viernes, 28 de marzo de 2014

Remueven a tres jueces de la Sala Penal Nacional y perjudican juicios. Fiscal Peláez desestimó investigar a congresistas Benítez y Crisólogo por caso de centro de espionaje

Estimad@s:
La "repartija" continúa en el poder judicial a favor de la impunidad. El Fiscal de la Nación tomó decisiones que impideron investigar a congresistas que habrían incurrido en tráfico de influencias y abusos de poder en la región Ancash.

Si algun@ de Uds. se ve con la congresista Verónika Mendoza, le agraderé que le pregunte que están haciendo ella y sus pares del Frente Amplio con relación a los hechos que hoy publica la edición digital de La República (ver más abajo).

¿Qué iniciativas despliegan la CNDDHH y la Defensoría del Pueblo? ¿Qué es de "Toma la calle"? ¿Sería posible organizarnos y ponernos en movimiento para democratizar la sociedad y el Estado?

Fraternalmente
Danilo 

Mala decisión.

Remueven a tres jueces de la Sala Penal Nacional y perjudican juicios

Viernes, 28 de marzo de 2014 | 6:47 am

justicia. Jueza superior Inés Villa Bonilla (al centro) se queda sola en el juicio al comando Rodrigo Franco. David Loli y María Vidal, que la acompañaban, pasarán a la Corte de Lima.

El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial dio por concluida su designación. La presidenta del tribunal nacional, Inés Villa Bonilla, reclamó por el cambio, que se realizó sin una consulta previa.
 
César Romero C.

En forma intempestiva e inconsulta, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ) dio por concluida la designación de los jueces superiores Clotilde Cavero Nalvarte, David Loli Bonilla y María Vidal la Rosa Sánchez como integrantes de la Sala Penal Nacional.

La decisión se tomó sin consultar previamente con la presidenta de la Sala Penal Nacional, Inés Villa Bonilla. Al enterarse, ella pidió a dicha instancia reconsiderar su decisión, pues se afectará el avance de diversos procesos judiciales en trámite.
El Consejo Ejecutivo es el máximo órgano de gobierno administrativo del Poder Judicial y, como tal, tiene bajo su jurisdicción a la Sala Penal Nacional.

Esta instancia está encabezada por el presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza, e integrada por los jueces supremos Ramiro de Valdivia Cano, José Luis Lecaros Cornejo, el juez superior Bonifacio Meneses, el  juez especializado Eliseo Taboada Pilco y el abogado Eric Escalante Cárdenas.
Antigüedad
Los consejeros habrían argumentado oficialmente que era necesario realizar esos cambios porque los magistrados ya tenían mucho tiempo en el tribunal penal nacional y se debía promover a otros jueces. Sin embargo, no habrían tenido en cuenta el perjuicio que eso generará en el desarrollo de los juicios.
Extraoficialmente, ha trascendido que el real motivo sería la decisión de Loli Bonilla y Vidal la Rosa de pedir a la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) que investigue al juez Manuel Loyola Florián, del juzgado de investigación preparatoria nacional.
Loyola Florián, quien tenía a su cargo los casos Narcoindultos y el del "Nuevo Clan del Norte", ha sido rotado a un juzgado de Trujillo, ciudad de la que es uno de los integrantes del Consejo Ejecutivo.

Loli Bonilla, Vidal la Rosa  y Cavero Nalvarte pasarán a integrar ahora alguna de las Salas Penales de la Corte Superior de Justicia de Lima, pero continuarán en la Sala Penal Nacional hasta concluir los juicios en los que venían participando.
Derechos Humanos
Y allí es donde surge el problema, puesto que estarán trabajando en dos sitios a la vez: la Sala Penal Nacional y la Corte Superior de Lima. Además, es probable que trabajen en diferentes tribunales y tendrán que coordinar qué tiempo dedican para seguir los juicios que atendían en la Sala Penal Nacional.
David Loli y Vidal la Rosa integraban el colegiado "A" de la Sala Penal Nacional que ve casos de violaciones de derechos humanos, junto a Inés Villa Bonilla, y la Sala Penal de Apelaciones de los casos de corrupción de connotación nacional.

Cavero Nalvarte era la presidenta del colegiado "C".

Entre los casos que atendían estos jueces están los juicios por las matanzas de Accomarca, Pucará, Cayara, El Frontón, Los Cabitos, Universidad del Centro, el crimen de Gerson Falla, el Comando Rodrigo Franco, Narcoindultos y el proceso a los presuntos integrantes del "Nuevo Clan del Norte".
Si no hay una rectificación en el Consejo Ejecutivo, la doctora Inés Villa tendrá que esperar los nuevos nombramientos para ver cómo se reconforman los seis colegiados del tribunal nacional, procurando causar el menor perjuicio en los casos, pues comenzado un juicio solo se puede cambiar a un juez, si salen dos todo tendría que comenzar de nuevo.

Se agudizarán las demoras en los juicios por violación de DDHH

Un claro ejemplo de lo que sucederá con la salida de los tres jueces superiores de la Sala Penal Nacional es el juicio por la matanza de Accomarca, que comenzó el 4 de noviembre del 2010 y hasta hoy, más de tres años después, aún no termina.

Este juicio está a cargo de los jueces Ricardo Brousset, María Vidal y Mirtha Bendezú Gómez. Brousset dejó la Sala Penal Nacional el 23 de enero del 2013 y pasó a la Sala Penal Liquidadora de Lima, por lo que dispone de poco tiempo para atender el juicio de Accomarca: lo hace una vez por semana.

Ahora, sale Vidal la Rosa, por lo que será más complicado que coordinen los horarios para ese juicio que seguirá demorándose en su conclusión.

CLAVES

El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial nombraría como nuevos integrantes de la Sala Penal Nacional a los jueces superiores Porfirio Edita Condori Fernández, de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, y Alfonso Carlos Payano Barona, de la Corte Superior de Justicia del Callao.

Un tercer magistrado aún está en evaluación. Los cambios se oficializarán en las próximas horas.

Los intocables

Fiscal Peláez desestimó investigar a congresistas Benítez y Crisólogo por caso de centro de espionaje

Viernes, 28 de marzo de 2014 | 6:46 am

Nolasco denunció varios casos de corrupción.

Fiscal de la Nación rechazó solicitud de Fiscalía de Chimbote para abrir proceso a los parlamentarios que interfirieron en el caso conocido como "La Centralita". Otro de los implicados, el presidente de Áncash, César Álvarez, presentó un hábeas corpus y logró que lo sacaran de la investigación. También su asesor, Jorge Burgos, que amenazó de muerte a Ezequiel Nolasco.
 
María Elena Hidalgo.
Chimbote. Enviada especial.

El ex consejero regional Ezequiel Nolasco Campos afirmó en reiteradas ocasiones que los congresistas Heriberto Benítez Rivas y Víctor Crisólogo Espejo estaban vinculados con las actividades de un centro de espionaje en Chimbote que la prensa local conocía como "La Centralita". Nolasco fue asesinado el 14 de marzo y hasta ahora el caso sigue sin resolverse.

"La Centralita" operaba en un inmueble donde Heriberto Benítez tenía un departamento. En el mismo lugar funcionaba un grupo de medios de comunicación relacionados con el parlamentario Víctor Crisólogo. También operaba la empresa productora de radio y televisión de Martín Belaunde Lossio, que prestaba servicios  de imagen al presidente de la Región Áncash, César Álvarez Aguilar. Y, por si fuera poco, Jorge Burgos Guanilo, asesor personal de Álvarez, contaba con una habitación. La policía comprobó que desde un teléfono de propiedad de Burgos Ezequiel Nolasco recibió varios mensajes de texto con amenazas de muerte.

Por coincidencia, el día que cuatro fiscales anticorrupción se preparaban para allanar "La Centralita", el jefe del equipo, César Jiménez Rodríguez, fue convocado de urgencia por su jefe, el fiscal superior Dante Farro Murrilo. En el despacho de Farro se encontraban los congresistas Heriberto Benítez y Víctor Crisólogo, además del presidente de la región, César Álvarez. Y a ellos se sumó el ex secretario general de Construcción Civil Víctor López Padilla, un hombre estrechamente relacionado con Álvarez.

El propósito de los cuatro personajes, según lo ha confirmado a La República el ex fiscal anticorrupción César Jiménez, era impedir que incursionaran los fiscales en "La Centralita".
la ruta de la impunidad

Por estar involucrados en el caso "La Centralita" los congresistas Benítez y Crisólogo, el fiscal provincial especializado en Delitos de Funcionarios Públicos,  Juan Toledo Calero, derivó el expediente al fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, para que les abriera investigación.

Pero Peláez devolvió los actuados a la Fiscalía Provincial del Santa. De este modo, Heriberto Benítez y Víctor Crisólogo, dos notorios defensores de César Álvarez, se libraron de una investigación que le correspondía dirigir al Fiscal de la Nación.
pasada de mano

En su informe sustentatorio, el fiscal Juan Toledo detalló la interferencia de los congresistas Benítez y Crisólogo en la actuación de los fiscales que investigaban "La Centralita", con la expresa finalidad de frustrar la acción de las autoridades fiscales en el caso de "La Centralita".
Cuando los cuatro fiscales allanaron "La Centralita" y recogieron documentos, videos, audios y diverso material incriminatorio sobre la existencia de un centro de operaciones de espionaje manejado por personas presuntamente relacionadas con el presidente de la Región Áncash, se interpuso  en el camino Heriberto Benítez.

De acuerdo con las actas de los fiscales, "el congresista Benítez recomendó a la propietaria del inmueble materia de intervención ('La Centralita'), Mary García Miranda, para no firmar el Acta de Intervención", señaló el fiscal Toledo.

Incluso Heriberto Benítez pidió la participación del fiscal de prevención del delito, Carlos Zavaleta Grández, para  que impidiera el allanamiento de "La Centralita". La actuación de Benítez estaba sin duda parcializada a favor del presidente de la Región Áncash, César Álvarez.

Sin embargo, el fiscal de la Nación, José Peláez, retornó a Chimbote el caso de "La Centralita" con el argumento de que el fiscal Juan Toledo no había precisado en su solicitud el tipo de delito que habrían cometido Heriberto Benítez y Víctor Crisólogo, de acuerdo con fuentes de su despacho.

Empero, de la lectura del documento remitido por Toledo se detallan los hechos con claridad.

En todo caso, por esta cuestión de formas, Benítez y Crisólogo se libraron de una investigación que debió emprender el Fiscal de la Nación.

Al regresar el expediente a Chimbote, cayó en manos del fiscal Laureano Añanca Chumbe, quien, en medio de un escándalo, archivó el caso. La Procuraduría Anticorrupción de Chimbote apeló y la Fiscalía Superior ordenó a Laureano Añanca formalizara denuncia contra César Álvarez, su asesor Jorge Burgos Guanilo y personal que trabajaba "La Centralita": Juan Barrios Ávalos, Nelson Vásquez Baca, Wilburg  Renilla Horna y Rosa Olivares De la Cruz, señalados como cómplices del  presidente de la región.

Juan Barrios Ávalos, trabajador de Martín  Belaunde, fue  la persona que reveló a Ezequiel Nolasco que en "La Centralita" se preparó el atentado en su contra, el 20 de julio del 2010.
Cuando se creía que finalmente César Álvarez y sus cómplices serían denunciados por la Fiscalía de Chimbote, sucedió algo extraordinario. El presidente de la Región Áncash interpuso un hábeas corpus ante un juzgado de Huaraz para que lo excluyeran del caso. Como era previsible, Álvarez consiguió su objetivo. Lo sacaron del caso.

El resto de implicados, basados en el fallo que favoreció a César Álvarez, recurrió al Poder Judicial del Santa para buscar zafarse de la investigación fiscal.

El titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, Ever Gutiérrez, les dio la razón a los acusados de "La Centralita", entre ellos Jorge Burgos Guanilo, el asesor de Álvarez que amenazó de muerte en varias ocasiones a Ezequiel Nolasco.

Para completar su faena, el juez Gutiérrez luego archivó el expediente con el pretexto de que no quedaba ningún implicado. Esto fue el 6 de setiembre del 2013.
el último soldado

Ante la cruda realidad de un sistema judicial que desechaba cualquier iniciativa para investigar y sancionar a los implicados en el caso "La  Centralita", el ex consejero regional Ezequiel Nolasco recurrió a la Comisión de Fiscalización y a la Comisión de Ética del Congreso para que se indagara la conducta de los congresistas Heriberto Benítez y Víctor Crisólogo, por la evidente interferencia de estos en el caso "La Centralita".

Sin embargo, como ha informado La República, la Comisión de Fiscalización y la Comisión de Ética rechazaron las peticiones de Ezequiel Nolasco.

Mientras tanto, el ex consejero regional Nolasco, promotor incansable de las denuncias contra César Álvarez y sus escuderos, recibía más amenazas de muerte. Parecía el último soldado que quedaba en Chimbote luchando contra la corrupción.

El procurador anticorrupción de Áncash, Richard Asmat Urcia, apeló la resolución del juez Ever Gutiérrez, y consiguió que el caso lo revisara esta vez el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, que despacha la magistrada Susana Quispe Trujillo.

Más de tres años después que el caso "La Centralita" estalló, dejando expuesta una organización que en la clandestinidad desplegaba acciones a favor de la presidencia de la Región Áncash, será retomado por las autoridades en busca de responsables.

Será todo un desafío, porque el clima en el que trabajan las autoridades fiscales y judiciales en Áncash, y en particular en Chimbote, es de miedo. El asesinato de Ezequiel Nolasco, un permanente denunciante de César Álvarez, es entendido como una advertencia para quienes se atrevan a investigar la Región.

Nancy Moreno preside Junta de fiscales de Ancash

El fiscal de la Nación, José Peláez oficializó ayer la designación de la fiscal superior anticorrupción Nancy Tereza Moreno Rivera, como la nueva presidenta de la Junta de Fiscales Superiores del Santa.

Moreno Rivera ya venía ocupando ese cargo, desde que el 5 de marzo último, Peláez trasladó al fiscal superior Hugo Dante Farro Murillo, acusado de ser incondicional del presidente regional César Alvarez Aguilar, a una fiscalía superior de Ica.

Ella se encuentra amenazada de muerte por investigar al gobierno regional de Ancash, y se le señala como la siguiente víctima del sicariato en esa región, tras el asesinato del ex consejero Ezequiel Nolasco. Ahora podrá investigar con más libertad.
CLAVES

Plazo. El Congreso aprobó por mayoría investigar al Gobierno Regional de Áncash. La comisión tendrá 180 días para indagar nexos de mafias con funcionarios.
MIEMBROS. La comisión está conformada por Juan Pari (GP), Mesías Guevara (AP-FA), Jesús Hurtado (FP), Mariano Portugal (UR), José León (PP), Luis Galarreta (PPC) y Enrique Wong (SN).



No hay comentarios: