adjunta del grupo parlamentario de IULV-CA, Alba Doblas, presentaron el proyecto de ley integral el 17 de octubre de 2012.

"No pedimos nada que no sea asumible", apunta Cambrollé. "En el caso de menores transexuales se impone el prejuicio de que son transexuales antes que menores", lamenta. Despatologización de la transexualidad y autodeterminación del género, los objetivos. "La atención sanitaria pública ahora nos segrega como si tuviéramos una enfermedad rara", explica la presidenta de ATA, que alude también a los "costes" en el traslado de los transexuales a la Unidad de Transexualidad e Identidad de Género del Hospital Carlos Haya de Málaga.

El texto que en la primera Proposición de Ley hace mención a la atención sanitaria que se les preste a los menores prevé que ésta se haga de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1/1998 de los derechos y la atención al menor de la Junta de Andalucía (en su artículo 10) y en la Ley 41/2002 reguladora de la autonomía del paciente y derecho y obligaciones en materia de información y documentación clínica. El proyecto establece que dicha atención sanitaria se fundamente en los principios de capacidad progresiva e interés superior de la persona menor de edad y de reversibilidad total de los tratamientos, desde la edad de la pubertad, o reversibilidad parcial, si así se solicitara, a partir de los 16 años de edad, o antes si la persona menor de edad demostrare suficiente madurez.

ATA considera que "cambiar esta realidad está en manos de la sociedad"

La futura ley "no amplía los derechos de los menores sino que los reconoce", apuesta por "un oportuno tratamiento médico", señala Cambrollé, que insiste en que el objetivo es "que sean tratados como el resto", que no tengan "la angustia de crecer como lo que no son, de vivir una diferencia entre el sexo propio y el sexo biológico; lo contrario es enviarnos al armario". La American Psychological Association advierte de que "no es útil obligar a los niños a actuar de una manera más acorde a su género", porque cuando se les obliga algunos caen en depresión, en problemas de conducta e incluso llegan a tener pensamientos suicidas. La presidenta de ATA alude también a un estudio realizado a menores transexuales en Philadelphia (EEUU), del que se desprende que el 80% de los menores transexuales han pensado en suicidarse y el 40% lo han intentado. "Cambiar esta realidad está en manos de la sociedad y de la responsabilidad de quienes tienen el deber de gobernar", concluye.

Este 2013, padres y madres de menores transexuales han creado, dentro de ATA, un área de familias de menores y adolescentes transexuales donde aunar información y esfuerzos para obtener respaldo y apoyos externos, como el de la Confederación Andaluza de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos. La finalidad primera no es otr que el artículo 18 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, dedicado a los menores, sea también un hecho real para los menores transexuales ( Las personas menores de edad tienen derecho a recibir de los poderes públicos de Andalucía la protección y la atención integral necesarias para el desarrollo de su personalidad y para su bienestar en el ámbito familiar, escolar y social, así como a percibir las prestaciones sociales que establezcan las leyes). "Expresarse y ser tratados por el sexo que sienten como propio; de lo contrario, se está vulnerando el derecho al libre desarrollo de su personalidad", resumen desde ATA.

El pasado 5 de abril, entidades como la Plataforma para el Compromiso Social y el progreso de Andalucía firmaron una carta de adhesión al borrador del proyecto de Ley. Dicha plataforma está conformada por 26 asociaciones entre las que se encuentran FACUA, FAMPA, FEVES (asociaciones de vecinos), ADAIS (Asociación de Abogados Independientes de Sevilla), o los sindicatos CCOO-A, UGT-A. También se han sumado al apoyo, según informa ATA, partidos políticos como IU-LV-CA, EQUO, UPyD, PA, Aleas Andalucía, sindicatos como USTEA y asociaciones como ADHARA, Plataforma 8 de Marzo, Movimiento Contra la Intolerancia y Primavera Andaluza.


Francia entró en recesión

La quinta economía mundial obtuvo segunda caída trimestral consecutiva del 0,2 por ciento de su PIB.
El único elemento ligeramente positivo fue la variación de existencias de las empresas
Francia mantiene su previsión de crecimiento del 0,1 por ciento para 2013.

La economía francesa entró formalmente en recesión entre enero y marzo con una segunda caída trimestral consecutiva del 0,2 por ciento de su Producto Interior Bruto (PIB), anunció hoy el Instituto Nacional de Estadística (INSEE).

El retroceso registrado en el primer trimestre se debió tanto a la demanda interna, que amputó una décima del PIB, como al saldo del comercio exterior, que lo redujo en dos décimas, precisó el INSEE en un comunicado.

El único elemento ligeramente positivo fue la variación de existencias de las empresas, que aportó una décima al PIB.

El consumo privado bajó un 0,1 por ciento entre enero y marzo, después de haberse mantenido estable en los tres últimos meses de 2012. El descenso de los gastos en inversión fue más intenso, de un 0,9 por ciento.

En cuanto al comercio exterior, las exportaciones siguieron bajando en el primer trimestre (un 0,5 por ciento menos después de haberlo hecho un 0,7 por ciento menos entre octubre y diciembre) al tiempo que las importaciones dejaron de retroceder y se recuperaron un ligero 0,1 por ciento.

El INSEE recordó que el retroceso del PIB constatado a comienzos de año es el tercero durante los últimos cuatro trimestres, ya que se había registrado un recorte del 0,2 por ciento entre abril y junio de 2012, tras el que hubo una subida del 0,1 por ciento en los tres meses siguientes.

También indicó que si el crecimiento fuera cero en el segundo, tercer y cuatro trimestre de 2013, el PIB en el conjunto de ese ejercicio se reduciría un 0,3 por ciento.

El Gobierno francés indicó, tras hacerse públicas estas cifras, que mantiene su previsión de crecimiento del 0,1 por ciento para 2013.