Santiago, 22 Mar
(Notimex).- El movimiento indígena ecuatoriano rechazó hoy la orden de
aprehensión contra el legislador opositor Cléver Jiménez, a quien
dijeron tener “a buen recaudo” para evitar que se haga efectiva una
condena “injusta”.
“Está protegido por los pueblos indígenas amazónicos”, dijo el prefecto provincial de Zamora Chinchipe, Salvador Quishpe, en declaraciones a periodistas, en las que el movimiento Pachakutik rechazó la orden de encarcelar a Jiménez.
La justicia de Ecuador dispuso la víspera la captura del legislador opositor y de los activistas Carlos Figueroa y Fernando Villavicencio, por el delito de injuria en contra del presidente ecuatoriano Rafael Correa.
Jiménez, Villavicencio y Figueroa, elevaron una denuncia contra Correa por supuestamente haber ordenado la incursión armada al hospital de la Policía durante la revuelta del 30 de septiembre de 2010.
La acusación fue rechazada por el mandatario ecuatoriano, quien los demandó por injuria, proceso judicial que terminó con un fallo a favor del gobernante.
La coordinadora nacional de Packakutik, Fanny Campos, dijo en declaraciones citadas por el diario El Comercio en su portal digital, que se trata de una “persecución política a alguien que realiza su trabajo de fiscalizar”.
Quishpe señaló a periodistas que por solicitud de varias comunidades de la Amazonia, Jiménez se ha “puesto a buen recaudo”, ya que consideran que en caso de ser detenido no existen las garantías suficientes para que cumpla la condena.
Informó que el político opositor no ha abandonado el país, luego que una jueza emitió la víspera la orden de captura y aseguró que se encuentra bajo la protección del pueblo que lo eligió como su legislador.
Jiménez y Villavicencio fueron condenados a 18 meses de prisión y Figueroa a seis meses, y al pago de 140 mil dólares a manera de indemnización por daños y perjuicios al jefe de Estado ecuatoriano.
“Está protegido por los pueblos indígenas amazónicos”, dijo el prefecto provincial de Zamora Chinchipe, Salvador Quishpe, en declaraciones a periodistas, en las que el movimiento Pachakutik rechazó la orden de encarcelar a Jiménez.
La justicia de Ecuador dispuso la víspera la captura del legislador opositor y de los activistas Carlos Figueroa y Fernando Villavicencio, por el delito de injuria en contra del presidente ecuatoriano Rafael Correa.
Jiménez, Villavicencio y Figueroa, elevaron una denuncia contra Correa por supuestamente haber ordenado la incursión armada al hospital de la Policía durante la revuelta del 30 de septiembre de 2010.
La acusación fue rechazada por el mandatario ecuatoriano, quien los demandó por injuria, proceso judicial que terminó con un fallo a favor del gobernante.
La coordinadora nacional de Packakutik, Fanny Campos, dijo en declaraciones citadas por el diario El Comercio en su portal digital, que se trata de una “persecución política a alguien que realiza su trabajo de fiscalizar”.
Quishpe señaló a periodistas que por solicitud de varias comunidades de la Amazonia, Jiménez se ha “puesto a buen recaudo”, ya que consideran que en caso de ser detenido no existen las garantías suficientes para que cumpla la condena.
Informó que el político opositor no ha abandonado el país, luego que una jueza emitió la víspera la orden de captura y aseguró que se encuentra bajo la protección del pueblo que lo eligió como su legislador.
Jiménez y Villavicencio fueron condenados a 18 meses de prisión y Figueroa a seis meses, y al pago de 140 mil dólares a manera de indemnización por daños y perjuicios al jefe de Estado ecuatoriano.
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