Por: José Hernández
La entrevista (?)
Desde hace algún tiempo se habla de una crisis del movimiento
indígena. ¿Esta crisis se mantiene, ha cambiado de naturaleza, se ha
superado?
He seguido al movimiento plurinacional Pachacutik desde que nació en el
año 96. Los resultados del último febrero estarían mostrando más bien un
fortalecimiento en las poblaciones más vinculadas con la zona central y
la Amazonía. Ellos han logrado conseguir unas 30 alcaldías, 4
prefecturas y varios concejales urbanos y rurales y juntas parroquiales.
Es más, superaron el índice que les pide el Código de la Democracia
para mantenerse como movimiento.
Esto obedece a un proceso que se inició hace poco en el cual ellos se
impusieron recuperar el apoyo de las organizaciones de base. En ese
sentido es bastante difícil separar el movimiento electoral, que es
Pachacutik, del movimiento político y social, que es el movimiento
indígena, representado por la Conaie.
Humberto Cholango, presidente de la CONAIE, es duramente
criticado por su cercanía con el Gobierno. ¿Estar cerca o lejos del
Gobierno resume, en este momento, lo que pasa en esa organización?
Entiendo que la próxima semana (esta) es el Congreso de la Conaie para
cambiar de directorio. Me da la impresión que un punto de vista es
radicalizar las distancias con el Gobierno en la medida en que Humberto
(Cholango) quiso, en algún momento, conversar con el Gobierno. Hay que
distinguir una cosa: conversar, no quiere decir que se alinee con el
Gobierno.
Yo he estado recorriendo el país y tenemos que reconocer una cosa: la
acción del Gobierno ha sido premeditada para dividir al movimiento
indígena y, en algunos casos, lo lograron como en el Chimborazo. En
otros casos, no. Y electoralmente ganaron. Entonces, seguirá habiendo
esta pugna. Me parece también que la posibilidad de algún tipo de
acuerdo con el Gobierno está abierta. Desde el movimiento puede ser que
sí haya la disponibilidad; desde el Gobierno es una opción cerrada por
el momento.
¿Pero el Congreso del próximo fin de semana se jugará mucho sobre radicalizar o no la relación con el Gobierno?
Creo que hay muchos elementos más críticos que la mera conversación con
el Gobierno: el tema de minería, la décima primera ronda petrolera, la
Ley de aguas que es un conflicto muy fuerte y la de tierras que se viene
inmediatamente.
En esos temas estriba, precisamente, el distanciamiento o no con el Gobierno. La posibilidad de tensionar o no la cuerda.
La experiencia histórica muestra que el movimiento indígena, en su
relación con el Estado, siempre ha tensionado la cuerda y muy
fuertemente. Este es uno de esos momentos. El marco ahora es que el
movimiento de pronto sí está dispuesto a conversar, pero su
interlocutor, que es el Estado, no.
¿La radicalización es meramente coyuntural o los puntos de vista
son muy distantes y el éxito electoral del 23-F, que usted anotaba,
pudiera aupar un conflicto mayor con el Gobierno?
Creo que sí. Lo que se está jugando en este momento son cosas muy
fuertes. En la Amazonia sientes muy claramente lo que significa minería y
petróleo. En el centro y el suroriente hay una oposición muy clara a
este proceso. Para darte un dato, en la provincia de Morona Santiago, el
Gobierno invirtió $600 millones en los últimos años. Es algo que no
había pasado nunca. Es una inversión que para la gente de allá es
inmensa. Pues bien, perdieron. Eso está demostrando que el tema de los
recursos y las obras físicas no son suficientes. Hay procesos políticos
en marcha que marcan, digamos, otra serie de fidelidades a políticas que
no son necesariamente las que el Gobierno está aplicando.
Usted ha analizado la relación del movimiento indígena con los
gobiernos a través de los años. ¿Lo que ocurre es igual a lo que ha
habido tradicionalmente, o hay puntos de disenso tan álgidos que pueden
llevar a que la tensión cambie de naturaleza?
Creo que sí. Me parece que ahora lo que se pone más crítico es el acceso
a los recursos naturales estratégicos. Ahí hay un punto muy serio
porque se está discutiendo inclusive el tipo de desarrollo que se quiere
para el país. Esto me parece que sí amerita una discusión y un debate
importante en el país: que se pueda exponer las diversas posiciones y se
pueda alcanzar, si fuera el caso, algún tipo de acuerdo.
¿Encuentra usted posibles mediaciones y mediadores o las posiciones son ya muy extremas?
Creo que hay un camino que la Constitución ya propuso: la Corte
Constitucional. Es la instancia más grande de la Justicia y me parece un
espacio muy interesante para dirimir este tipo de cosas.
Desgraciadamente la Corte no se compone de un conjunto de
constitucionalistas que sepan de este tema y sabemos que las decisiones
que ha tomado han sido, generalmente, alineadas con el Gobierno.
Estamos enfrentando el tema que ya planteó el movimiento indígena de
Sarayaku: sacar su reclamación fuera del país, al derecho internacional y
a las instancias de derecho internacional.
Eso en el caso de Sarayaku, pero en otros temas no hay
precedentes jurídicos tan importantes. No hay, entonces, una mediación
jurídica en el país. ¿Ve alguna posibilidad de entendimiento político?
No creo sinceramente. Ha habido una serie de medidas que el Gobierno ha
tomado en estos 7 años que han golpeado duramente al movimiento. Pero a
pesar de eso, el movimiento indígena se mantiene y ha demostrado que va a
seguir luchando por lo que se han propuesto: la lucha por el Estado
Plurinacional e Intercultural. El Gobierno tiene una interpretación de
eso, los indígenas tienen otra. Tampoco hemos iniciado en el país una
discusión seria sobre este carácter plurinacional e intercultural que
tiene el Estado ecuatoriano. Hacerlo, me parecería un hecho fundamental.
El Gobierno dice que las bases indígenas no apoyan a sus
dirigentes. ¿Qué vio usted en los recorridos que ha hecho últimamente
por el país?
Creo que ahí hay un error muy grave. Insisto en que el movimiento
indígena es un movimiento social con bases organizadas. Que haya tenido
altas y bajas es otro problema. Lo que no tiene justamente Alianza País
en este caso, y eso se demostró muy claramente en las últimas
elecciones, son movimientos sociales organizados.
He visto la posición de los dirigentes y la posición de las
organizaciones de base. Me parece que ahora hay un gran esfuerzo, por
parte de las organizaciones indígenas, de acercarse con mucha más fuerza
a las organizaciones de base. Y eso se demuestra, de alguna manera, en
la votación que tuvo el movimiento indígena el 23 de febrero.
El Gobierno quiere aplicar legítimamente su política en temas
como el minero. Y las comunidades tienen constitucionalmente derecho a
participar en aquello que afecte sus territorios. Si la Corte
Constitucional no es un camino, si el diálogo político está bloqueado,
¿cuál es la salida?
La única salida es el diálogo político con los involucrados. Las
diferentes confrontaciones que han tenido los movimientos indígenas con
el Estado ecuatoriano, desde los años 90, han desembocado en ese tipo de
acuerdos. Algunos han prosperado, otros no. No veo otro espacio.
Aquellos que se podrían haber logrado, mediante la Constitución de 2008,
están en manos del Gobierno, y eso ya da una posición unilateral en el
conflicto.
Lo que veo es el acuerdo, el arreglo, la negociación, el diálogo político entre las partes. No veo otra salida.
De no darse esto y de perseverar el Gobierno, como se ve que
quiere hacer en Íntag, –y es solo un ejemplo– ¿cuál es una lectura sobre
lo que podría pasar en la relación del Estado con las comunidades
indígenas?
El uso de la fuerza me parece la medida más inadecuada. Ahora no es lo
mismo usar la fuerza policial que están usando en Íntag que tratar de
utilizar la fuerza policial–militar en la Amazonía. Como se ha podido
ver en Sarayaku, eso es bastante difícil.
Es una salida extrema, con la que estoy en desacuerdo. Me parece que hay
que agotar todas las medidas de diálogo. Si el Gobierno se va por otra
línea, habrá enfrentamientos muy, muy serios.
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