viernes, 14 de marzo de 2014

Perú: La represión policial se legaliza mientras aumentan las protestas mineras



Este artículo, escrito por Luis Manuel Claps [en] fue publicado originalmente [en] en el blog de NACLA (North American Congress on Latin America) Extractives in Latin America [en]. Luis Manuel Claps estudió Comunicaciones en la Universidad de Buenos Aires. Ha continuado su labor en América Latina desde el 2004 como editor del sitio web Minas y Comunidades. Reside en Lima, Perú.
 
Elmer Campos Álvarez, campesino de 32 años, proviene del caserío Túpac Amaru, de la provincia de Celendin, departamento de Cajamarca, en el norte de Perú. El 24 de noviembre de 2011, Elmer, junto a unos amigos, se encaminaron hacia las montañas de Cajamarca para protestar contra un proyecto de una gran mina de oro a cielo abierto en los distritos de Sorochuco y Huamin. Elmer y sus amigos se llamaban a sí mismos los defensores de las lagunas. Véase el testimonio de Elmer publicado por La Mula en enero de 2012. A pesar de estar defendiendo los lagos, los manifestantes en contra de las mineras como Elmer, enfrentan una nueva amenaza bajo la forma de una ley que permite a la policía a emplear la fuerza letal sin temor a las consecuencias.

Tres días después, llegaron al cruce de Maque Maque, entre los lagos Azul y El Perol, dos de los cuatro lagos amenazados por el proyecto. Entretanto, se ha declarado una huelga regional general en oposición a la mina. En la madrugada del 29 de noviembre, estalló un conflicto cuando una treintena de policías contratados por la minera Yanacocha para resguardar el sitio de concesión, ordenó marcharse a los manifestantes. La policía disparó gas lacrimógeno, balas de goma y reales.

Cuando la policía comenzó a disparar, Elmer fue a socorrer a uno de sus amigos que había recibido un tiro en la espalda. Éste perdió la conciencia y fue llevado a la ciudad de Chota, siendo más tarde transportado a la ciudad costera de Chiclayo, donde permaneció hospitalizado por una semana. Perdió un riñón y su bazo, y sufrió una lesión en la médula espinal que lo paralizó de la cintura hacia abajo. Se estima que 24 otros manifestantes [en] fueron heridos durante la jornada de represión de Maque Maque.

(infoconga.wordpress)
(infoconga.wordpress)

En Cajamarca conocen demasiado bien el impacto de la gran minería aurífera. En las últimas dos décadas, Newmont Mining y Buenaventura han manejado la mina Yanacocha, la mina de oro a cielo abierto más grande de Sudamérica. Se dice que una expansión planificada conocida como proyecto Conga asegurará veinte años más de producción. La inversión total alcanza los US$4,8 mil millones, una de las cifras más altas que se ha invertido en la minería peruana. Una planta con la capacidad de procesar 92.000 toneladas de roca diarias produciría 3,1 mil millones de libras de cobre y 11,6 millones de onzas de oro (se puede acceder al resumen ejectuvo del Estudio de Impacto Ambiental, o EIA, del proyecto, aquí).

La Compañía de Minas Buenaventura es la empresa de metales preciosos más grande del Perú, a la vez que un gran titular de derechos mineros en todo el país. Tiene dos grandes socios estadounidenses: Newmont Mining, asentada en Denver y asociada a la Minera Yanacocha en Cajamarca, y Freeport-McMoRan, con base en Phoenix y asociada a la Sociedad Minera Cerro Verde en Arequipa. Perú es el sexto mayor productor de oro en el mundo.

Los manifestantes han desafiado a la mina de Conga durante los últimos años, y la represión policial es hoy la causa de dos procesos judiciales en Perú. El primero es una investigación criminal en contra de los dos oficiales que estaban al mando el día de los ataques, el coronel Amador Bacalla Guadalupe y el capitán Wagner Ocampo Huamán. El segundo es una demanda civil contra las autoridades de policía y los personeros de gobierno responsables.

Elmer sólo quiere justicia: “Yo no hice nada de malo [...] las autoridades del Estado son muy crueles [...] No sé qué será de mi vida [...] los médicos no pueden hacer nada por mi médula.” Mar Pérez, abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y defensora de Elmer, agrega: “Buscamos justicia, rendición de cuentas y una mayor protección de los derechos humanos, y poner fin a la cultura de la impunidad ante la represión policial de las actividades de protesta legítimas.”

La lucha ha vuelto también a los Estados Unidos. El 2 de enero de 2014, EarthRights International (ERI), organización que representa a Elmer Campos, interpuso una acción ante la Corte Federal en la ciudad sede de Newmont, Denver, Colorado, solicitando la información que está en manos de la empresa, incluyendo evidencia fotográfica y en video, informes de seguridad de los empleados de Yanacocha, registros de comunicaciones con la policía y comunicaciones internas de la empresa, que aporten claridad sobre los hechos de aquel día y para beneficio de los procedimientos judiciales peruanos. La acción fue archivada bajo el código 28 U.S.C. § 1782 [en], ley que permite a las partes de procesos legales extranjeros obtener documentos e información de individuos y corporaciones estadounidenses.

“La represión policial a la protesta social contra las operaciones mineras es endémica en el Perú,” dijo Benjamin Hoffman, abogado del Programa Amazonía de ERI. “El problema se agrava en casos como éste, donde los agentes públicos de la policía están al servicio de la seguridad privada.”

A fines de enero, Elmer y la acción judicial de ERI atrajeron considerable atención en la prensa y los medios sociales peruanos. Esto coincidió con una ofensiva coordinada para presentar a los dirigentes locales opositores a la Minera Yanacocha de Cajamarca como beneficiarios de una “red de apoyo internacional [que] tiene el objetivo de frenar el modelo de desarrollo económico del país,” como señaló hace poco un investigador vinculado al sector minero en el periódico El Comercio. La campaña para deslegitimar a los dirigentes locales también llegó al departamento de Piura, donde Buenaventura quiere desarrollar el proyecto aurífero El Faique.

Un consenso violento

Partiendo por un fuerte precedente bajo el anterior gobierno de Alan García, la respuesta del gobierno a las protestas en Perú ha tomado la forma de una apabullante militarización. Steven Levitsky lo denomina el “consenso de Lima“: las elites limeñas son simpatizantes de un neoliberalismo ortodoxo tal que el empleo de la fuerza letal parece ser un modo legítimo de lidiar con las protestas sociales en las regiones mineras. Pese a que la administración de Ollanta Humala a veces ha buscado medios más políticos y negociadores, este consenso permanece inamovible.

Un informe publicado en diciembre de 2013 por las ONGs peruanas Grufides, Derechos Humanos Sin Fronteras, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y la Sociedad por los Pueblos Amenazados (SPA) de Suiza, reveló que las empresas mineras extranjeras han firmado acuerdos con la Policía Nacional para asegurar sus operaciones. Estos acuerdos les permiten solicitar presencia policial permanente o pedir el rápido despliegue de unidades mayores para reprimir las protestas sociales. En algunos casos, demuestra el informe, las empresas otorgan a la policía [en] apoyo financiero y logístico total.

Organizaciones internacionales de derechos humanos como el Human Rights Watch y Amnistía Internacional, entre otras, han solicitado al presidente Humala impedir el uso arbitrario de la fuerza letal por las fuerzas de seguridad en las operaciones de control masivo. Pero el gobierno peruano parece ir en la dirección opuesta, ya que el mes pasado se modificó un artículo del código penal de una manera en que críticas apuntan que permite a la policía y a los militares emplear la fuerza letal sin consecuencias. La nueva Ley 30151 [en] dice que los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se hallan “exentos de responsabilidad penal” si causaren lesiones o muerte por el uso de sus armas en el cumplimiento de su deber.

En un pronunciamiento en condena a la ley, la Defensoría del Pueblo recordó que desde mediados de 2011, han muerto 34 civiles y han sido heridos más de 949 personas en conflictos sociales, incluyendo a cinco militares y 357 policías. Un conjunto de organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, entre las que se cuenta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (IACHR) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR) también han condenado la Ley 30151.

A medida que se agota el mineral de Yanacocha, las operaciones mineras necesitan expandirse. El proyecto Conga es uno de dichos planes de expansión, tal vez el más ambicioso. La larga historia de conflictos mineros de Cajamarca sugiere que la lucha de Elmer por la justicia será larga, y con toda seguridad, la primera de muchas.
Fuente: http://es.globalvoicesonline.org/2014/03/04/peru-la-represion-policial-se-legaliza-mientras-aumentan-las-protestas-mineras/

Audio: Voz de los Movimientos No. 110

Audio: Voz de los Movimientos No. 110

(14/03/2014)

- En Colombia se desarrollará la Cumbre Nacional Agraria: Campesina, Étnica y Popular con el fin de avanzar en la construcción de su proceso de unidad.

- Brasil, en el VI Congreso del MST se destacan los desafíos a futuro y la importancia de la formación.

- Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo - CLOC: articulación continental de 20 años de lucha social.


- En Colombia se celebraron 43 años de lucha, resistencia y permanecía del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC.

Ud. puede descargar este programa o escucharlo en línea en:
http://radioteca.net/audio/voz-de-los-movimientos-no-110/


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Se invita a las radioemisoras a reproducirlo todo o en parte en su programación, mencionando la fuente. Agradecemos informarnos (a pasalavoz@movimientos.org) si lo retransmite en su radioemisora.

"Voz de los Movimientos" es una producción de la Minga Informativa de Movimientos Sociales, que congrega a una decena de redes y coordinaciones sociales de América Latina y el Caribe. http://www.movimientos.org

Puede oír o descargar también los programas anteriores: http://radioteca.net/userprofile/minga-informativa-de-los-movimientos-sociales/

La caza al colectivo homosexual en África

Mientras que 38 países del continente todavía penalizan las relaciones entre miembros del mismo sexo, activistas de Uganda exigen la anulación de la ley «anti-gay», que contempla penas de hasta cadena perpetua

Con un hilo de voz, Dennis Wamala reconoce tener miedo. Terror a, simplemente, ser como es. «En los últimos meses se están produciendo numerosos arrestos, la situación es muy complicada», asegura a ABC este ugandés que dirige IceBreakers, una asociación en defensa de los derechos de los homosexuales.

Su cruzada es capital: el pasado mes de febrero, el presidente ugandés, Yoweri Museveni, aprobaba una ley que contempla penas de hasta cadena perpetua a los homosexuales practicantes. 

«Tenemos que proteger a los niños de la actual promoción que por parte de los medios de comunicación se hace de la homosexualidad, así como detener la financiación de los lobbies occidentales», asevera a este diario el diputado David Bahati, promotor de la ley. Para el parlamentario, es «necesario criminalizar unas prácticas antinaturales que tan solo corrompen a la sociedad». Esta semana, no obstante, una asociación de activistas -la Coalición de la Sociedad Civil de Derechos Humanos y Derecho Constitucional, que representa a cerca de 50 grupos-, presentó una petición para que la ley sea anulada.

En 2009, el propio Bahati, miembro del gobernante National Resistance Movement (Movimiento de Resistencia Nacional), había planteado una propuesta de ley para casos de «homosexualidad agravante» en la que pedía la pena de muerte. Finalmente fue «reducida» a cadena perpetua.

Solo un año después, en octubre de 2010, el semanario ugandés Rolling Stone -nada que ver con la publicación estadounidense- publicaba una lista de los 100 homosexuales a los que era «preciso colgar». Entre ellos se encontraba David Kato, un activista por la defensa de las minorías sexuales, quien sería asesinado. 

«En los últimos tiempos, numerosos miembros del colectivo homosexual, así como sus familiares, han recibido amenazas de muerte, ante el pasotismo absoluto del Gobierno. De igual modo, se insta a la mayoría de ellos a que abandonen los negocios que regentan y se pide a los propietarios de los comercios locales que les niegan la venta de productos básicos», denunciaba recientemente a este periodista Julian Onziema, activista ugandés y compañero de organización de Kato.

Los intereses ocultos

La historia tiene, eso sí, numerosas implicaciones. En 2012, una investigación realizada por el «think tank» Political Research Associates denunciaba cómo grupos evangélicos se han embarcado en el continente africano en una campaña encaminada a fomentar ataques contra el colectivo homosexual.

Para Kapya Kaoma, sacerdote autor del informe, estas organizaciones (entre ellas, el American Center for Law and Justice y Family Watch International) pretenden fomentar la idea de que las relaciones entre miembros del mismo sexo no son intrínsecas a la cultura africana, sino que han sido impuestas por Occidente.

Y la falacia parece contagiarse. Recientemente, el presidente de Gambia, Yahya Jammeh, acusaba al colectivo gay de ser «alimañas» y aseguraba que su Gobierno se enfrentará a ellos de la misma manera que combate a los mosquitos de la malaria.

De igual modo, el mandatario (quien entre otras lindezas también asegura que puede curar el Sida) aseveró que su país «no aceptará ninguna amistad, ayuda o cualquier otro gesto (de otros Estados) que esté condicionado a que aceptemos a los homosexuales o la comunidad LGTB, tal y como los han bautizado los poderes que les promueven (…) Por lo que a mí respecta, LGTB significa lepra, gonorrea, bacterias y tuberculosis».

Tendencia regional

Según datos de la organización Amnistía Internacional, en la actualidad, 38 países del continente africano cuentan con leyes que penalizan las relaciones entre miembros del mismo sexo. De los cinco años de pena de cárcel en Senegal, a cuatro Estados -las 12 regiones musulmanas del norte de Nigeria, Somalia (excluyendo la zona de Somaliland), Mauritania y Sudán-, donde incluso se transita bajo pena de muerte.

Mientras, otros, pretenden endurecer su Código Penal. En enero, el presidente de Nigeria, Goodluck Jonathan, refrendaba una ley aprobada por el Parlamento en mayo, por la que las relaciones entre personas del mismo sexo serán castigadas con hasta 14 años de cárcel.
Al otro lado del continente, sus vecinos tampoco le andan a la zaga. En noviembre de 2010, el exprimer ministro de Kenia, Raila Odinga, ordenaba el arresto de todas las parejas homosexuales, ya que su comportamiento resultaba a todos visos «antinatural»

A su vez, Odinga («rebautizado» un año antes por el pastor evangélico David Owuor de la National Repentance and Holiness Ministry) reconocía que el reciente censo realizado en el país demostraba que la población está perfectamente dividida en hombres y mujeres, por lo que «no hay necesidad de este colectivo». No en vano, según establece el Código Penal del país africano (artículos del 162 al 165), las prácticas amatorias con el mismo sexo pueden ser castigadas hasta con 14 años de cárcel.

«No entiendo la actual persecución», asegura el ugandés Dennis Wamala. «En el caso de Uganda, la motivación es religiosa. En Nigeria, política. No hay ninguno sentido o nexo común en las medidas tomadas por estos estos países», añade.

Entretanto, Wamala continuará viviendo entre miedos y temores. Su vida depende de ello.




África: La pesadilla persistente de la mutilación femenina

La costumbre se remonta a miles de años, sin embargo, los líderes de los países donde se practica aún no se ponen de acuerdo sobre si deben abandonarla.

La pesadilla persistente de la mutilación femenina. Adolescentes asisten a una reunión cofundada por Unicef después de clases en la escuela primaria Sheik Nuur, en Somalilandia, el 16 de febrero de este año. Uno de los temas de discusión fue la mutilación genital femenina.

Adolescentes asisten a una reunión cofundada por Unicef después de clases en la escuela primaria Sheik Nuur, en Somalilandia, el 16 de febrero de este año. Uno de los temas de discusión fue la mutilación genital femenina.

Foto: AP.

Estudiantes miembros de un club que se reúne después de las clases escolares en Somalilandia —país independiente de facto no reconocido, al noroeste de Somalia— y que recibe ayuda del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Uncef, por sus siglas en inglés), analizan cuestiones como el trabajo infantil, el matrimonio prematuro y la mutilación
genital femenina.

Los treinta adolescentes somalíes de ambos sexos coincidieron en que la mutilación de los genitales femeninos es perjudicial y que la práctica debe abandonarse. Pero lo que realmente quisieron decir, según revelaron poco después, es que a las niñas se les deben cortar los genitales y no solamente cosérselos.

"Es nuestra tradición y si las niñas no se someten a la suna (el corte) no serán aceptadas en matrimonio", afirmó Asthma Ibrahim Jabril, de 17 años.

Unicef desarrolla una campaña delicada para educar a las comunidades en Somalilandia —que no ha experimentado tantas convulsiones como el resto de la atribulada nación— sobre los peligros de la mutilación genital y conseguir que los líderes, que se reunirán este mes para debatir la práctica, la rechacen.

Los defensores de los derechos de la infancia en casi 30 países están luchan para reducir el número de niñas sometidas al corte de sus genitales, una práctica que se remonta miles de años atrás y que los somalíes suelen vincular a los preceptos islámicos.

Las 15 niñas que se sentaron frente a los varones en la escuela primaria Jeque Nuur se han sometido a la suna, la remoción del clítoris y los labios menores. Todas dijeron que era lo correcto.

La mutilación genital femenina se da en varias formas. La otra que conocen las adolescentes somalíes consiste en coser la vagina hasta el matrimonio. En este caso todos estuvieron en contra.

"Quiero que sea erradicada. Es una antigua tradición", dijo Ikram Ismail, de 18 años. "Cuando mi madre era joven nadie podía hablar sobre eso públicamente, pero ahora la gente comprende que causa mucho daño y es por eso que lo discutimos".

La mutilación genital femenina puede causar hemorragia severa y problemas urinarios; quistes, infecciones, infertilidad y complicaciones en el parto; incluso un mayor riesgo de mortalidad fetal. Más de 125 millones de niñas y mujeres han sido mutiladas en 29 naciones africanas y del Oriente Medio, según la Organización Mundial de la Salud.

En Somalia, la expectativa de que las niñas se sometan a la mutilación genital se relaciona con el sexo y el matrimonio. Los hombres esperan casarse con una virgen. Si la muchacha no se ha sometido a la mutilación genital, se le considera impura.

El mes pasado, unos 60 líderes religiosos y cívicos en la capital de Somalilandia asistieron a un seminario y debate sobre la mutilación genital.

El jeque Jalil Abdulai Ahmed, el ministro de asuntos religiosos, les informó que la mutilación genital femenina puede provocar dolor, problemas mentales y la muerte. Amina Mohamed Jirde, esposa del presidente de Somalilandia, les rogó pusieran fin a esa práctica.

Al término del seminario, los líderes religiosos dijeron que no se pusieron de acuerdo en abandonar la mutilación genital de las niñas y por lo tanto seguirá en pie.

Mujer originaria de la etnia Tarahumara gana el medio maratón de Oxxo

Mujer originaria de la etnia Tarahumara, que gano el medio maratón de Oxxo batiendo todos los récords, sin apoyo de instituciones ni auspiciadores, sin traje de lycra, ni botellitas de agua, visera de neopreno o tennis Nike.
 
 
Mujer originaria de la etnia Tarahumara, que gano el medio maratón de Oxxo batiendo todos los récords, sin apoyo de instituciones ni auspiciadores, sin traje de licra, ni botellitas de agua, vicera de neopreno o tennis Nike.

Y aunque nadie apostaba nada por ella, solo había dos cosas en su corazón: la decisión firme de ganar sin importar todas las adversidades en contra, y la dignidad de nuestra raza, raza de cobre, por decirlo metafóricamente para distinguir a esa marea de pueblos que habitan el corazón de la América autóctona y salvaje, en palabras del poeta Chocano, esa raza milenaria que soporta cinco siglos de invisibilidad, injusticia y oprobio, de entre su seno, emergen mujeres como esta, para demostrar con humildad, la dignidad y heroísmo de nuestro pueblo.
 
 
 

México: Benjamín Robles e Indigenistas presentan iniciativa para preservar derecho indígena




México, D.F.- A fin de colaborar intrínsecamente por el reconocimiento y salvaguarda de los derechos de los pueblos originarios, el senador oaxaqueño Benjamín Robles Montoya, en conjunto con el movimiento indígena e instituciones sociológicas del Estado de Oaxaca, presentó una iniciativa para que en las elaboración de las leyes secundarias de la reforma política se respeten los sistemas normativos internos de las comunidades indígenas.

Ante el pleno senatorial, el legislador expuso:

“La presente iniciativa representa un proyecto de reforma progresista que demuestra voluntad y visión de Estado; y entendemos que se requiere una profunda reingeniería electoral, pero a la par de convivir con los distintos sistemas políticos originarios que dan vida a la pluralidad del Estado Mexicano”.

“De ahí la necesidad imperiosa de sentar las bases, en las próximas reformas a leyes secundarias, de dejar plasmado la sociopolítica y pluriculturalidad que tiene nuestro país, al tiempo de garantizar y salvaguardar el derecho a la autodeterminación establecido en el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

Reconoció que la reforma política-electoral -publicada el pasado 10 de febrero de 2014, aún con sus bemoles y limitaciones- representa un esfuerzo inusitado al engranaje político-social de consecuencias trascendentales.

Pero comentó que la redacción de una futura legislación en materia electoral tendrá como eje principal homogenizar las reglas de organización y operación de los procesos electorales a través de la profesionalización de su personal y de la sistematización de los procesos y procedimientos; siendo cada entidad federativa quien determine, en pleno respeto a su libertad y soberanía, el número de distritos electorales y municipios, así como su cartografía y la composición de su congreso local y ayuntamientos.

“Pero es justamente esta premisa, compañeras senadoras, compañeros senadores que me obliga a acudir a la tribuna para señalar que no se puede se puede tratar a los 2 mil 454 municipios de México bajo reglas federales ‘iguales’. No es legal ni procedimentalmente posible”, puntualizó el congresista del PRD.

Y es que, dijo que la democracia en las localidades se vive de distinta manera que a nivel federal, pero en Oaxaca, la situación es tan particular porque concentra el 24% de la totalidad de ayuntamientos del país. Y de los 570 municipios que hay, sólo 153 de ellos se rigen por el sistema de partidos políticos, el derecho occidental; es decir, el 74% de los municipios restantes, 417, aplican la elección de sus autoridades bajo los usos y costumbres, el derecho consuetudinario.

“Este sistema propio y ancestral no sólo es de Oaxaca, aunque concentra la mayoría de ellos; en los últimos años se han gestado criterios jurisprudenciales en defensa al respeto a la autodeterminación y pluriculturalidad de los pueblos, por ejemplo: Cheran en Michoacán; Puebla, Guerrero, Chiapas y Quintana Roo”, destacó el senador Robles.

Reiteró que el motivo de la iniciativa es incidir fundamentalmente en la redacción y aprobación de la próxima legislación secundaria, definiendo el concepto, ámbito de competencia y atribuciones del Sistema Normativo Interno, salvaguardando la libre autodeterminación de los pueblos originarios reconocidos tanto en los instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la OIT Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, la Declaración Universal sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y los criterios jurisprudenciales.

“Es por ello, que conscientes de la efervescencia y animados por el deseo de colaborar intrínsecamente por el reconocimiento y salvaguarda de los derechos de los pueblos originarios de México, me he propuesto consolidar la presente propuesta de la mano con el movimiento indígena e instituciones sociológicas del Estado de Oaxaca”, asentó el representante popular.

https://www.youtube.com/watch?v=ZxcSnjF69po