Contrario
a la percepción mediática y a las quejas del sector empresario
estadounidense, las grandes corporaciones están entre las principales
ganadoras de los seis años de gobierno de Barack Obama.
Estos datos contrastan con las amargas quejas del sector corporativo estadounidense sobre la contínua interferencia estatista del gobierno de Barack Obama.
Un estudio de la ONG Citizens for Tax Justice y la fundación Institute on Taxation and Economic Policy alega que esta intervención existe, pero a favor de las empresas.
Según el estudio, 26 de las corporaciones más importantes del país no habían pagado impuestos de ningún tipo a nivel federal entre 2008 y 2011.
Matthew Gardner, del Institute for Taxation and Economic Policy, asegura a BBC Mundo que la actual política impositiva es ampliamente favorable a las grandes corporaciones.
"Hay una diferencia extraordinaria entre el impuesto federal corporativo en el papel, que es de un 35%, y el que se paga en la práctica una vez que se toman en cuenta las exenciones impositivas y regímenes especiales. La realidad es que el impuesto a las corporaciones hoy es el más bajo desde la Segunda Guerra Mundial", señaló a BBC Mundo.
Los grandes beneficiarios
Estos beneficios se mantuvieron durante las arduas negociaciones para resolver el "abismo fiscal" en 2012.
Entonces, ni las cinco más grandes corporaciones de petróleo y gas, que habían obtenido en 2011 ganancias por US$136 mil millones, perdieron sus exenciones impositivas, pese a los esfuerzos iniciales de muchos congresistas demócratas para cambiar una ley que consideraban muy permisiva.
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Entre las beneficiadas se encontraban Exxon Mobil y Chevron que, según la revista Forbes, se encuentran entre las 20 compañías más ricas del mundo.
El laberinto de los estados
En más de un sentido el tema va más allá de Obama. La estructura impositiva es de una complejidad bizantina que tiene que incluir entre sus pilares a las exenciones e incentivos no solo del gobierno federal sino de cada estado y municipio.
Según el estudio, con unos US$19 mil millones Texas era el estado que más incentivos ofrecía a la hora de atraer empresas con las cuales generar empleos e ingresos fiscales.
Si en cambio se tomaba como medida el incentivo por residente Alaska, West Virginia y Nebraska estaban en lo más alto de la tabla.
"En gran medida los estados compiten unos con otros en una guerra sin cuartel para atraer inversiones ofreciendo mejores condiciones", señala Matthew Gardner.
En algunos casos, los estados se convierten en paraísos fiscales, como el caso de Delaware, en el noreste del país.
Según Tax Justice International, una organización que combate la evasión impositiva, se trata del paraíso fiscal más importante del mundo.
El estado del noreste del país es sede de 250.000 firmas, de acuerdo con datos de la división de corporaciones del estado.
El 60% de las empresas del Fortune 500 están radicadas en Delaware, muchas de las cuales aprovechan la exención de impuestos para empresas extranjeras que no operen en su jurisdicción.
Rescates
La compañía que había quebrado en 2008 fue rescatada de la bancarrota con una ayuda de $51.000 millones, de los cuales el tesoro recobró $39.000 millones.
La medida fue muy criticada por sectores republicanos que argumentaban que en el capitalismo se pierde y se gana: la intervención del estado en el resultado genera ineficiencia y déficit.
Sin embargo, según el Centro de Investigación Automotriz, el rescate evitó la pérdida de más de un millón de empleos y suministró al Tesoro ingresos impositivos de alrededor de US$35.000 millones, tanto de la compañía como de los trabajadores que siguieron contribuyendo al fisco y no engrosaron las filas del desempleo.
William E. Connolly de la Universidad de Michigan es uno de los economistas que apoyó la intervención.
"Evitó un desempleo masivo en un momento crítico para Estados Unidos y permitió que General Motors y otra automotriz, Chrysler, se reconstruyeran a punto que pudieron pagar los préstamos recibidos en dos años", señaló.
Obama contraataca
Esta política pro-corporativa no le ha servido mucho a Obama de cara al sector empresarial.
Sin embargo, según el índice de Standard & Poor's, el valor de las acciones de su compañía se quintuplicaron desde que Obama asumió por primera vez en enero de 2009.
En una entrevista con el semanario británico The Economist publicada en agosto el presidente Obama ironizó sobre sus críticos.
"Las corporaciones se quejan de la regulación. Es su trabajo. Pero si miramos los datos vemos que no hay ninguno que diga que la economía estadounidense y las corporaciones están peor", señaló.
Elecciones y corporaciones
En un mundo globalizado la política internacional define tanto como la nacional la conducta de un gobierno frente a las corporaciones.El gobierno de Obama ha sido el alma mater de las negociaciones de la Asociación Transpacífica que uniría a 12 países – EE.UU., Chile, México y Perú con naciones asiáticas excluyendo China – y de las que se llevan a cabo con la Unión Europea.
Estas negociaciones han sido criticadas por algunos por su supuesta opacidad y por el poder que otorgarían a las corporaciones para demandar a los gobiernos.
Según Dan Baker del Centre for Public and Policy Research de Washington, los grandes beneficiarios son sectores corporativos minoritarios.
"Las barreras comerciales entre la Unión Europea y EE.UU. son muy bajas. De manera que la negociación es para remover regulaciones en sectores muy especializados como las corporaciones que buscan escapar de la regulación que hay de la industria de fractura hidráulica (fracking, en inglés) en el campo energético o sobre alimentos genéticamente modificados en el sector de alimentos", señaló Barker a BBC Mundo
Aunque en septiembre el gobierno de Obama anunció nuevas medidas para dificultar el desplazamiento de la sede de una compañía a países que cobran menos impuestos, Barker estima que "el sistema impositivo favorece claramente a las corporaciones".
Se estima que las corporaciones gastan unos US$30.000 millones anuales en cabildeo o lobby ante el congreso y el gobierno para influir en el diseño de las políticas publicas, algo que es un derecho constitucional pero que genera mucha polémica en el país.
Por eso, con las elecciones de medio término del 4 de noviembre en juego ningún partido querrá tensar la cuerda.
"Sería necesario un cambio radical tanto a nivel federal como de los estados y municipios. Pero por el momento no hay mucho apetito político para encararlo", señaló a BBC Mundo Gardner.
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